URGENTE: DESTAPAN CHANCHULLO DE AYUSO CON SU EXMARIDO. CHUPÓPTERA SE LLEVA LA LECCIÓN DE SU VIDA.

Hay sesiones parlamentarias que pasan sin dejar huella. Y hay otras que retratan, como pocas cosas, el nivel de crispación política que atraviesa España. Lo ocurrido en el Senado esta semana pertenece claramente a la segunda categoría.

Todo empezó con una moción que, sobre el papel, buscaba condenar la violencia política y defender la convivencia democrática. Una iniciativa que, en teoría, debería concitar un consenso amplio. Pero lo que terminó emergiendo fue un cruce de acusaciones, reproches históricos, alusiones personales y una radiografía descarnada de la fractura institucional que vive el país.

Las intervenciones no dejaron indiferente a nadie. De un lado, la senadora Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinada por ETA en 1997, apeló a la memoria de los años más duros del País Vasco y comparó ciertos disturbios recientes con episodios de kale borroka. Del otro, una respuesta contundente recordó que la violencia no tiene monopolio ideológico y que la memoria histórica no puede utilizarse como arma arrojadiza.

El tono subió rápidamente.

Cuando Blanco insinuó que algunos quizá no recordaban la dureza de aquellos años, la réplica fue directa: “Claro que me acuerdo. Mucho más que usted”. La referencia a la Ley de Peligrosidad Social —una norma franquista utilizada para perseguir a homosexuales y disidentes— añadió una capa más de profundidad histórica al debate. No era solo una discusión coyuntural: era una disputa por el relato del pasado y por quién tiene legitimidad para invocarlo.

Pero el debate no se quedó en la memoria del terrorismo.

En medio de la intervención saltaron también las acusaciones sobre presuntos escándalos vinculados a la Isabel Díaz Ayuso. Se mencionaron ayudas concedidas durante la pandemia, contratos públicos y la polémica que rodea al entorno de la presidenta madrileña. Referencias que en los últimos meses han ocupado titulares en medios nacionales como eldiario.es o El País, especialmente en relación con el llamado “caso del novio de Ayuso”.

El cruce de reproches mostró cómo en la política española actual ningún tema permanece aislado. Una moción sobre violencia en universidades acaba derivando en debates sobre gestión de fondos COVID, libertad de prensa, pactos parlamentarios o incluso el papel del ministro del Interior.

En el centro de la discusión estuvo también la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Vivienda. Desde el entorno de la Comunidad de Madrid se defendió que el alto tribunal había declarado inconstitucionales varios preceptos, confirmando parcialmente los recursos presentados por distintas comunidades autónomas. Desde el otro lado se acusó al gobierno regional de utilizar el fallo con fines partidistas y de contribuir a la crisis de acceso a la vivienda con políticas que, según sus críticos, favorecen la especulación.

La sesión parlamentaria reflejó algo más profundo que un simple desacuerdo jurídico: la batalla por el modelo territorial y por el equilibrio de competencias entre Estado y comunidades autónomas.

Pero el momento más tenso llegó cuando se evocaron los disturbios ocurridos en la Universidad de Navarra el pasado 30 de octubre, donde se registraron altercados con policías heridos y la agresión a un periodista. Los hechos fueron confirmados en su momento por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y recogidos por diversos medios nacionales.

Para unos, estos episodios evidencian un resurgimiento de la violencia vinculada a sectores radicales de la izquierda abertzale. Para otros, se trata de hechos condenables pero aislados que no pueden utilizarse para generalizar ni para justificar discursos alarmistas.

La palabra “impunidad” apareció varias veces en el debate. También “silencio cómplice”. Cada bloque acusó al otro de condenar solo la violencia que le conviene.

Se mencionó a Fernando Grande-Marlaska, cuestionado por la oposición por su gestión y defendido por el Gobierno como garante del Estado de derecho. Se criticaron supuestos beneficios penitenciarios a presos vinculados a ETA, una cuestión que ha generado controversia en los últimos años debido al acercamiento de reclusos al País Vasco tras el fin de la dispersión.

