El audio que explica por qué a Zapatero y Sánchez les preocupa lo de Plus Ultra.

El giro de España en la crisis venezolana: el papel de Sánchez, Zapatero y la trama Plus Ultra.
Entre febrero de 2019 y febrero de 2020, la política exterior española respecto a Venezuela vivió uno de los virajes más abruptos y polémicos de la etapa de Pedro Sánchez en la Moncloa.
Lo que empezó como un alineamiento claro con la estrategia europea de presión contra el régimen de Nicolás Maduro terminó, apenas un año después, en un distanciamiento calculado y una degradación del líder opositor Juan Guaidó.
Este cambio, que aún hoy genera debate y sospechas, estuvo marcado por una sucesión de episodios diplomáticos, presiones económicas y maniobras de alto nivel en las que la figura de José Luis Rodríguez Zapatero y el escándalo del rescate de Plus Ultra terminaron por entrelazarse en una trama que sigue bajo investigación judicial.
El 4 de febrero de 2019, España reconocía oficialmente a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, sumándose así a la hoja de ruta europea y estadounidense para forzar una transición democrática en el país caribeño.
El Congreso de los Diputados respaldó esa decisión el 19 de febrero, consolidando la posición española en el bloque de presión internacional contra Maduro.
Sin embargo, tras ese gesto, las relaciones diplomáticas entraron en una fase de tensión creciente.
El régimen venezolano, sintiéndose traicionado por España, reaccionó con amenazas de ruptura y exigencias de rectificación.
Fue en ese contexto donde comenzó a gestarse el viaje de Delsy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, a Madrid.
Según testimonios recogidos en la instrucción del caso Coldo y en declaraciones ante el juez, la motivación principal de ese encuentro en Barajas era conseguir que el gobierno español dejara de reconocer a Guaidó como presidente interino.
La presión de Caracas se intensificó a través de canales informales, con la participación de intermediarios como Víctor de Aldama y, sobre todo, con la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya relación con el chavismo se había consolidado tras años de mediación y gestiones personales.
El papel de Zapatero en la crisis venezolana ha sido objeto de controversia desde el principio.
Su aterrizaje en Caracas en marzo de 2019, en un vuelo privado y sin mandato oficial del gobierno español ni de la Unión Europea, generó desconcierto en Exteriores y obligó a sucesivas desmarcaciones públicas por parte de los ministros Josep Borrell y Arancha González Laya.
Zapatero, que defendía la vía del diálogo y la negociación con Maduro, actuaba a título personal, pero su influencia en el entorno socialista y su capacidad de interlocución con el régimen bolivariano resultaban innegables.
En paralelo, el expresidente mantenía sus propios intereses económicos en Venezuela, entre ellos la mediación para recuperar una deuda de 200 millones de dólares de la aerolínea Eri Europa con el gobierno de Maduro.
El fracaso de esa gestión, precipitado por el respaldo europeo a Guaidó, llevó a Eri Europa a contratar a Víctor de Aldama como nuevo intermediario en septiembre de 2019.
El reconocimiento de Guaidó como presidente encargado fue, según fuentes periodísticas, uno de los factores que frustró los planes de Zapatero y reforzó la presión de Caracas sobre la Moncloa.
La trama se complicó aún más con la aparición de un agente doble, que mantenía contactos tanto con el régimen como con la oposición y que, según testimonios judiciales, trasladó a Delsy Rodríguez la verdadera motivación de Sánchez para apoyar a Guaidó: el deseo de convertirse en presidente de la Internacional Socialista.
Este objetivo personal, que habría condicionado la estrategia diplomática española, ofrecía a Maduro una vía de negociación: si Sánchez recibía el apoyo financiero necesario para lograr su ambición internacional, podría renunciar al respaldo a Guaidó sin perder influencia en la escena socialista global.
El viaje de Delsy Rodríguez a Madrid, el 20 de enero de 2020, marcó el punto de inflexión.
Tras la reunión en Barajas, la Moncloa comunicó que Sánchez no se reuniría con Guaidó en Madrid, pese a las expectativas generadas y a la presencia del líder opositor en el foro de Davos.
El plantón a Guaidó fue interpretado como una señal inequívoca de cambio de posición, y apenas un día después, Zapatero reapareció en los medios defendiendo la decisión de Sánchez y abogando por una revisión profunda del enfoque europeo sobre Venezuela.
