SILVIA INTXAURRONDO PILLA A FEIJÓO CONTANDO BULO DE LA UME PARA TAPAR NEGLIGENCIA CRIMINAL DE MAZÓN.

 

 

 

 

 

El debate político en España atraviesa una de sus fases más delicadas de los últimos años, marcada por una acumulación de frentes abiertos que afectan tanto al Gobierno como a la principal fuerza de la oposición.

 

 

Mientras el foco mediático suele centrarse en Pedro Sánchez y en la estabilidad de su Ejecutivo, en paralelo se va configurando un escenario incómodo para el Partido Popular, que ve cómo antiguos y nuevos casos de corrupción regresan al primer plano judicial justo cuando intenta presentarse como alternativa de Estado.

 

 

En los próximos meses, varios procesos judiciales empezarán a desfilar por los tribunales y lo harán con nombres que no son ajenos a la memoria colectiva.

 

El llamado caso Montoro, que afecta al exministro de Hacienda, entra en una fase decisiva.

 

A ello se suma el caso Koldo, a punto de ser juzgado, y otros procedimientos que, aunque de naturaleza distinta, comparten un denominador común: erosionan la credibilidad de quienes aspiran a liderar una regeneración política desde la oposición.

 

 

Este contexto explica la enorme dificultad del Partido Popular para construir un relato sólido contra el PSOE.

 

Resulta complicado erigirse como adalid de la ética pública cuando los mismos reproches que se lanzan al Gobierno encuentran reflejo en la propia trayectoria del partido.

 

La corrupción no es un argumento abstracto: tiene nombres, sumarios, jueces y fechas. Y todo eso vuelve a emerger en un momento especialmente sensible.

 

 

A esta fragilidad se suma una crisis de identidad política. El PP ha perdido parte de su perfil tradicional como partido conservador de Estado tras los pactos con Vox en distintas instituciones.

 

Esa estrategia, lejos de reforzar su base electoral, ha provocado una fuga significativa de votantes.

 

Desde 2023, el Partido Popular ha perdido entre uno y 1,2 millones de votos en favor de Vox, un dato que revela una fragmentación profunda del electorado de derechas.

 

Las encuestas reflejan además un deterioro claro del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.

 

En apenas un año, su figura se ha debilitado hasta el punto de que una parte significativa de los votantes conservadores preferiría ver a Santiago Abascal como presidente del Gobierno.

 

Este dato no solo afecta a Feijóo como líder, sino que pone en cuestión la capacidad del PP para aglutinar un proyecto político mayoritario.

 

 

En medio de esta debilidad estructural, el caso de la DANA en la Comunidad Valenciana ha añadido un nuevo elemento de desgaste.

 

La gestión de la emergencia, las decisiones adoptadas en las primeras horas y, sobre todo, la polémica en torno al despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han derivado en una tormenta política y judicial de gran intensidad.

 

Uno de los puntos más controvertidos es la conversación por WhatsApp entre Feijóo y Carlos Mazón el día de la DANA.

 

El líder del PP ha entregado a la jueza los mensajes que, según él, recibió del presidente valenciano, asegurando que no ha borrado ninguno.

 

Sin embargo, no ha aportado los mensajes que él mismo envió. Esta omisión ha levantado sospechas tanto en la oposición como en las asociaciones de víctimas, que exigen la entrega íntegra de la conversación.

 

 

La presión aumenta a medida que se acerca la fecha clave: el 9 de enero, cuando Carlos Mazón declarará ante los juzgados de Catarroja.

 

De momento, ha solicitado hacerlo por videoconferencia desde la sede del PP en Madrid, una petición que ha generado rechazo entre las víctimas, que consideran que debería comparecer de manera presencial por respeto a quienes sufrieron las consecuencias de la catástrofe.

 

 

Los mensajes ya conocidos confirman un dato crucial: la UME se movilizó en un primer momento, algo que tanto Mazón como Feijóo negaron públicamente durante semanas.

 

Este punto es central, porque en situaciones de emergencia la anticipación es determinante. Cada minuto cuenta.

 

Y en el caso de la DANA, la tardanza en activar todos los recursos disponibles tuvo consecuencias dramáticas.

 

La delegada del Gobierno tuvo que insistir varias veces para que la Generalitat solicitara oficialmente la intervención de la UME en Utiel. La petición formal se realizó alrededor de las tres de la tarde, cuando la situación ya era crítica.

 

Aunque la UME se había prealertado previamente y actuó con la máxima profesionalidad, cuando llegó a algunas zonas gran parte de las personas ya no pudieron ser rescatadas.

 

 

A pesar de ello, Mazón llegó a afirmar públicamente que la UME había sido prealertada a las ocho y media de la tarde, un dato que, de confirmarse, evidencia una reacción extremadamente tardía.

