LA JUEZA DESTAPA LAS MENTRIRAS DE MAZÓN Y FEIJOO.

 

 

 

 

 

 

En los últimos meses, el caso de la DANA que golpeó con especial dureza a la Comunidad Valenciana se ha convertido en uno de los episodios políticos, judiciales y mediáticos más controvertidos del panorama nacional.

 

Lejos de apagarse con el paso del tiempo, la investigación judicial ha ido revelando nuevos datos que contradicen de forma directa el relato que, desde el primer momento, sostuvieron algunos de los principales responsables políticos implicados.

 

 

Y en el centro de todo ello se encuentra una figura clave: la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, cuya labor está permitiendo reconstruir, con pruebas objetivas, lo que realmente ocurrió aquel día.

 

 

La instrucción judicial ha avanzado gracias a un trabajo minucioso, paciente y fundamentado en hechos verificables.

 

Mensajes de teléfono, registros horarios, declaraciones oficiales grabadas en televisión y comunicaciones internas están componiendo un puzle que desmonta, pieza a pieza, las versiones públicas ofrecidas por el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

 

No se trata de opiniones ni de interpretaciones interesadas, sino de datos documentados que ya forman parte de la causa.

 

 

Uno de los puntos centrales del caso es la gestión de la alerta a la población.

 

Durante horas críticas, mientras la situación meteorológica empeoraba y el riesgo para miles de ciudadanos aumentaba de forma exponencial, la respuesta institucional fue tardía y, según los indicios judiciales, descoordinada.

 

La investigación apunta a que la alerta se emitió demasiado tarde, cuando los daños ya eran inevitables y las consecuencias humanas, irreversibles.

 

Esta demora es uno de los elementos que la jueza está analizando con mayor profundidad.

 

En este contexto, las declaraciones públicas realizadas al día siguiente de la catástrofe cobran ahora un nuevo significado.

 

Tanto Carlos Mazón como Alberto Núñez Feijóo aseguraron ante los medios que existía una comunicación fluida y constante “en tiempo real” desde el inicio de la emergencia.

 

Estas palabras, pronunciadas con el presidente del Gobierno presente y recogidas por las cámaras, fueron utilizadas para transmitir una imagen de control, coordinación y responsabilidad compartida.

 

Sin embargo, los mensajes aportados posteriormente a la causa judicial cuentan una historia muy distinta.

 

 

Según la documentación incorporada al procedimiento, el primer contacto relevante entre Mazón y Feijóo se produjo apenas unos minutos antes de que se emitiera la alerta oficial.

 

 

No hay constancia de comunicaciones previas continuadas a lo largo del día, como se afirmó públicamente.

 

Este dato resulta especialmente relevante porque contradice de forma frontal la versión de que el líder del PP estaba informado desde primeras horas y de manera permanente sobre la evolución de la crisis.

 

 

Otro de los aspectos que la investigación está dejando en evidencia es el conocimiento temprano de víctimas mortales.

 

En sede parlamentaria y en comisiones de investigación, Carlos Mazón sostuvo que no tuvo constancia de fallecimientos hasta bien entrada la madrugada, alrededor de las cinco de la mañana.

 

Sin embargo, los mensajes aportados por el propio entorno político indican que ya en torno a las once de la noche se hablaba de personas fallecidas en municipios como Utiel.

 

Esta contradicción no es menor, ya que afecta directamente a la valoración de la gravedad percibida por los responsables políticos en tiempo real.

 

 

La causa también incluye las comunicaciones de la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, considerada una de las piezas clave en la cadena de mando.

 

Sus mensajes reflejan intentos reiterados de contacto con el president de la Generalitat durante las horas más críticas, sin obtener respuesta.

 

Estos intentos fallidos refuerzan la tesis de una ausencia de liderazgo efectivo en el momento en que más se necesitaba.

 

La jueza ha considerado estos mensajes fundamentales para entender los vacíos de gestión que se produjeron.

 

 

Frente a este panorama, la actuación de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha sido objeto de una intensa presión mediática.

 

Desde determinados medios afines al poder político autonómico se ha cuestionado su imparcialidad, se ha atacado su reputación profesional e incluso se ha traspasado una línea inadmisible al afectar a su entorno familiar.

