La Audiencia Nacional y la “operación salvar a Cospedal”.

 

 

 

 

La Audiencia Nacional desatendió deliberadamente documentos clave sobre Kitchen, favoreciendo que la exdirigente del PP quedara fuera del banquillo, según sostiene el PSOE.

 

 

 

 

 

 

 

 

En el entramado judicial español, pocas investigaciones han generado tanta controversia y sospechas como la pieza separada número 34 del caso Kitchen, instruida por la Audiencia Nacional.

 

Durante más de dos años, este expediente permaneció en la sombra, invisible para la opinión pública y prácticamente inactivo en términos procesales.

 

No se practicaron diligencias, no se incorporaron nuevos informes y, lo más relevante, no se permitió el acceso ni la valoración de documentos considerados clave por la propia Policía Judicial.

 

 

El resultado: una de las piezas potencialmente más explosivas del caso Kitchen quedó relegada a un limbo procesal, alimentando la tesis —sostenida por el PSOE y diversos observadores jurídicos— de que la Audiencia Nacional habría operado más como un escudo político que como un órgano de justicia.

 

 

La pieza 34 surgió con un propósito claro: examinar los audios íntegros que relacionaban a María Dolores de Cospedal, exministra y ex secretaria general del Partido Popular, con el comisario Villarejo.

 

 

Estos audios, según los investigadores, resultaban fundamentales para esclarecer la posible intervención de Cospedal en la operación contra Luis Bárcenas, extesorero del PP, y en el manejo de información reservada vinculada a la trama Kitchen.

 

 

Sin embargo, lejos de servir al esclarecimiento de los hechos, la pieza terminó convertida en un compartimento estanco, donde pruebas que podían comprometer a Cospedal, a Mariano Rajoy y al propio Partido Popular quedaron deliberadamente ocultas.

 

 

El silencio judicial que rodeó la pieza fue absoluto. Los audios completos, incorporados formalmente al procedimiento desde 2022 y verificados por la Policía Judicial, nunca fueron escuchados, ni transcritos, ni valorados por el juzgado encargado.

 

 

A pesar de que la propia Sala de la Audiencia Nacional reclamó este material en varias ocasiones, jamás lo recibió.

 

 

El juzgado, por su parte, dio por cerrada la cuestión basándose en informes anteriores, ignorando los nuevos hallazgos que podían reabrir la causa contra la exdirigente del PP.

 

 

La inactividad procesal no puede ser explicada como un simple retraso administrativo, según denuncia el PSOE en un escrito presentado recientemente.

 

 

El partido sostiene que se trata de una maniobra consciente, destinada a impedir que los hechos nuevos —recogidos en las grabaciones— volvieran a poner en el centro del proceso judicial a Cospedal y al Partido Popular.

 

 

En los audios, la exministra recibe información reservada sobre la investigación, comenta estrategias para contener los papeles de Bárcenas y, en una conversación de 2017, se compromete incluso a hablar con el Fiscal General del Estado y con el entonces ministro Luis de Guindos para aliviar la presión de Anticorrupción sobre Villarejo.

 

 

Todo ese contenido, considerado explosivo por los investigadores, quedó fuera del radar judicial.

 

 

La secuencia procesal alimenta la sospecha de una operación de contención.

 

 

En octubre de 2023, la Policía Judicial entregó un informe detallado señalando la importancia de tres grabaciones completas entre Cospedal y Villarejo.

 

 

El juzgado los incorporó formalmente al expediente, pero ahí acabó todo. No se estudiaron, no se abrieron diligencias, no se trasladaron a las partes y ni siquiera se subieron a la plataforma digital del procedimiento, donde los abogados y acusaciones tienen acceso a los materiales.

 

 

Así, durante más de dos años, la pieza 34 permaneció en un limbo procesal, blindada frente a cualquier intento de reactivación.

 

 

 

Cuando finalmente, en noviembre de 2025, se permitió un acceso limitado a los audios, la suerte ya estaba echada: la pieza principal del caso Kitchen llevaba tiempo cerrada y la Sala encargada del juicio jamás recibió el material, pese a haberlo reclamado expresamente.

 

 

La pieza 34 quedó reducida a un cajón estanco, un compartimento donde se habrían ocultado deliberadamente pruebas que afectaban a Cospedal y al Partido Popular en pleno proceso judicial.

 

 

La pregunta que surge ante esta situación es de una gravedad inusitada: ¿ha actuado la Audiencia Nacional como un órgano de justicia independiente o como un escudo político para proteger a los altos cargos del PP? La pieza 34 nació para esclarecer hechos y, según denuncia la acusación, ha terminado sirviendo para proteger a los principales responsables del partido en los años de la trama Kitchen.

