¡HISTÓRICO! CAYETANA AJUSTA CUENTAS con RUFIÁN en el CONGRESO🔥¡SE VENGA de EL POR INSULTAR A MAZÓN!.

 

 

La sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados no fue una más.

 

No se trató de un intercambio técnico ni de un debate jurídico al uso. Fue, más bien, una demostración descarnada del nivel de tensión política que atraviesa España y del punto de ruptura entre dos bloques que ya no se escuchan, no se reconocen y apenas comparten un marco común de realidad.

 

 

Lo ocurrido en el hemiciclo, con Miguel Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaños como protagonistas, dejó al descubierto algo más profundo que una disputa partidista: una batalla por el relato, por la legitimidad moral y por la interpretación misma de los hechos.

 

 

Miguel Tellado abrió el turno con una intervención de una dureza inusual incluso para los estándares del Parlamento actual.

 

Desde el primer momento, el portavoz del Partido Popular optó por un tono frontal, acusatorio y cargado de referencias a supuestos casos de corrupción que, según su discurso, afectan directamente al entorno del Partido Socialista y del presidente del Gobierno.

 

No hubo rodeos ni matices. Tellado habló de “gobierno de la corrupción”, de “organización criminal” y de una trama que, a su juicio, estaría acreditada por investigaciones de la UCO y por nombres concretos como José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

 

 

El diputado popular no se limitó a señalar responsabilidades políticas genéricas.

 

Enumeró episodios, contratos públicos, obras de infraestructura y supuestos cobros de comisiones que, según su relato, formarían parte de una red sistemática de mordidas.

 

Desde Navarra hasta Andalucía, pasando por contratos internacionales y referencias a viviendas, tarjetas de crédito y enchufes en empresas públicas, el discurso fue acumulativo, diseñado para generar un impacto emocional inmediato tanto dentro como fuera del hemiciclo.

 

 

Tellado fue más allá al vincular directamente estos supuestos escándalos con la cúpula del PSOE, recordando que Santos Cerdán fue durante años uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez y número dos del partido hasta fechas recientes.

 

 

Rescató declaraciones pasadas de dirigentes socialistas que defendieron su honorabilidad y utilizó esas palabras como prueba de lo que considera una grave irresponsabilidad ética.

 

 

La pregunta final, dirigida a Félix Bolaños, fue directa y personal: si como responsable de ética del Partido Socialista podía explicar qué había de ético en todo aquello.

 

 

La respuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no rebajó el tono del enfrentamiento, pero sí cambió el eje del discurso.

 

 

Bolaños no entró a rebatir una por una las acusaciones concretas, sino que cuestionó el método, el lenguaje y lo que calificó como una estrategia deliberada de difamación.

 

 

Devolvió la pregunta al Partido Popular y planteó cuál es, a su juicio, el límite de esa formación en el respeto a la verdad y al honor de las personas.

 

 

El ministro utilizó un ejemplo reciente para ilustrar lo que considera la lógica de brocha gorda del PP: la detención de cargos populares en Almería.

 

 

Siguiendo el razonamiento que, según él, aplica Tellado al PSOE, Bolaños ironizó con la idea de que entonces habría que considerar corruptos por extensión al presidente andaluz Juanma Moreno y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

 

 

Con ello quiso subrayar la diferencia entre la responsabilidad individual de personas investigadas y la criminalización colectiva de un partido o de un Gobierno entero.

 

 

Bolaños insistió en un mensaje que el Ejecutivo viene repitiendo desde hace meses: que la justicia debe investigar hasta el final cualquier indicio sólido de criminalidad, pero que eso no legitima el insulto permanente ni la sospecha generalizada sobre personas que no están imputadas ni condenadas.

 

 

En ese contexto, reclamó una disculpa pública del PP por las acusaciones lanzadas durante meses contra el ministro Ángel Víctor Torres, después de que informes de la UCO descartaran indicios de delito en su actuación.

 

 

El choque dialéctico derivó entonces hacia un terreno más ideológico.

 

Bolaños acusó al Partido Popular de deslizarse peligrosamente hacia la ultraderecha, no solo en el tono, sino también en los argumentos, y advirtió de que esa estrategia ha acabado devorando a los partidos conservadores en otros países europeos.

 

 

Su mensaje fue claro: o socialdemocracia o barbarie, en una apelación directa a la moderación que, paradójicamente, llegó envuelta en un discurso de confrontación total.

 

 

La tensión no disminuyó con la siguiente intervención. Cayetana Álvarez de Toledo tomó la palabra para centrar el debate en la ley de amnistía, uno de los pilares políticos de la legislatura y, al mismo tiempo, uno de los asuntos más controvertidos.