 

La propia jueza ha denunciado públicamente una campaña de acoso que incluye ataques personales y la grabación de su hija, hechos que han generado una profunda preocupación en el ámbito jurídico.

 

 

Pese a todo, la instructora ha continuado con su labor sin desviarse un ápice de su función: esclarecer los hechos con rigor y basándose exclusivamente en pruebas.

 

A diferencia de otros procesos judiciales marcados por resoluciones opacas o poco fundamentadas, esta investigación se está caracterizando por autos detallados, razonados y comprensibles, donde cada decisión se apoya en datos objetivos.

 

Este modo de proceder es, precisamente, lo que ha permitido que el relato oficial comience a resquebrajarse.

 

 

Un elemento especialmente sensible del caso es la situación de aforamiento de Carlos Mazón.

 

Esta circunstancia limita las actuaciones directas de la jueza, que no puede imputarlo sin elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

 

No obstante, lejos de frenar la investigación, este obstáculo ha llevado a la magistrada a reforzar la recopilación de pruebas, conscientes de que cualquier paso futuro deberá estar sólidamente respaldado.

 

 

Mientras tanto, el debate público se ha visto contaminado por informaciones interesadas, tertulias polarizadas y discursos que buscan desviar la atención hacia supuestas responsabilidades del Gobierno central.

 

Sin embargo, los documentos incorporados a la causa indican que los recursos estatales, incluida la Unidad Militar de Emergencias, estaban disponibles y a la espera de activación.

 

La falta de una solicitud clara y temprana por parte de la administración autonómica es otro de los puntos que la instrucción está poniendo sobre la mesa.

 

 

El contraste entre lo dicho ante las cámaras y lo reflejado en los mensajes privados es, hoy por hoy, uno de los elementos más demoledores del caso.

 

 

Cualquier ciudadano que revise las grabaciones del día posterior a la DANA y las confronte con las pruebas judiciales puede apreciar una brecha evidente entre el discurso político y la realidad de los hechos.

 

Esta distancia es la que está alimentando la indignación social y la desconfianza hacia quienes tenían la responsabilidad de proteger a la población.

 

 

La figura de la jueza Nuria Ruiz Tobarra se ha convertido, así, en un símbolo incómodo para ciertos sectores.

 

Su trabajo demuestra que, cuando la justicia actúa con independencia y rigor, las narrativas construidas desde el poder pueden desmoronarse.

 

No es casual que este tipo de jueces sean objeto de ataques: su labor impide que la verdad quede sepultada bajo titulares manipulados o silencios estratégicos.

 

Más allá de las responsabilidades penales que puedan derivarse, este caso plantea una reflexión profunda sobre la gestión de emergencias, la ética política y la rendición de cuentas.

 

La DANA no fue solo un fenómeno meteorológico extremo; fue también una prueba de liderazgo institucional que, a la luz de los hechos, dejó mucho que desear.

 

Las consecuencias humanas de aquella noche exigen algo más que explicaciones tardías o versiones cambiantes.

 

 

Hoy, gracias a una investigación judicial sólida y a la existencia de pruebas objetivas, es posible reconstruir lo sucedido sin depender de relatos interesados.

 

Los mensajes, las llamadas no atendidas, los horarios y las declaraciones grabadas conforman una base factual difícil de rebatir.

 

Y esa es, precisamente, la razón por la que el caso sigue generando tanta incomodidad.

 

 

La verdad, cuando se apoya en datos y no en consignas, suele ser persistente.

 

Y en este proceso, cada nueva diligencia, cada documento incorporado y cada contradicción evidenciada acerca un poco más a la sociedad a comprender qué falló, quién falló y por qué.

 

En un contexto de desinformación y ruido mediático, el trabajo de la justicia se convierte en la única herramienta capaz de separar los hechos de la propaganda.

 

 

El desenlace judicial aún está por escribirse, pero lo que ya resulta evidente es que el relato inicial no resiste el contraste con la realidad documentada.

 

Y esa constatación, más allá de nombres y siglas, es una lección sobre la importancia de la transparencia, la responsabilidad pública y la necesidad de una justicia independiente que no se doble ante la presión del poder.