En paralelo, se recordó que el partido EH Bildu ha respaldado iniciativas legislativas del Ejecutivo, algo que la oposición utiliza como argumento para cuestionar la coherencia del Gobierno en materia de memoria y terrorismo.

Pero la tensión no solo giró en torno a ETA o a Navarra. También se evocaron incidentes en Madrid durante la Vuelta Ciclista a España, con agentes heridos en altercados, y las polémicas declaraciones cruzadas entre responsables políticos y periodistas.

La libertad de prensa fue otro de los ejes del debate. Se denunciaron presiones, campañas de descrédito y amenazas a profesionales de la información. Se mencionaron declaraciones del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que en el pasado protagonizó un intercambio muy polémico con eldiario.es. Desde el otro lado se acusó a determinados comunicadores de actuar como activistas políticos.

El resultado fue una sesión en la que cada bloque defendió su propia narrativa de la democracia.

Unos hablaron de “leyes liberticidas” y de ataques a la propiedad privada. Otros denunciaron la utilización del miedo como herramienta electoral. Todos invocaron la convivencia. Ninguno pareció dispuesto a ceder terreno simbólico.

Más allá del ruido, lo que quedó claro es que España atraviesa un momento de fuerte polarización. Las universidades, los parlamentos y las calles se han convertido en escenarios de confrontación discursiva permanente.

Los datos oficiales muestran que los incidentes violentos en el País Vasco han disminuido drásticamente desde el fin de la actividad armada de ETA en 2011. Sin embargo, episodios puntuales de altercados juveniles siguen produciéndose y generan una carga simbólica enorme. Cada incidente se interpreta a través del prisma ideológico de quien lo observa.

El debate en el Senado también puso sobre la mesa la cuestión de las sanciones administrativas a manifestantes en universidades madrileñas, tras el anuncio de la Comunidad de estudiar multas de hasta 100.000 euros por alteraciones graves del orden público. La medida ha sido criticada por colectivos estudiantiles y defendida por el gobierno regional como necesaria para garantizar la seguridad.

¿Dónde está el equilibrio entre orden público y libertad de expresión? Esa fue la pregunta implícita que recorrió toda la sesión.

La política española parece atrapada en una espiral donde cada gesto es leído como provocación y cada silencio como complicidad. El lenguaje se endurece. Las acusaciones se personalizan. La memoria histórica se convierte en munición.

Sin embargo, hay un punto en el que todos coincidieron verbalmente: la violencia no tiene cabida en democracia.

La diferencia radica en qué se considera violencia, quién la ejerce y quién la legitima.

Lo ocurrido en el Senado no es un hecho aislado. Es el reflejo de un clima político donde los consensos básicos se erosionan y donde las mayorías parlamentarias dependen de alianzas complejas y polémicas.

En este contexto, el ciudadano asiste con perplejidad a debates que parecen más orientados a reforzar identidades partidistas que a construir acuerdos.

Pero la democracia no se sostiene solo en el enfrentamiento. Se sostiene en la capacidad de convertir el conflicto en diálogo institucional.

La sesión terminó con una votación y con la declaración de un grupo anunciando su voto en contra. La frase final resonó con dureza: “Ustedes no tienen credibilidad”.

Tal vez esa sea la palabra clave de este momento político: credibilidad.

Credibilidad para condenar toda violencia sin excepciones. Credibilidad para defender la libertad de prensa sin dobles raseros. Credibilidad para gestionar recursos públicos con transparencia. Credibilidad para recordar el pasado sin manipularlo.

La pregunta que queda en el aire no es quién ganó el debate parlamentario. Es si, en medio de tanto ruido, alguien logró convencer a quienes observan desde fuera del hemiciclo.

Porque al final, la democracia no se mide solo en escaños. Se mide en confianza. Y esa, hoy más que nunca, parece estar en disputa.