BOMBAZO: TODOS los DETALLES del REGISTRO de la UCO al MINISTERIO de HACIENDA.
El terremoto de la UCO: registros en Hacienda, Transición Ecológica y el entramado socialista bajo sospecha.
La semana política española ha sido sacudida por un auténtico bombazo: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha irrumpido en el Ministerio de Hacienda, dirigido por la vicepresidenta María Jesús Montero, así como en el Ministerio de Transición Ecológica, Correos y otras empresas públicas.
El alcance de los registros, el volumen de información incautada y los nombres implicados dibujan un panorama de corrupción sistémica que amenaza con desmantelar las estructuras de poder del Partido Socialista y sus socios.
La investigación, impulsada por la Audiencia Nacional, se centra en la presunta financiación ilegal del PSOE, la trama de los hidrocarburos, el caso Plus Ultra y la red de mascarillas, entre otros escándalos que han saltado a la luz en los últimos meses.
El detonante inmediato ha sido la detención de Anchon Alonso, socio de Santos Cerdán y enlace entre el PSOE y el PNV-Bildu, junto a la fontanera socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.
La UCO ha registrado la Dirección General de Patrimonio del Estado, Cofibacasa y otros departamentos clave, desvelando una red de favores, comisiones y pagos en efectivo que involucran a altos cargos del actual gobierno.
María Jesús Montero, acostumbrada a defender la honorabilidad de su ministerio y de sus colaboradores, se ha visto obligada a matizar su discurso.
Ya no pone “la mano en el fuego” por nadie, tras ver cómo las investigaciones alcanzan a su propio entorno y cómo los registros policiales se suceden en dependencias bajo su responsabilidad.
La vicepresidenta repite el mantra de la “confianza en la justicia” y la colaboración con los cuerpos de seguridad, pero la presión mediática y judicial no cesa, y la sombra de la imputación planea sobre su figura.
La trama se extiende mucho más allá de Hacienda. En Correos, empresa pública estratégica, el nombramiento de Juan Manuel Serrano —amigo personal de Sánchez— dejó un agujero de mil millones de euros, y la empresa aparece mencionada en la investigación de las mascarillas y en la financiación de actividades vinculadas a Begoña Gómez.
Leire Díez, tras pasar por Enusa, también recaló en Correos, y su papel en la red de favores ha sido objeto de seguimiento por parte de la UCO.
El Ministerio de Transición Ecológica, bajo la batuta de Teresa Ribera, tampoco escapa a la investigación.
Ribera, máxima responsable de la cuenca hidrográfica del Júcar, concedió licencias a empresas implicadas en la trama de los hidrocarburos, facilitando la defraudación del IVA y la importación de crudo venezolano en plena época de sanciones internacionales.
Como “premio” por sus servicios, Ribera fue ascendida a un alto cargo en la Unión Europea, pero las pesquisas de la Guardia Civil han alcanzado a Forestalia, empresa investigada por su relación con Santos Cerdán y por la posible mediación en el cobro de comisiones a través de Servinabar, la sociedad de Anchon Alonso.
La trama Plus Ultra y los vínculos con José Luis Rodríguez Zapatero añaden una dimensión internacional al escándalo.
El rescate de la aerolínea, defendido por el gobierno hasta hace apenas un mes, se realizó en condiciones dudosas: la empresa acumulaba pérdidas previas al confinamiento, su actividad era mayoritariamente exterior y el dinero público —53 millones de euros— acabó, según la UCO, blanqueando capitales procedentes de Venezuela a través de sociedades en Francia y Suiza.
Víctor de Aldama, intermediario clave, vinculó la operación a Zapatero y señaló que parte de los fondos fueron a parar a la Internacional Socialista presidida por Pedro Sánchez.
El detenido Julio Martínez, íntimo amigo del expresidente, ilustra la cercanía entre los intereses partidistas y las operaciones empresariales bajo sospecha.
La red de pagos en efectivo, bolsas de dinero y comisiones irregulares ha salpicado a tres ministerios: Transportes (José Luis Ávalos), Transición Ecológica (Teresa Ribera) y Reyes Maroto.
Las licencias concedidas por estos departamentos facilitaron la importación de crudo venezolano, presuntamente a cambio de sobornos y defraudación fiscal.
Ávalos, apodado “el padrino” por la trama, está en prisión, mientras Ribera y Maroto continúan en sus cargos.
El uso de alias mafiosos, la rotación de cargos y el reparto de favores refuerzan la percepción de una red organizada con ramificaciones políticas y empresariales.
