AYUSO NO PUEDE CONTENER LA RISA cuando DÍAZ PACHE humilla a SÁNCHEZ POR CORRUPTO Y AUDIOS DE LA UCO.

 

 

 

 

 

 

La sesión parlamentaria en la Asamblea de Madrid terminó convertida en un choque frontal de discursos, acusaciones y visiones irreconciliables del país.

 

 

Lo que en teoría debía ser una comparecencia para analizar la Conferencia de Presidentes derivó en un enfrentamiento político de alto voltaje, con Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso y la corrupción como ejes centrales de una batalla dialéctica que dejó al descubierto la profundidad de la polarización institucional en España.

 

 

Desde el inicio, el tono fue áspero. La bancada del Partido Popular, con un discurso cuidadosamente construido para desgastar al Gobierno central, dibujó un escenario de colapso institucional, mientras la izquierda trataba de desmontar lo que consideró una narrativa exagerada, manipuladora y carente de autocrítica.

 

 

La sensación en la Cámara era clara: nadie estaba allí para convencer al adversario, sino para marcar territorio ante la opinión pública.

 

 

El portavoz del PP abrió fuego cuestionando la legitimidad moral del Gobierno de Pedro Sánchez.

 

Aseguró que la indignación que la izquierda dice sentir frente a la corrupción socialista es incompatible con la presencia de ministros como Mónica García sentada, según sus palabras, “al lado del capo de la mafia” en el Consejo de Ministros.

 

La imagen buscaba ser demoledora: una izquierda que se dice indignada, pero que sigue sosteniendo al Ejecutivo.

 

La Conferencia de Presidentes fue definida como una “mentira”, una escenificación sin debate real ni voluntad de escucha.

 

Según el relato popular, lo único visible fue la figura de un presidente del Gobierno con un “futuro judicial negro”, cercado por escándalos y refugiado en el silencio.

 

Se acusó a Sánchez de vivir bunkerizado en La Moncloa, recordando que llevaba semanas sin responder preguntas, casi un año sin conceder entrevistas a medios españoles y más de un año sin acudir al Senado.

 

 

Uno de los puntos más reiterados fue la falta de transparencia.

 

El PP recordó que el Consejo de Transparencia había exigido al Gobierno que publicara los gastos de representación, viajes, comitivas y regalos recibidos por Pedro Sánchez.

 

La pregunta quedó flotando en el aire: ¿por qué el presidente se niega a detallar esos gastos? La insinuación de que haría falta otro informe de la UCO para aclararlo no pasó desapercibida.

 

En el relato popular, Sánchez no solo desprecia la Conferencia de Presidentes, sino que tampoco le importan cuestiones clave como la financiación autonómica, la política energética, la migración, el caos ferroviario o la falta de médicos.

 

Todo, según esta versión, sería una cortina de humo para ocultar su verdadero objetivo: blindarse judicialmente y perpetuarse en el poder.

 

 

La propuesta de vivienda presentada por el Gobierno fue calificada de “ambientador” para disimular el hedor de las cloacas.

 

Una iniciativa tildada de falsa, invasora de competencias autonómicas y, sobre todo, irrealizable sin presupuestos aprobados.

 

Desde la bancada popular se insistió en que gobernar sin presupuestos es una anomalía democrática y un desprecio al Congreso, que es quien debe aprobar las cuentas públicas.

 

La acusación fue más allá. El PP trazó un esquema de lo que denominó “los cuatro jinetes de la corrupción”: corrupción política, económica, moral e institucional.

 

En el plano político, se situó la amnistía, la eliminación del delito de sedición y la rebaja de penas por malversación como moneda de cambio para mantenerse en el poder.

 

En el económico, se habló de mordidas, contratos amañados y rescates empresariales.

 

En el moral, de conversaciones repugnantes, prostitución, drogas y espionaje. Y en el institucional, de un supuesto asalto a la justicia para garantizar impunidad.

 

 

La palabra “organización criminal” fue repetida con insistencia, en un intento de fijar un marco mental muy concreto en la ciudadanía.

 

Se mencionó el Parlamento Europeo y medios internacionales como supuestos testigos de la “vergüenza” que atraviesa España.

 

Incluso se citó a The Times para reforzar la idea de una degradación institucional sin precedentes.

 

El discurso culminó con una defensa cerrada de la unidad de España, rechazando cualquier modelo plurinacional o federal, negando la independencia de Cataluña y acusando al Gobierno de querer apropiarse de las instituciones.

 

El cierre fue épico y combativo, con referencias a jueces, fiscales, policías, periodistas y al propio Gobierno de la Comunidad de Madrid como dique de contención frente a lo que consideran una deriva autoritaria.

 

 

La réplica desde la izquierda no tardó en llegar. Con ironía y contundencia, se acusó al PP de mentir de forma sistemática.

 

Se recordó que la presidenta Ayuso sí había comparecido cuando se solicitó formalmente y que, en ocasiones anteriores, fue el propio PP quien bloqueó esas comparecencias.

 

La crítica se centró en la doble vara de medir y en la facilidad con la que se lanzan acusaciones sin respaldo judicial.

 

Uno de los momentos más tensos llegó cuando se cuestionó el supuesto compromiso feminista del PP.

 

Se reprochó directamente a Ayuso el comportamiento de su jefe de gabinete en redes sociales y se preguntó si le parecía moral y feminista que se insultara a mujeres socialistas desde posiciones de poder. El silencio posterior fue interpretado como una confirmación incómoda.

 

La izquierda también recordó que la única organización declarada criminal por sentencia judicial en España ha sido el Partido Popular, en referencia a los casos Gürtel y Púnica.

 

Un dato incómodo que rompió el relato de superioridad moral que el PP intentaba proyectar.

 

En una tercera intervención, el discurso volvió a girar hacia la defensa de Madrid como símbolo de libertad, apertura y cosmopolitismo.

 

El PP insistió en que la izquierda quiere “hacer Madrid pequeño”, cerrar la región al mundo y supeditarla a los intereses de Pedro Sánchez.

 

Frente a eso, se reivindicó una Comunidad de Madrid abierta, internacional y contraria a cualquier nacionalismo, incluido el que calificaron como “nacionalismo madrileño”, negando que tal concepto exista.

 

El cruce final de acusaciones personales, referencias a líderes caídos, paralelismos políticos y augurios de derrotas electorales futuras evidenció que el debate había dejado de ser institucional para convertirse en un combate político total.

 

Nadie habló ya de acuerdos, soluciones o consensos. Todo giró en torno al poder, la supervivencia política y el control del relato.

 

Lo ocurrido en la Asamblea de Madrid no fue un hecho aislado. Es el reflejo de una dinámica que se repite en parlamentos, platós y redes sociales: discursos cada vez más duros, marcos morales absolutos y una política convertida en espectáculo permanente.

 

 

En este contexto, la ciudadanía asiste a una escalada verbal donde la corrupción, real o presunta, se utiliza como arma arrojadiza mientras los problemas cotidianos siguen esperando respuestas.

 

 

Más allá del ruido, el episodio deja una certeza incómoda: la política española vive atrapada en una guerra de relatos donde cada bando se presenta como el último bastión de la democracia frente al abismo.

 

Y en medio, una sociedad cada vez más cansada, desconfiada y expuesta a un clima de confrontación que parece no tener freno.