IGNACIO ESCOLAR HACE TEMBLAR GÉNOVA “FEIJÓO QUIERE RECORTAR PENSIONES PARA PAGAR LA FIESTA DE TRUMP”.

 

La escena política internacional vive uno de esos momentos que, vistos con perspectiva, marcan un antes y un después.

 

No por una sola decisión, sino por la suma de gestos, silencios y contradicciones que se acumulan casi sin que el debate público tenga tiempo de digerirlos.

 

La captura de Nicolás Maduro por una operación impulsada desde Estados Unidos, la amenaza abierta sobre Groenlandia, la guerra de Ucrania aún sin resolver y la posición ambigua —cuando no directamente sumisa— de parte de la derecha europea han colocado a España y a la Unión Europea ante un espejo incómodo.

 

 

En ese contexto, la política española ha reaccionado como si todo esto fuera un ruido de fondo.

 

Un decorado lejano que puede ignorarse mientras el foco se mantiene en la confrontación interna. Pero el problema es que el mundo no espera a que España resuelva sus batallas partidistas.

 

Y lo que está en juego ya no es una cuestión ideológica abstracta, sino el propio sentido del orden internacional que ha garantizado, con todas sus imperfecciones, décadas de estabilidad relativa en Europa.

 

La operación contra Maduro ha sido presentada por algunos líderes conservadores como un triunfo moral.

 

Isabel Díaz Ayuso no tardó en celebrar públicamente la captura, describiendo al mandatario venezolano como un dictador responsable de asesinatos, torturas, hambre y éxodo.

 

Su mensaje conectó con una parte de la opinión pública que lleva años denunciando, con razón, el carácter autoritario del chavismo.

 

Pero el aplauso inmediato ocultó una cuestión clave: ¿todo vale cuando el objetivo es un dictador? ¿Se puede defender la democracia pisoteando el derecho internacional?

 

La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se rescatan las palabras que la propia Ayuso escribió hace una década, cuando defendía abiertamente al régimen de Chávez y a figuras como Diosdado Cabello frente a investigaciones estadounidenses por narcotráfico.

 

Aquellos tuits, contextualizados por informaciones de medios como El País sobre las pesquisas de fiscales de Nueva York y Miami, muestran hasta qué punto el discurso político puede mutar sin asumir responsabilidades.

 

No se trata de exigir coherencia eterna, sino de explicar los giros. Y, sobre todo, de no presentar como principios lo que en realidad son posiciones tácticas.

 

Óscar Puente ironizó sobre esa contradicción con un escueto “eran otros tiempos”, pero el debate va mucho más allá de una hemeroteca incómoda.

 

La cuestión central es si España, y Europa en general, están dispuestas a aceptar un mundo donde la fuerza sustituye a las reglas cuando conviene a los poderosos.

 

Porque hoy es Venezuela, un país debilitado y aislado. Mañana puede ser Groenlandia, territorio europeo cuya soberanía Trump ha cuestionado sin rubor.

 

Las palabras del expresidente estadounidense no han sido una boutade. En declaraciones reiteradas, incluso a bordo del Air Force One, Trump ha insistido en que Estados Unidos “necesita Groenlandia”.

 

No lo dice como una metáfora. Lo plantea como una opción real, ya sea mediante compra, presión económica o incluso intervención.

 

Y lo hace después de comprobar que el secuestro de un presidente extranjero no ha provocado una respuesta contundente de la comunidad internacional.

 

Aquí es donde entra el silencio incómodo del Partido Popular europeo y, en particular, del PP español.

 

Alberto Núñez Feijóo ha preferido centrar su crítica en la ausencia de Pedro Sánchez en la Pascua Militar, reprochándole acudir a una cumbre internacional sobre Ucrania en lugar de asistir al acto castrense en Madrid.

 

El mensaje es claro: mejor el gesto simbólico que la presencia en un foro donde se discute el futuro de la seguridad europea.

 

Sarah Santaolalla desmontó esa crítica aportando el contexto que muchos parecen querer ignorar: Estados Unidos bombardeando, Europa amenazada, un presidente secuestrado y el líder de la oposición española cuestionando que el jefe del Ejecutivo esté reunido con otros 35 países para abordar la crisis ucraniana.

 

No es una exageración retórica. Es la descripción de una desconexión alarmante entre la política doméstica y la realidad global.

 

José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores del PP, fue aún más lejos en su análisis. En TVE habló sin rodeos de la “quiebra definitiva del orden internacional” surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

 

Señaló 2014, con la invasión rusa de Ucrania, como un punto de inflexión, pero subrayó que la intervención de Trump en Venezuela ha sido “el último clavo del ataúd”.

 

Sus palabras no encajan con la línea oficial de su partido, pero reflejan una preocupación compartida por muchos diplomáticos y analistas.

 

Margallo también introdujo un matiz incómodo: lo ocurrido en Venezuela no ha supuesto una ruptura real del poder, sino una sucesión pactada que deja intacto el aparato represivo del Estado.