 

 

La diputada popular, fiel a su estilo, no se dirigió solo al ministro, sino a toda la Cámara, cuestionando la legitimidad intelectual y política del informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

 

Álvarez de Toledo articuló su intervención en torno a tres grandes preguntas que, según ella, deberían ser objeto de reflexión honesta.

 

 

Cuestionó que la amnistía no pueda considerarse una autoamnistía, negó que no exista un vínculo directo entre el poder político y el beneficio de la ley, y puso en duda que se haya aprobado en un contexto real de reconciliación.

 

 

Para la diputada, la amnistía es el clavo que sostiene una legislatura que considera vacía y carente de principios.

 

 

En su discurso hubo también reproches directos a los socios parlamentarios del Gobierno, especialmente a Junts, a quienes interpeló para que aclararan si se han reconciliado con la Constitución, si reniegan del referéndum del 1 de octubre y si han abandonado definitivamente la vía unilateral.

 

 

En ese contexto, lanzó ataques personales contra Gabriel Rufián y acusó al Ejecutivo de celebrar como victoria un informe que calificó de afrenta a la verdad y al Estado de derecho.

 

 

La respuesta de Bolaños fue contundente y sin concesiones. Acusó a Álvarez de Toledo de llevar años luchando contra la realidad y de arrastrar una trayectoria marcada por bulos y teorías conspirativas, especialmente en relación con los atentados del 11 de marzo.

 

 

Recordó que ya son cuatro las instituciones —nacionales e internacionales— que han avalado la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho europeo y con la Constitución española.

 

 

El ministro defendió que la amnistía no es una anomalía en Europa, sino una herramienta utilizada en numerosos países para cerrar conflictos políticos y sociales.

 

 

Insistió en que España atravesaba una grave crisis constitucional en Cataluña que, a su juicio, se ha superado gracias a políticas de convivencia y normalización.

 

 

Frente a quienes añoran el clima de confrontación de 2017, Bolaños reivindicó una Cataluña más estable, con menor tensión institucional y mayor normalidad política.

 

 

El cruce de reproches no terminó ahí. Álvarez de Toledo acusó al ministro de dictar sentencias anticipadas sobre decisiones judiciales futuras, mientras Bolaños replicó cuestionando la credibilidad de una diputada que, recordó, anunció en varias ocasiones que el Supremo, el Constitucional o Europa frenarían la amnistía.

 

 

Según el ministro, el PP mantiene ese discurso no por convicción jurídica, sino para movilizar a un electorado situado en la frontera entre el Partido Popular y Vox.

 

 

Lo que se vivió en el Congreso fue, en definitiva, una radiografía precisa del momento político español.

 

 

Un Parlamento convertido en escenario de acusaciones cruzadas, donde la corrupción, la amnistía, la justicia y la ética se utilizan como armas arrojadizas en una guerra de relatos sin cuartel.

 

 

Por un lado, una oposición que denuncia una supuesta degradación institucional y acusa al Gobierno de sostenerse sobre pactos inconfesables y escándalos ocultos.

 

 

Por otro, un Ejecutivo que se defiende apelando a informes oficiales, a resoluciones judiciales y a la necesidad de diferenciar entre hechos probados y campañas de difamación.

 

 

Desde el punto de vista informativo, los elementos clave están sobre la mesa.

 

Existen investigaciones judiciales abiertas, informes policiales, dictámenes europeos y sentencias constitucionales que forman parte del debate público.

 

 

También existe una estrategia política clara de confrontación máxima, donde cada sesión de control se convierte en una batalla diseñada para el titular, el vídeo viral y la polarización de la opinión pública.

 

 

El problema de fondo es que, en este clima, la verdad queda atrapada entre dos trincheras.

 

Cada dato es interpretado según la conveniencia del bando propio y rechazado automáticamente por el contrario.

 

La presunción de inocencia se invoca selectivamente, la responsabilidad política se diluye o se exagera según quién esté en el punto de mira, y la ciudadanía asiste a un espectáculo que refuerza la desafección y el cansancio.

 

 

Lo ocurrido no resolverá el debate sobre la corrupción ni cerrará la polémica de la amnistía.

 

 

Pero sí deja una constatación clara: la política española atraviesa uno de sus momentos más ásperos, con un lenguaje cada vez más duro y una incapacidad creciente para construir consensos básicos.

 

 

Mientras tanto, el Parlamento sigue siendo el reflejo de un país dividido, donde cada intervención no busca convencer al adversario, sino reafirmar a los propios y desgastar al contrario.

 

 

Y en ese escenario, cada palabra, cada acusación y cada réplica no solo quedan registradas en el Diario de Sesiones, sino que alimentan un relato colectivo que marcará el rumbo político de los próximos años.