ÚLTIMA HORA: El Supremo abre procedimiento de expulsión contra García Ortiz.

 

 

 

 

 

 

El Tribunal Supremo da el primer paso para la expulsión de Álvaro García Ortiz: la crisis de la Fiscalía y sus implicaciones políticas.

 

 

 

La noticia ha sacudido el panorama judicial y político español: el Tribunal Supremo ha dado el primer paso formal para la expulsión de Álvaro García Ortiz de la carrera fiscal, tras la condena firme por un delito de revelación de secretos.

 

 

 

El exfiscal general del Estado, nombrado por Pedro Sánchez, se encuentra ahora en el epicentro de una tormenta institucional que no solo pone en tela de juicio la independencia de la Fiscalía, sino que también reaviva el debate sobre la relación entre poder judicial y ejecutivo en España.

 

 

 

La sentencia, dictada el 9 de diciembre de 2025, es clara y contundente. García Ortiz ha sido considerado responsable penalmente de haber filtrado datos reservados relacionados con el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en un episodio que desde el principio estuvo cargado de connotaciones políticas y mediáticas.

 

 

El Alto Tribunal le impone una multa de 7.200 euros y, lo más relevante, una inhabilitación especial para ejercer el cargo de fiscal general del Estado durante dos años, además de la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales.

 

 

 

Este primer paso judicial implica la remisión de la sentencia a la inspección fiscal de la Fiscalía General del Estado, órgano encargado de iniciar el correspondiente expediente disciplinario que podría desembocar en la expulsión definitiva de García Ortiz de la carrera fiscal.

 

 

El proceso, aunque administrativo, está marcado por la presión política y la expectación mediática, pues el desenlace tendrá profundas repercusiones en la credibilidad de las instituciones y en el futuro de la Fiscalía.

 

 

 

La composición de la sala segunda del Tribunal Supremo, con magistrados de reconocido prestigio como Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta y Ana María Ferrer, refuerza el peso de la decisión.

 

 

 

La resolución, registrada bajo el número 2/2025, ordena la ejecución inmediata de la sentencia, la anotación de las penas en el registro central de penados y rebeldes, y el pago de las indemnizaciones y multas en el plazo estipulado.

 

 

Además, se concede a García Ortiz diez días para presentar alegaciones sobre los pronunciamientos judiciales, un trámite que difícilmente podrá revertir el curso de los acontecimientos.

 

 

Más allá de los aspectos jurídicos, la situación de García Ortiz expone una batalla de fondo entre el poder judicial y el ejecutivo.

 

 

Desde su nombramiento, el exfiscal general ha sido objeto de críticas por su supuesta cercanía al gobierno de Pedro Sánchez y por decisiones que, según la oposición y parte de la judicatura, han favorecido los intereses del ejecutivo socialista.

 

 

La condena por revelación de secretos, en un contexto de alta polarización política, ha sido interpretada por muchos como la confirmación de la necesidad de reforzar la independencia de la Fiscalía y de garantizar la transparencia en la gestión de los asuntos públicos.

 

 

 

La llegada de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado añade un elemento de incertidumbre al proceso.

 

 

Peramato, considerada afín al gobierno de Sánchez, tendrá que decidir si impulsa el expediente de expulsión o si, por el contrario, opta por una interpretación más laxa de la sentencia.

 

 

La última palabra, en cualquier caso, corresponde al ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo que alimenta las sospechas de que la decisión final estará marcada por consideraciones políticas más que por criterios estrictamente jurídicos.

 

 

 

La reacción de la opinión pública no se ha hecho esperar.

 

 

En las redes sociales, en los medios de comunicación y en los foros jurídicos, la condena de García Ortiz ha sido objeto de análisis y debate.

 

 

Para muchos, se trata de un ejemplo de cómo la politización de la Fiscalía puede acabar minando la confianza de los ciudadanos en la justicia.

 

 

Para otros, la sentencia es una muestra de que las instituciones funcionan y de que nadie está por encima de la ley, independientemente de su cargo o de su filiación política.

 

 

El caso de García Ortiz se suma a una serie de episodios recientes que han puesto en cuestión la relación entre la Fiscalía y el gobierno.

 

 

Las investigaciones sobre corrupción, la gestión de casos sensibles y la presión mediática han convertido a la Fiscalía en uno de los focos más delicados del sistema institucional español.

 

 

La condena del exfiscal general, lejos de ser un hecho aislado, es el síntoma de una crisis más profunda que afecta a la arquitectura del Estado y a la percepción ciudadana sobre la imparcialidad de la justicia.

 

 

 

El Tribunal Supremo, con su decisión, lanza un mensaje inequívoco: la revelación de secretos por parte de un alto funcionario no solo es un delito, sino que debe ser sancionado con la máxima severidad, incluso si ello implica la expulsión de la carrera fiscal.

 

 

La ejecución de la sentencia, la comunicación a la inspección fiscal y el inicio del expediente disciplinario son pasos que marcan el rumbo de un proceso que, salvo sorpresas, acabará con la salida de García Ortiz del Ministerio Público.

 

 

 

El papel del gobierno en este escenario es crucial. La posibilidad de que el ejecutivo tenga la última palabra sobre la expulsión del exfiscal general alimenta el debate sobre la separación de poderes y sobre la necesidad de blindar las instituciones frente a la interferencia política.

 

 

La experiencia reciente demuestra que la percepción de independencia es tan importante como la independencia real, y que cualquier sombra de duda puede tener consecuencias devastadoras para la confianza ciudadana.

 

 

 

La crisis de la Fiscalía, en definitiva, es el reflejo de una España en la que las instituciones atraviesan un momento de profunda transformación.

 

 

La polarización política, la presión mediática y la judicialización de la vida pública han convertido cada decisión en un campo de batalla donde se juega no solo el destino de los protagonistas, sino también el futuro del sistema democrático.

 

 

La expulsión de García Ortiz, si finalmente se produce, será un hito en la historia reciente de la justicia española y marcará un antes y un después en la relación entre el Ministerio Público y el poder político.

 

 

 

En este contexto, el reto es recuperar la confianza de los ciudadanos, garantizar la transparencia y la independencia de las instituciones y promover una cultura de responsabilidad en el ejercicio de los cargos públicos.

 

 

 

La noticia del Tribunal Supremo es, sin duda, el primer paso en un camino que será largo y complejo, pero que puede abrir la puerta a una regeneración institucional que España necesita con urgencia.

 

 

Los próximos meses serán decisivos, y la capacidad de los actores políticos y judiciales para actuar con rigor y responsabilidad determinará el rumbo de una democracia que, pese a las dificultades, sigue siendo fuerte y capaz de afrontar los desafíos del presente.