“Javier Aroca DESTROZA a García Albiol Racismo en Badalona al descubierto”.

 

 

 

Desde Badalona, pero con eco en toda España, el último episodio vivido en torno al desalojo de un edificio ocupado por centenares de personas inmigrantes ha vuelto a colocar en el centro del debate político y social una pregunta incómoda: ¿dónde termina el cumplimiento estricto de la ley y dónde empieza la responsabilidad humana de las instituciones? Lo ocurrido no es un hecho aislado ni un simple conflicto municipal.

 

Es el reflejo de una crisis más profunda que mezcla inmigración, vivienda, pobreza, seguridad, discurso político y, sobre todo, dignidad.

 

Los hechos son conocidos y han sido recogidos por numerosos medios de comunicación de ámbito nacional.

 

En Badalona, un edificio ocupado por unas 300 o 400 personas fue desalojado tras una resolución judicial.

 

Hasta ahí, el procedimiento es legal. El problema surge cuando ese desalojo se ejecuta sin una alternativa habitacional suficiente y en pleno invierno, con temperaturas bajas, dejando a familias enteras —hombres, mujeres y personas que trabajan a diario— durmiendo en la calle, en tiendas de campaña improvisadas o bajo puentes.

 

La imagen de personas desalojadas a pocos días de Navidad se convirtió en un símbolo incómodo para una sociedad que se mira a sí misma y no siempre se reconoce.

 

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, defendió su actuación con un mensaje contundente: cumplir la ley no es racismo.

 

Y, en términos estrictamente jurídicos, no le falta razón. La ocupación ilegal no es un derecho y los ayuntamientos tienen la obligación de garantizar la legalidad urbanística y la seguridad.

 

Sin embargo, el debate no se quedó en la legalidad formal, sino que derivó rápidamente hacia el terreno político, moral y social.

 

Porque la ley, en España, también contempla la protección de personas vulnerables y la obligación de las administraciones de coordinarse para evitar situaciones de exclusión extrema.

 

Desde el Gobierno central y desde la Generalitat se criticó duramente la actuación municipal.

 

La ministra portavoz fue clara al afirmar que no hay nada más inhumano que lanzar el mensaje de que la inmigración irregular es bienvenida y después abandonar a esas personas a su suerte.

 

Según esta visión, el problema no es desalojar un edificio peligroso o insalubre, sino hacerlo sin un plan previo de reubicación digno y suficiente. Jueces, además, suelen avalar desalojos condicionados a la búsqueda de alternativas, algo que en este caso fue cuestionado por organizaciones sociales y humanitarias.

 

 

Uno de los elementos que más tensión generó fue el discurso público utilizado para justificar la medida. Cuando un responsable político califica a un colectivo entero como potencialmente delincuente, el efecto va mucho más allá de una declaración puntual.

 

Los expertos en convivencia y seguridad ciudadana llevan años advirtiendo de que la estigmatización genera miedo, fractura social y reacciones de rechazo vecinal que luego son muy difíciles de revertir.

 

En Badalona, tras las palabras del alcalde, se produjeron protestas de vecinos contrarios a que las personas desalojadas fueran reubicadas cerca de sus barrios. El miedo, una vez sembrado, prende rápido.

 

La paradoja es evidente. Entre las personas desalojadas había trabajadores que, incluso durmiendo en tiendas de campaña, acudían cada mañana a su puesto de trabajo.

 

Personas que contribuyen a la economía local, que sostienen sectores como la limpieza, la hostelería o la agricultura, y que, sin embargo, no pueden acceder a una vivienda por los precios desorbitados del mercado y la falta de alternativas públicas.

 

No son casos aislados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Inclusión, una parte significativa de la población inmigrante ocupada en España sufre situaciones de infravivienda o exclusión residencial severa.

 

Este episodio también ha puesto de relieve la profunda crisis de la vivienda que atraviesa el país.

 

Para los jóvenes, el problema se traduce en compartir piso hasta bien entrada la treintena.

 

Para muchas parejas separadas, en seguir conviviendo por falta de recursos.

 

Para las familias vulnerables, en listas de espera interminables para acceder a una vivienda social.

 

Y para los inmigrantes más pobres, en asentamientos precarios, naves abandonadas o directamente la calle.

 

El desalojo de Badalona no crea este problema, pero lo expone en su versión más cruda.

 

Las organizaciones humanitarias y sociales, junto con entidades de la Iglesia católica, tuvieron que intervenir de urgencia para ofrecer comida, mantas y refugio temporal.

 

La imagen de parroquias abriendo sus puertas mientras desde algunos sectores se impedía esa ayuda generó una fuerte conmoción.

 

Para muchos, resultó especialmente chocante que en fechas navideñas se cuestionara el auxilio básico a personas sin techo, apelando a una supuesta defensa del orden.

 

El contraste entre el mensaje cristiano de acoger al peregrino y la realidad vivida en las calles fue señalado incluso por voces conservadoras.