 

Los protocolos son claros: el Ejército no puede desplegarse en una comunidad autónoma sin la solicitud expresa de las autoridades autonómicas.

 

Este marco legal, fruto de un Estado democrático descentralizado, deja poco margen a la improvisación.

 

La controversia se agrava por la previsión casi segura de que la jueza solicite la totalidad de los mensajes entre Feijóo y Mazón.

 

Haber entregado solo una parte del intercambio puede convertirse en un error estratégico.

 

Si se pide el chat completo, no bastará con mostrar lo recibido; será necesario aportar también lo enviado.

 

Y ahí se abre un interrogante que inquieta al PP: qué revelan esos mensajes y si confirman una estrategia de relato destinada a erosionar al Gobierno central ocultando errores propios.

 

 

Desde el Ejecutivo, la reacción ha sido especialmente contundente, sobre todo por parte de la ministra de Defensa.

 

Su intervención ha marcado un punto de inflexión. Acostumbrada a un perfil institucional y poco dado al enfrentamiento político directo, la ministra ha exigido disculpas públicas a Feijóo y a Mazón por haber faltado a la verdad y por cuestionar la actuación de la UME y de las Fuerzas Armadas.

 

 

Según ha denunciado, desde el principio se ha construido una narrativa basada en la desinformación, negando hechos que estaban documentados con imágenes, informes oficiales y actas.

 

La pregunta que plantea es demoledora: ¿por qué ha sido necesario que aparezca un mensaje privado para frenar una campaña de desinformación cuando la realidad estaba acreditada desde el primer momento?

 

 

La ministra ha subrayado el impacto humano de estas mentiras. Militares de la UME pusieron en riesgo sus vidas mientras sus propias familias sufrían al ver cómo se cuestionaba públicamente su presencia en el terreno.

 

Más de 39.000 militares participaron en las labores de emergencia y reconstrucción, incluidos 3.000 efectivos de la UME, junto al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

 

 

La gravedad del asunto no se limita a una disputa partidista. Poner en duda la actuación del Ejército en una emergencia es, según Defensa, una línea roja. Especialmente cuando se hace para tapar la ineficacia de una administración autonómica.

 

La ministra ha sido clara: quien miente en una situación así y desacredita a las Fuerzas Armadas debe preguntarse si tiene legitimidad para aspirar a gobernar un país en momentos críticos.

 

 

El papel de la UME, que acaba de cumplir 20 años, vuelve a situarse en el centro del reconocimiento social.

 

Cerca de 800 misiones completadas, desde incendios hasta inundaciones y terremotos, han convertido a esta unidad en uno de los pilares de la respuesta del Estado ante catástrofes.

 

Su despliegue genera tranquilidad entre la población, incluso en situaciones en las que su intervención no sería estrictamente necesaria.

 

 

El debate sobre si los 3.500 efectivos de la UME son suficientes se responde desde Defensa con una visión más amplia: la UME no actúa sola.

 

Cuenta con el respaldo de todos los recursos de las Fuerzas Armadas. Aviones, barcos, infantería de marina y unidades especializadas se activan cuando la magnitud de la emergencia lo requiere. Lo esencial no es solo el número, sino la altísima cualificación del personal.

 

 

Todo este episodio deja una enseñanza incómoda para el sistema político español.

 

La desinformación ya no es un fenómeno marginal ni exclusivo de las redes sociales.

 

Forma parte de estrategias conscientes que buscan moldear el relato público incluso en contextos tan sensibles como una catástrofe natural. Y eso tiene consecuencias profundas para la confianza ciudadana.

 

 

En un momento en el que España se enfrenta a desafíos estructurales —climáticos, sociales y políticos—, la instrumentalización del dolor y de las emergencias erosiona algo más que la reputación de un partido.

 

Daña la credibilidad de las instituciones y debilita los consensos básicos que sostienen una democracia.

 

 

El Partido Popular, que aspira a presentarse como partido de Estado, se encuentra ante una encrucijada.

 

Los casos judiciales que se avecinan, la pérdida de liderazgo, la presión de Vox y ahora la polémica de la DANA configuran un escenario complejo.

 

La pregunta ya no es solo si puede ganar unas elecciones, sino si es capaz de ofrecer una alternativa creíble, coherente y honesta en un contexto de máxima exigencia social.

 

Mientras tanto, la sociedad observa con una mezcla de cansancio y escepticismo.

 

Porque más allá de las siglas y de los relatos cruzados, lo que queda son las víctimas, los hechos y la necesidad de verdad.

 

En política, como en las emergencias, llegar tarde o mentir tiene un coste. Y ese coste, tarde o temprano, siempre acaba pasando factura.