 

 

 

El caso Kitchen, recordemos, es una de las investigaciones más sensibles de la última década en España.

 

 

La operación tenía como objetivo principal sustraer pruebas incriminatorias que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, guardaba sobre la financiación irregular del partido.

 

 

La trama involucró a altos mandos policiales, a Villarejo y, según los audios y documentos, a dirigentes políticos de primer nivel.

 

 

La intervención de Cospedal, según los informes policiales, fue directa y constante: presionó a la UDEF, manejó información reservada y participó en la estrategia para neutralizar el impacto de los papeles de Bárcenas.

 

 

Sin embargo, la instrucción judicial de la Audiencia Nacional ha estado marcada por la opacidad y la falta de impulso procesal.

 

 

Los autos que rechazaban nuevas diligencias repetían argumentos antiguos, ignorando los hallazgos policiales y las reclamaciones de las partes. La Sala pidió el material clave: nunca lo recibió.

 

 

El juzgado dio por cerrada la cuestión sin examinar los audios que podían comprometer a uno de los pilares del PP en los años de la Kitchen.

 

 

 

El PSOE, en su escrito, va más allá y sostiene que no hubo desorganización ni negligencia, sino una operación de contención judicial para evitar que Cospedal y el Partido Popular volvieran a quedar expuestos en una causa que podría haber tenido consecuencias políticas y penales de gran calado.

 

 

Por ello, solicita que se cite a declarar como investigados a Cospedal, a su expareja Ignacio López del Hierro y al Partido Popular como persona jurídica, además de exigir que la Audiencia Nacional levante el blindaje que ha mantenido oculta la pieza 34 durante más de dos años.

 

 

El silencio y la inactividad judicial han tenido un efecto devastador sobre la credibilidad del sistema.

 

 

La percepción de que la justicia puede ser instrumentalizada para proteger intereses políticos erosiona la confianza ciudadana y pone en cuestión la independencia de los jueces y fiscales.

 

 

En un país donde la separación de poderes es el fundamento del Estado democrático, la sospecha de que una pieza clave de una investigación se ha mantenido deliberadamente oculta para favorecer a los poderosos es, sencillamente, inaceptable.

 

 

La trayectoria de la pieza 34 no puede ser entendida como un episodio aislado.

 

 

Forma parte de un patrón más amplio de opacidad y resistencia institucional que ha caracterizado la instrucción de los grandes casos de corrupción en España.

 

 

La presión mediática, la influencia política y la falta de recursos en los juzgados han contribuido a que muchas causas terminen diluyéndose, archivadas o cerradas sin que se llegue a esclarecer la verdad ni a depurar responsabilidades.

 

 

La Audiencia Nacional, en este contexto, debería ser garante de la legalidad y la transparencia.

 

 

Sin embargo, la gestión de la pieza 34 demuestra que existen mecanismos internos capaces de bloquear el acceso a pruebas esenciales y de impedir el avance de la investigación.

 

 

La pregunta sobre si la Audiencia ha actuado como órgano de justicia o como escudo político es, por tanto, legítima y urgente.

 

 

La denuncia del PSOE y de otras partes personadas en el caso apunta a una conclusión inquietante: la justicia, en ocasiones, puede ser manipulada para proteger a los poderosos y para evitar que salgan a la luz hechos que podrían alterar el equilibrio político.

 

 

La pieza 34, nacida para esclarecer, ha acabado sirviendo para blindar a los responsables de una de las tramas más graves de la historia reciente del PP.

 

 

La respuesta institucional ante esta situación será determinante para el futuro de la justicia española.

 

 

La Audiencia Nacional tiene la oportunidad de revertir el daño causado, permitiendo el acceso pleno a los documentos, reabriendo la investigación y citando a declarar a los implicados.

 

 

Solo así podrá restaurarse la confianza en el sistema y garantizar que ningún cargo público quede fuera del alcance de la ley.

 

 

El caso Kitchen y la gestión de la pieza 34 son, en definitiva, un espejo de las debilidades y los retos que enfrenta la justicia en España.

 

 

La transparencia, la independencia y el respeto a la legalidad deben ser los principios rectores de cualquier investigación judicial, especialmente cuando están en juego la honorabilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos.

 

 

La Audiencia Nacional debe decidir si quiere ser recordada como garante de la justicia o como escudo de los poderosos. La historia, sin duda, juzgará su decisión.