 

 

No es la primera vez que España vive situaciones similares. En zonas agrícolas como El Ejido, en Almería, o en asentamientos de temporeros en Huelva, se han documentado incendios provocados, condiciones infrahumanas y episodios de violencia extrema contra personas inmigrantes.

 

En febrero, la Policía Nacional detuvo a varios individuos por incendiar una nave agrícola con trabajadores dentro durante protestas agrarias.

 

Estos hechos, recogidos en autos judiciales y comunicados oficiales, muestran hasta qué punto el rechazo al inmigrante pobre puede derivar en conductas criminales.

 

El problema, como señalan sociólogos y expertos en migraciones, no es solo la inmigración, sino la pobreza visible.

 

Porque la pobreza molesta cuando se ve. Nadie quema las urbanizaciones de lujo donde viven extranjeros adinerados.

 

El rechazo se dirige casi siempre a quien duerme en cartones, a quien ocupa edificios abandonados, a quien no puede ocultar su precariedad.

 

En ese sentido, el discurso antiinmigración suele ser, en realidad, un discurso antipobreza.

 

Y cuando se mezcla con intereses electorales, el resultado es una peligrosa banalización del sufrimiento humano.

 

El propio argumento de “cumplir la ley” merece un análisis más profundo.

 

La legislación española en materia de servicios sociales, protección a la infancia y atención a personas vulnerables establece claramente la obligación de las administraciones de actuar de forma coordinada.

 

Ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado no pueden lavarse las manos unos a otros cuando hay cientos de personas en riesgo de exclusión.

 

El problema es que esa coordinación muchas veces falla, ya sea por falta de recursos, por enfrentamiento político o por cálculo electoral.

 

En el caso de Badalona, se ha señalado que el desalojo se ejecutó en un momento especialmente sensible y sin una planificación adecuada.

 

La pregunta que se hacen muchos ciudadanos es simple: si el edificio era peligroso, ¿por qué no se actuó antes? ¿Por qué se espera a pleno invierno? Y si se actúa, ¿por qué no se garantiza una alternativa digna desde el primer minuto? Estas preguntas no son ideológicas; son de gestión pública.

 

 

El debate también ha alcanzado a los grandes partidos nacionales. Desde el Partido Popular, se ha defendido que no se puede convertir a los ayuntamientos en albergues permanentes y que la inmigración debe ser ordenada y legal.

 

Desde el PSOE y otros grupos, se insiste en que la inmigración es necesaria para la economía española y que el verdadero fracaso es no ofrecer políticas de vivienda y acogida acordes a la realidad.

 

Incluso voces moderadas han reclamado un gran acuerdo de Estado sobre inmigración y vivienda, consciente de que ningún municipio puede resolver solo un problema estructural.

 

 

En el fondo, lo ocurrido en Badalona es un espejo incómodo. España necesita mano de obra extranjera, como reconocen empresarios, sindicatos y organismos oficiales.

 

Al mismo tiempo, no es capaz de garantizar vivienda asequible ni condiciones de acogida mínimas.

 

Y en ese vacío, algunos líderes optan por discursos duros que prometen orden inmediato, aunque el problema reaparezca unos metros más allá, bajo otro puente o en otro edificio abandonado.

 

Las personas desalojadas no desaparecen. No dejan de existir porque un edificio se vacíe.

 

Se desplazan, ocupan otros espacios o sobreviven en la calle. Y eso, lejos de mejorar la convivencia, la deteriora.

 

Los vecinos de Badalona seguirán enfrentándose a las consecuencias de una población sin hogar, sin recursos y sin alternativas.

 

La política del desalojo sin solución no resuelve nada; solo traslada el conflicto.

 

Por eso, cada vez más voces reclaman un cambio de enfoque. Cumplir la ley es imprescindible, pero cumplirla en todos sus extremos, incluida la protección de la dignidad humana.

 

No se trata de abrir fronteras sin control ni de legitimar ocupaciones ilegales, sino de asumir que la inmigración y la pobreza son realidades complejas que exigen políticas integrales.

 

Vivienda pública, coordinación institucional, recursos sociales y un discurso responsable son piezas de un mismo puzzle.

 

El caso de Badalona ha encendido un debate nacional porque toca fibras muy sensibles: el miedo, la seguridad, la identidad y la justicia social. Pero también porque obliga a elegir qué tipo de sociedad queremos ser.

 

Una que se limita a aplicar la ley sin mirar las consecuencias, o una que entiende que la ley debe servir para proteger, no para humillar.

 

La verdadera fortaleza de un Estado no se mide solo por su capacidad de desalojar, sino por su capacidad de ofrecer soluciones.

 

Hoy, más allá de siglas y votos, la pregunta sigue en el aire. ¿Está España dispuesta a afrontar de verdad la crisis de la vivienda y la inmigración, o seguirá utilizando a los más vulnerables como arma arrojadiza? En Badalona, la respuesta no llegó a tiempo para cientos de personas que pasaron la noche al raso.

 

 

Pero el debate, guste o no, ya es de todo el país. Y alguien tenía que decirlo alto y claro: la humanidad no puede quedar subordinada a la demagogia.