Tres semanas después, Sánchez era preguntado en el Congreso sobre su relación con Guaidó y respondía con evasivas, insistiendo en la importancia de trabajar “con todos” y en la necesidad de evitar el “ruido” político.
El 12 de febrero de 2020, el gobierno degradaba oficialmente a Guaidó, apenas ocho días después de que, según fuentes de Libertad Digital, el régimen venezolano enviara un sobre con 250 millones de dólares en cupos de extracción de petróleo de PDVSA para financiar la Internacional Socialista de Sánchez.
Ese pago, condicionado al abandono del apoyo a Guaidó, habría sido exigido por Delsy Rodríguez como parte de la negociación.
La operación financiera, sin embargo, era compleja. Los cupos de extracción de petróleo no equivalen a dinero en metálico y requieren un proceso de colocación en el mercado, con riesgos y costes asociados.
Por ello, según la investigación periodística, la oferta de financiación al socialismo español debía complementarse con algo más robusto, y ese “algo más” terminó cristalizando en el rescate de Plus Ultra.
El 9 de marzo de 2021, en plena pandemia, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, una compañía controlada por empresarios venezolanos vinculados al régimen de Maduro.
La decisión, defendida por el Ministerio de Hacienda como “estratégica” para el sector turístico y el transporte aéreo, supuso una inyección de 53 millones de euros a una empresa que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español, contaba con un único avión y acumulaba pérdidas desde su creación en 2011.
El rescate de Plus Ultra generó sospechas desde el primer momento.
El entonces ministro de Transportes, José Luis Ávalos, negó públicamente cualquier implicación y aseguró que desconocía el expediente, aunque fuentes periodísticas y testimonios judiciales desmienten esa versión.
Zapatero, según reveló Víctor de Aldama en la cadena COPE, acudió personalmente al Ministerio de Transportes en dos ocasiones para exigir la aprobación del rescate, canalizando la presión a través del secretario de Estado Pedro Saura, hombre de su confianza.
La versión de Aldama, recogida en la instrucción del caso, apunta a que Zapatero transmitió la orden presidencial de que el rescate debía aprobarse, y que tanto Ávalos como Coldo García comentaron que 10 millones de los 53 destinados a Plus Ultra serían utilizados para financiar la Internacional Socialista de Sánchez.
El destino final de esos fondos es aún objeto de investigación por parte de las fiscalías de Francia, Suiza y España, que rastrean una posible trama de blanqueo de capitales vinculada a empresarios venezolanos y a la aerolínea rescatada.
Lo que sí es un hecho incontestable es que Pedro Sánchez logró finalmente el sueño que perseguía: la presidencia de la Internacional Socialista.
En su discurso de investidura, agradeció públicamente a sus antecesores en el cargo, el griego Georgios Papandreu y el chileno Luis Ayala, pero omitió cualquier referencia a los verdaderos artífices de su ascenso, entre ellos Zapatero y Aldama, cuyos nombres siguen ligados a la trama venezolana y al escándalo de Plus Ultra.
El paralelismo con la operación secreta de la CIA para rescatar a los rehenes de Irán en 1980, citado por analistas, ilustra el carácter clandestino y complejo de la maniobra que permitió a Sánchez escalar posiciones en la Internacional Socialista.
Como Tony Méndez, el agente que tuvo que esperar 17 años para ver reconocido su papel en el éxito de la misión, Zapatero y Aldama han permanecido en la sombra, aunque su influencia en la política exterior española y en la gestión de la crisis venezolana resulta hoy indiscutible.
La degradación de Guaidó, el plantón diplomático y el rescate de Plus Ultra constituyen los hitos de una etapa marcada por la opacidad, las presiones económicas y la instrumentalización de la política exterior para fines personales y partidistas.
La investigación judicial sobre el destino de los fondos públicos y la posible financiación de la Internacional Socialista sigue abierta, mientras la sociedad española asiste con preocupación al desenlace de una trama que ha puesto en cuestión la transparencia, la ética y la independencia de las instituciones.
El giro de España en la crisis venezolana es el reflejo de cómo los intereses políticos y económicos pueden condicionar la acción exterior de un país y alterar el equilibrio de poder internacional.
La figura de Sánchez, Zapatero y los intermediarios venezolanos queda así inscrita en una página controvertida de la historia reciente, cuyo desenlace sigue pendiente de la labor de la justicia y del escrutinio de la opinión pública.
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