⚠️VIDEO URGENTE⚠️La JUSTICIA DESTROZA a PEDRO SÁNCHEZ y BEGOÑA GÓMEZ.

 

 

 

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha asestado uno de los golpes judiciales más duros hasta la fecha al entorno directo del presidente del Gobierno.

 

Un golpe que no solo afecta a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sino que proyecta una sombra política y jurídica de enorme alcance sobre el propio jefe del Ejecutivo.

 

Lejos de los intentos de minimizar el impacto por parte de determinados sectores mediáticos, los autos dictados por la Audiencia no dejan lugar a dudas: la investigación continúa, se refuerza y se amplía, y lo hace con argumentos jurídicos sólidos y difíciles de rebatir.

 

 

El contexto no es menor. Begoña Gómez se encuentra formalmente investigada en un procedimiento penal que, lejos de archivarse, avanza con el aval del órgano judicial superior al juez instructor.

 

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado los recursos presentados por su defensa en aspectos clave y ha confirmado que existen indicios suficientes para seguir investigando un presunto delito de malversación de caudales públicos.

 

 

Esta decisión supone un punto de inflexión, porque despeja cualquier duda sobre la viabilidad del procedimiento y desmonta el relato de persecución política que se había intentado instalar en la opinión pública.

 

 

Uno de los elementos más relevantes del auto es la claridad con la que se aborda el concepto de malversación.

 

La Audiencia recuerda que este delito no se limita exclusivamente al uso indebido de dinero público en sentido estricto, sino que también puede materializarse mediante la utilización de recursos humanos o materiales de la Administración para fines privados.

 

 

Es decir, la desviación de una funcionaria pública, contratada y remunerada con fondos del Estado, para actividades ajenas a su función institucional y vinculadas a intereses personales, es jurídicamente susceptible de encajar en este tipo penal.

 

 

Este razonamiento resulta especialmente contundente porque desmonta uno de los principales argumentos defensivos: que el nombramiento de la asistente fue formalmente legal.

 

La Audiencia no cuestiona el procedimiento administrativo del nombramiento, sino el uso posterior que se habría hecho de ese recurso público.

 

 

En otras palabras, el foco no está en cómo se contrató, sino en para qué se utilizó.

 

Y ahí es donde el tribunal considera que existen indicios racionales de criminalidad que justifican plenamente la continuación de la investigación.

 

La resolución judicial llega en un momento políticamente delicado para Pedro Sánchez.

 

No solo por la situación procesal de su esposa, sino por el contexto general de desgaste institucional, investigaciones abiertas en su entorno y recientes reveses electorales.

 

El mensaje que transmite la Audiencia Provincial es inequívoco: el procedimiento no se archiva, no se cierra y no se debilita. Al contrario, se consolida y se encamina hacia una fase decisiva.

 

 

Pero el segundo auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid es, si cabe, aún más revelador, precisamente porque ha sido objeto de una intensa manipulación informativa.

 

Durante horas, e incluso días, numerosos titulares han difundido la idea de que el tribunal había “frenado” al juez instructor, impidiendo el acceso a los correos electrónicos de Begoña Gómez y corrigiendo una supuesta extralimitación judicial. Nada más lejos de la realidad.

 

 

Lo que realmente establece la Audiencia es una cuestión estrictamente técnica y procesal.

 

El tribunal no prohíbe la investigación de los correos electrónicos ni cuestiona su relevancia probatoria.

 

De hecho, reconoce expresamente que la medida es idónea y potencialmente necesaria para esclarecer los hechos investigados.

 

Lo único que exige es que dicha medida se adopte mediante un auto motivado y no mediante una providencia, tal y como había hecho inicialmente el juez instructor.

 

 

La diferencia no es menor desde el punto de vista jurídico, pero tampoco supone una desautorización de fondo.

 

Una providencia es una resolución breve y no motivada, mientras que un auto requiere una explicación detallada de las razones jurídicas que justifican la medida.

 

En casos que afectan a derechos fundamentales, como el secreto de las comunicaciones, la ley exige una motivación expresa basada en los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y eso es exactamente lo que la Audiencia reclama.

 

 

El tribunal revoca solo parcialmente la resolución del juez, no por el contenido de la medida, sino por su forma.

 

Le indica que debe dictar un auto debidamente motivado y, una vez hecho eso, la investigación de los correos electrónicos puede seguir adelante.

 

Correos que abarcan un periodo de siete años, desde 2018 hasta 2025, y que ya han sido remitidos a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para su análisis.

 

 

Este matiz es fundamental, porque desmonta por completo la narrativa de archivo o paralización. No hay marcha atrás. No hay freno. No hay protección judicial.

 

Hay una exigencia formal que, lejos de beneficiar a la investigada, refuerza la solidez del procedimiento y blinda futuras actuaciones frente a posibles nulidades.

 

En términos prácticos, la Audiencia está diciendo al juez: continúe, pero hágalo con una motivación impecable.

 

 

Desde el punto de vista político, el impacto es devastador. Pedro Sánchez ve cómo la justicia no solo no cierra filas en torno a su entorno familiar, sino que avala investigaciones que afectan directamente al núcleo de su credibilidad institucional.

 

Resulta difícil sostener un discurso de regeneración democrática mientras la esposa del presidente se encamina hacia el banquillo por presuntos delitos cometidos, según los indicios, precisamente gracias a su posición privilegiada.

 

 

A todo ello se suma la posible reapertura de diligencias relacionadas con el rescate de Air Europa, un asunto que vuelve a cobrar relevancia tras nuevas actuaciones judiciales y la remisión de información adicional a la UCO.

 

La acumulación de frentes judiciales dibuja un escenario cada vez más complicado para el Ejecutivo, tanto en el plano legal como en el político.

 

 

El caso de Begoña Gómez se ha convertido así en algo más que una investigación penal individual.

 

Es un símbolo del deterioro institucional percibido por una parte creciente de la ciudadanía.

 

La sensación de que existen privilegios, de que determinadas conductas solo son posibles desde posiciones de poder, y de que la rendición de cuentas llega tarde o con dificultad, encuentra en este procedimiento un espejo incómodo.

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha hablado con claridad jurídica y sin estridencias.

 

No ha dictado sentencias anticipadas ni ha prejuzgado culpabilidades.

 

Ha hecho algo más simple y, a la vez, más demoledor: ha dicho que hay indicios, que hay materia para investigar y que el proceso debe seguir su curso hasta el final. En un Estado de derecho, ese mensaje debería ser suficiente.

 

 

Queda ahora por ver cómo evolucionan las diligencias, qué revelan los correos electrónicos analizados por la UCO y si las investigaciones abiertas se amplían a nuevos hechos o personas.

 

Lo que ya es evidente es que el relato del archivo inminente ha quedado definitivamente enterrado. Y con él, una parte importante del blindaje político que rodeaba al presidente del Gobierno.

 

 

La justicia avanza, despacio pero firme. Y cuando lo hace, el impacto no se mide solo en autos judiciales, sino en la erosión de la confianza pública y en la pregunta que empieza a resonar con más fuerza: hasta qué punto puede sostenerse un proyecto político cuando su entorno más cercano se encuentra bajo la lupa de los tribunales.