 

Una transición diseñada, según su análisis, con la colaboración de sectores del propio régimen y el aval de Washington.

 

Y lo más llamativo: la exclusión de la oposición democrática, incluida María Corina Machado, de cualquier proceso relevante. ¿De qué democracia hablamos entonces?

 

Mientras tanto, en España, el debate sigue girando en torno a la corrupción interna y a la comparecencia de José Luis Ábalos en la comisión del caso Koldo.

 

Es legítimo exigir responsabilidades, pero resulta revelador que el PP se aferre a ese tema como único eje discursivo, evitando posicionarse con claridad sobre Ucrania, Groenlandia o el aumento del gasto militar.

 

Preguntas básicas siguen sin respuesta: ¿apoya Feijóo elevar el presupuesto de defensa al 5% del PIB? ¿De dónde saldría el dinero? ¿Pensiones, recortes sociales, deuda?

 

La ambigüedad no es neutral. Beneficia al más fuerte. Y en este caso, el más fuerte es un Estados Unidos que ya no actúa como aliado, sino como potencia dispuesta a imponer su voluntad incluso sobre territorios de la OTAN.

 

Una hipotética apropiación de Groenlandia supondría, de facto, la ruptura de la Alianza Atlántica: un país miembro atacando o presionando a otro.

 

Europa, mientras tanto, parece atrapada en la diplomacia de los comunicados. Declaraciones de preocupación, llamados al diálogo, recordatorios del derecho internacional.

 

Todo eso funcionaba cuando había un árbitro dispuesto a hacer cumplir las reglas. Hoy, ese árbitro se ha convertido en jugador.

 

Y no uno cualquiera, sino el que se permite burlarse públicamente de líderes como Emmanuel Macron, imitando su voz para ridiculizar supuestas súplicas privadas.

 

Trump no quiere aliados, quiere vasallos o rivales. Y Europa, dividida en “reinos de taifas”, le ofrece el escenario perfecto.

 

Países que defienden intereses nacionales a corto plazo, incapaces de articular una respuesta común más allá de la retórica.

 

La comparación con Canadá o Brasil, que han sabido plantarse en negociaciones comerciales y obtener resultados, debería hacer reflexionar a Bruselas.

 

La dimensión económica es clave. La Unión Europea es uno de los mayores mercados del mundo.

 

Tiene herramientas para presionar, desde aranceles hasta regulación tecnológica.

 

Pero para usarlas necesita voluntad política y una voz única. Decir “no” de verdad, no con matices ni excusas.

 

Porque cada vez que Trump cruza un límite y no encuentra resistencia, avanza un paso más.

 

El caso venezolano ha sido una prueba general. Un ensayo de hasta dónde se puede llegar sin consecuencias.

 

El siguiente acto puede desarrollarse en el Ártico, con Groenlandia como objetivo estratégico por sus recursos y su posición geopolítica.

 

Y después, quién sabe. La lógica es simple: el mundo como una lucha entre fuertes y débiles. Y Europa, hoy, aparece como débil.

 

España, en este escenario, ha tenido una posición más digna que otros países al alinearse con América Latina en la condena de la violación del derecho internacional en Venezuela.

 

Reconocer que Maduro es un dictador no obliga a aplaudir su secuestro. Defender la democracia implica también defender las reglas que la sostienen. Sin ellas, solo queda la ley del más fuerte.

 

El peligro no es abstracto. Trump ha insinuado incluso su intención de influir directamente en elecciones europeas apoyando a la ultraderecha.

 

Lo hace a través de redes sociales desreguladas, campañas de desinformación y un discurso que normaliza el desprecio por la soberanía popular. Y la respuesta europea ha sido, de nuevo, tibia.

 

La pregunta que sobrevuela todo este debate es incómoda pero necesaria: ¿está Europa preparada para un mundo sin reglas? ¿Tiene un plan real para defender su territorio, su democracia y su modelo social si el principal aliado se convierte en amenaza? Los tiempos son cortos. La voluntad política, escasa. Y el reloj no se detiene.

 

 

Frente a la borrachera de poder de Trump, la tentación de mirar hacia otro lado es comprensible pero suicida.

 

La historia demuestra que los retrocesos democráticos rara vez empiezan con grandes rupturas.

 

Comienzan con excepciones justificadas, con silencios cómplices, con aplausos selectivos. Hasta que un día, cuando el golpe llega cerca, ya no quedan reglas a las que apelar.

 

Este no es un debate sobre izquierdas o derechas. Es una discusión sobre soberanía, legalidad y dignidad política.

 

Sobre si Europa quiere ser sujeto o objeto de la historia. Y sobre si España está dispuesta a exigir a su oposición algo más que ruido: una propuesta clara, valiente y responsable ante el mayor desafío geopolítico de las últimas décadas.

 

Porque el mundo ya ha cambiado. La pregunta es si nosotros vamos a reaccionar a tiempo.