La mayoría de jueces, disconformes con que el Gobierno dé la instrucción a los fiscales tras la condena a García Ortiz.

 

 

 

Tres de cuatro asociaciones recuerdan que el Ministerio Fiscal se rige por principio de jerarquía, y en la cúspide está el presidente del Gobierno.

 

 

 

 

 

A lo largo de 2025, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha anunciado su intención de impulsar una profunda reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que, de materializarse, supondría la mayor transformación del proceso penal en España en los últimos 143 años. 

 

 

Dicha norma pretende dejar la instrucción en manos de los fiscales, un hecho que, hasta el momento, era competencia de los jueces y, también, restringir la figura de la acusación popular para que no pueda ser ejercida por partidos políticos o sindicatos.

 

 

No obstante, hay que recalcar que, en estos momentos, el proyecto se encuentra en ‘standby’.

 

 

Las tiranteces entre Junts y el PSOE en los últimos meses han hecho temblar la legislatura y han provocado que los de Míriam Nogueras quieran vetar 25 leyes que se encuentran actualmente en tramitación.

 

 

Además, no apoyarán las 21 que van a concluir su recorrido y rechazarán cualquier texto nuevo que apruebe el Consejo de Ministros. “No habrá negociación ni acuerdos”, concluyó.

 

 

Pero tres de las cuatro asociaciones judiciales se oponen a que la instrucción se le otorgue a los fiscales, teniendo en cuenta, sobre todo, que hace un mes, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación al filtrar información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

 

 

 

María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional para la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera, señala que siempre han entendido que quien debe llevar a cabo las investigaciones son los jueces porque garantizan “los derechos de las personas” y actúan “con una independencia absoluta”.

 

 

 

Dependencia jerárquica.

 

 

Justifica esta opinión en que el artículo 124 de la Constitución Española relata que el Ministerio Fiscal “ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”.

 

 

“Y en esa dependencia jerárquica acaba en el fiscal general del Estado, que es nombrado por el Gobierno”.

 

 

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), en un principio, no se oponen a ello.

 

 

Ahora bien, consideran que, en estos momentos, no se dan las condiciones oportunas.

 

 

Su portavoz, Marien Ortega, entiende que atribuir en este preciso momento dicha competencia a los fiscales no debe implementarse sin antes reforzar la autonomía y las garantías institucionales de la Fiscalía.

 

 

“La condena al Fiscal General del Estado viene a reforzar nuestra posición y a subrayar la necesidad de reflexionar sobre el cometido del Ministerio Público y de sus capacidades reales, no de acelerar cambios sin suficientes contrapesos y consenso.

 

 

Una reforma de ese calado jurídico y social debería acompañarse de cambios previos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía del Ministerio Público, y lógicamente debería ir acompañada de un refuerzo de la plantilla de fiscales”.

 

 

Una opinión que también comparte Roberto García Ceniceros, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), que reconoce que están “preocupados por la intención del Gobierno”.

 

 

No tiene ningún tipo de duda en que los integrantes del Ministerio Fiscal estén capacitados para llevar a cabo la instrucción.

 

 

De hecho, el examen de oposición para el acceso a la carrera fiscal es común al de acceso a la carrera judicial.

 

 

“Pero, en su trabajo, no cuentan con las debidas garantías de independencia que han de existir para la instrucción de los delitos.

 

 

Si el Ministerio Fiscal se organiza conforme a criterios de dependencia y jerarquía, y en la cúspide de esa pirámide está un Fiscal General del Estado cuyo nombramiento está atribuido al Presidente del Gobierno, existirá un riesgo de que se generen espacios de impunidad en la persecución de determinados delitos, especialmente aquellos que sean perseguibles de oficio y que hayan sido cometidos por autoridades públicas (delitos de corrupción, principalmente)”.

 

 

 

La única asociación que sí está conforme con el cambio es Jueces y Juezas para la Democracia.

 

 

Su portavoz, Edmundo Rodríguez tacha de “éxito que por fin se haya presentado el primer proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que tiene que acomodar, por fin, el sistema procesal penal a las exigencias de la Constitución, apostando por un sistema que abandone resabios inquisitivos y apueste por un mayor garantismo sobre todo en la instrucción”.