La investigación de la UCO ha revelado además contactos entre Coldo García y Mark Pons, diputado balear vinculado a Francina Armengol y jefe de gabinete de Teresa Ribera.
Pons aparece en la trama de las mascarillas y de los hidrocarburos, ilustrando la facilidad con que los protagonistas de la red pasan de un sector a otro, dirigiendo entidades sanitarias, hidrográficas o culturales según la conveniencia del partido.
La falta de méritos y la proliferación de cargos de confianza han generado una sensación de impunidad y de ocupación partidista de las instituciones públicas.
El caso SEPI y el patrimonio de Vicente Fernández, valorado en más de diez millones de euros, ha puesto el foco en la acumulación de bienes inmobiliarios por parte de altos cargos socialistas.
Chalets de lujo en Sevilla, pisos en Madrid y Marbella, garajes y trasteros, todo ello supuestamente adquirido con ingresos procedentes de negocios paralelos y de la gestión opaca de fondos públicos.
La relación personal entre Fernández y Montero, forjada en la caseta de la feria de Sevilla y consolidada en el círculo de poder socialista andaluz, ilustra el carácter endogámico y clientelar de la red.
La convergencia de todas las tramas en la figura de Pedro Sánchez y en el legado de Zapatero es el elemento más inquietante del escándalo.
El rescate de Air Europa, desbloqueado por Begoña Gómez y gestionado por Coldo García, supuso la entrega de 475 millones de euros a la aerolínea, coincidiendo en el tiempo con la creación de sociedades inmobiliarias y hosteleras vinculadas a cargos socialistas.
Empresas como Boris recibieron 40 millones, mientras Hidalgo padre construía hoteles en República Dominicana.
La SEPI inyectó 17 millones a una empresa de la trama corrupta, y SAPA, vinculada al PNV y al Ministerio de Defensa, recibió 16,5 millones tras pagar a Servinabar, pese a sus incumplimientos con Industria.
La justificación oficial de estas operaciones es la redistribución de la riqueza y el apoyo a empresas estratégicas, pero la realidad muestra un trasvase de fondos públicos a sociedades privadas vinculadas al PSOE y al PNV.
La clase media, castigada por la subida de impuestos, ve cómo su dinero acaba en manos de empresarios y políticos bien conectados, mientras la ocupación de viviendas y la precariedad se mantienen como problemas estructurales.
Forestalia y la empresa de Sumelzo han creado un enjambre de 850 sociedades ligadas a licencias eólicas de Teresa Ribera y Lambán, y la proliferación de fondos europeos en proyectos dudosos ha alimentado la sospecha de que la obsesión por las renovables esconde intereses ocultos y operaciones de blanqueo.
El precio de la luz y del aceite de oliva se disparan, mientras las empresas públicas y las energéticas se llenan de antiguos cargos del bipartidismo, beneficiados por las puertas giratorias.
La respuesta del gobierno y del PSOE ha sido la negación y la falta de autocrítica.
Pedro Sánchez, interpelado por Yolanda Díaz para una remodelación urgente, ha rechazado cualquier cambio y ha insistido en la defensa de la gestión socialista.
La oposición del Partido Popular continúa, pero la sensación es que el ciclo político está agotado y que la caída del sanchismo es cuestión de tiempo.
La labor de la UCO, con más de 850 sociedades investigadas y decenas de registros en ministerios y empresas públicas, ha puesto en evidencia la magnitud del entramado corrupto y la dificultad para mantener el control institucional.
La convergencia de todas las tramas en la figura de Sánchez y en el legado de Zapatero, la implicación de ministros, altos cargos y familiares, y la extensión de las investigaciones judiciales han generado una crisis de confianza sin precedentes.
La pregunta que queda en el aire es qué más debe ocurrir para que se produzca una reacción institucional y política.
La entrada de la UCO en Hacienda y en Transición Ecológica marca un punto de inflexión, y la posibilidad de que las investigaciones alcancen la Moncloa es cada vez más real.
La sociedad española asiste a un proceso de descomposición política y moral, y el reto es recuperar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones.
El terremoto de la UCO ha desvelado las costuras del poder socialista y ha abierto la puerta a una nueva etapa de regeneración democrática.
La magnitud de los escándalos, la implicación de altos cargos y la conexión internacional de las tramas obligan a una reflexión profunda sobre el futuro de la política española y sobre la necesidad de reformar las estructuras institucionales para evitar que la corrupción se convierta en norma y no en excepción.
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