LA MUJER QUE PUEDE ENVIAR A LA CÁRCEL A MAZÓN HABLA. LE QUEDA POCO.

 

 

 

 

 

 

Carlos Mazón, la tragedia de la Dana y el testimonio de Salomé Pradas: ¿justicia o espectáculo político?

 

 

 

La política valenciana se encuentra bajo una tormenta que va mucho más allá de los chaparrones meteorológicos: el relato sobre la gestión de la Dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 víctimas mortales, se ha convertido en el epicentro de un terremoto institucional, judicial y ético.

 

 

En el centro de la polémica está Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, y Salomé Pradas, su exconsellera de Emergencias, quien ha decidido romper el silencio y poner sobre la mesa las grietas de un sistema que, según su testimonio, priorizó la supervivencia política por encima de la responsabilidad y la transparencia.

 

 

 

La entrevista concedida por Pradas al programa “Salvados” de La Sexta ha agitado el debate público y jurídico. Sus declaraciones revelan la existencia de órdenes explícitas para no molestar a Mazón durante las horas más críticas de la tragedia, cuando la comarca de Utiel-Requena sufría los embates del temporal y ya se hablaba de desembalses en Forata.

 

 

 

Pradas afirma que fue el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, quien transmitió la consigna de “no molestar” al presidente, justo cuando la situación exigía liderazgo y decisiones urgentes.

 

 

El presidente, según Pradas, se encontraba en el reservado de un restaurante, ajeno a la emergencia y acompañado por la periodista Maribel Vilaplana.

 

 

 

La exconsellera desobedeció la orden, convencida de que el máximo responsable institucional debía estar informado y presente.

 

 

Su testimonio pone en cuestión no solo la gestión de la emergencia, sino la ética política de quienes tienen en sus manos la vida de miles de ciudadanos.

 

 

Pradas denuncia que Mazón no cogía el teléfono, que la alerta se lanzó tarde y que, tras la tragedia, fue cesada en una maniobra que buscaba convertirla en cabeza de turco, exonerando al presidente y al aparato político del PP valenciano.

 

 

 

La secuencia de hechos que describe Pradas es demoledora: mientras el 112 colapsaba con llamadas de auxilio y la Unidad Militar de Emergencias ya estaba desplegada, Mazón permanecía inalcanzable.

 

 

La alerta que debía avisar a la población llegó a las 8:11 de la tarde, cuando la mayoría de las víctimas ya habían fallecido.

 

 

La llamada de Pradas al móvil de Mazón fue ignorada hasta que, según la exconsellera, el presidente ya había terminado sus asuntos personales.

 

 

La versión oficial, que Mazón llevó incluso al Congreso de los Diputados, es que “llevaba el móvil en la mochila”, una excusa que ha sido calificada de “delirante” y “ofensiva” por los familiares de las víctimas y por la propia Pradas.

 

 

 

El testimonio de Salomé Pradas, imputada por homicidio imprudente, ha cambiado el foco de la responsabilidad.

 

 

Si bien reconoce errores y falta de preparación, insiste en que estuvo donde debía estar, a diferencia de Mazón, y que el aparato político intentó cargarle la culpa para proteger al presidente.

 

 

La maniobra de comunicación, según Pradas, fue orquestada desde Presidencia, obligándola a hacer declaraciones que la presentaban como ignorante y desinformada, cuando en realidad la gestión de la emergencia fue un fracaso colectivo.

 

 

El dolor de las víctimas y sus familias es el telón de fondo de este drama político.

 

 

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales del 29 de octubre ha calificado la entrevista de Pradas como una “masterclass de arte dramático”, denunciando el intento de victimización y la falta de asunción de responsabilidades por parte de los políticos implicados.

 

 

La indignación crece ante la posibilidad de que, una vez más, sean los técnicos y funcionarios quienes acaben pagando por las decisiones (o indecisiones) de quienes ocupan cargos públicos.

 

 

La gestión de la Dana no solo pone en cuestión la capacidad de respuesta de la Generalitat, sino también el modelo de gobierno impuesto por Mazón y Vox, que desmanteló la unidad de emergencias autonómica poco antes de la tragedia.

 

 

Las explicaciones posteriores han sido un cúmulo de excusas, medias verdades y acusaciones cruzadas, en las que incluso se ha culpado al cambio climático, a los inmigrantes y al Pacto Verde Europeo, desviando el foco de la responsabilidad política.

 

 

La protección de Mazón por parte del PP nacional y la reticencia a exigirle responsabilidades reales han generado una sensación de impunidad.

 

 

El hecho de que Mazón conserve su escaño en las Cortes Valencianas, aforado y blindado frente a la justicia ordinaria, es visto por muchos como una burla a las víctimas y a la ciudadanía.

 

 

La presión social y mediática exige que Mazón comparezca ante la jueza de Catarrocha y responda por su gestión, lejos de los discursos autocomplacientes y las maniobras de supervivencia política.

 

 

La entrevista de Pradas también pone de manifiesto la falta de preparación y conocimiento de los responsables políticos, elegidos por criterios de lealtad y mediocridad más que por capacidad técnica.

 

 

La consellera, que reconoce no conocer bien el territorio ni las herramientas de alerta, se presenta como víctima de una estructura que priorizó el relato y la protección del líder por encima de la gestión eficaz de la emergencia.

 

 

El caso de la Dana en Valencia es un espejo de las carencias institucionales y del deterioro de la ética política en España.

 

 

La instrumentalización de la tragedia, la falta de transparencia y la tendencia a buscar cabezas de turco en lugar de asumir responsabilidades colectivas son síntomas de una crisis profunda. La ciudadanía y las víctimas reclaman justicia, no espectáculo mediático ni supervivencia política.

 

 

El Partido Popular, por su parte, ha intentado cerrar la crisis cambiando de presidente y protegiendo a Mazón, pero la herida sigue abierta.

 

 

La exigencia de que Mazón sea repudiado por su partido y comparezca ante la justicia es un clamor que no cesa.

 

 

La memoria de las víctimas exige verdad, responsabilidad y reparación, elementos que parecen ausentes en la gestión de la crisis y en el relato oficial.

 

 

El futuro de la política valenciana y española pasa por la capacidad de aprender de los errores, de reformar los sistemas de emergencia y de garantizar que la ética y la transparencia prevalezcan sobre la supervivencia política.

 

 

 

La tragedia de la Dana no puede quedar impune ni ser utilizada como moneda de cambio en las luchas internas de los partidos.

 

 

La justicia debe prevalecer, y los responsables deben responder ante los tribunales y ante la sociedad.

 

 

En definitiva, el testimonio de Salomé Pradas ha abierto una puerta a la verdad que muchos querían mantener cerrada.

 

 

La presión judicial, social y política debe garantizar que las víctimas no sean olvidadas y que los responsables, empezando por Carlos Mazón, respondan por sus actos.

 

 

España necesita una política que mire de frente a la realidad, que asuma sus errores y que trabaje por la justicia y la dignidad de todos sus ciudadanos.