Javier Aroca estalla después de que el PP vuelva a “augurar” el futuro del Gobierno: “Esto es un escándalo”.

 

 

 

Cuca Gamarra aseguraba que habrá “nuevos casos” y “nuevos detenidos” cuando “acabe la semana”.

 

 

 

 

 

 

En los últimos días, la política española ha entrado en una espiral de sospechas, augurios y acusaciones que va mucho más allá de la habitual bronca parlamentaria.

 

 

El Partido Popular, con Cuca Gamarra a la cabeza y varios portavoces en los platós, parece tener una bola de cristal capaz de anticipar detenciones, registros y escándalos relacionados con el círculo más estrecho de Pedro Sánchez y el PSOE.

 

 

No es la primera vez que la oposición juega a predecir el futuro judicial del Gobierno, pero esta vez el asunto ha cruzado una línea que inquieta a periodistas, analistas y ciudadanos de a pie.

 

 

 

La pregunta que resuena en tertulias y redes sociales es directa y demoledora: ¿De dónde saca el PP esa información? ¿Quién filtra los procedimientos judiciales antes de que sean públicos? ¿Estamos ante una conexión subterránea entre la judicatura, la policía y la oposición política? Y, lo que es más grave, ¿qué significa para la salud democrática de España que la principal fuerza de la oposición anuncie, casi con precisión, los movimientos de la UCO y la Fiscalía?

 

 

La polémica estalló cuando Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, afirmó en televisión.

 

 

“Comienza una semana y lo que todos tenemos claro es que cuando finalice habrá nuevos casos, nuevos detenidos, nuevos investigados, nuevas sedes que habrán sido requeridas de información o habrán recibido la visita de la UCO.

 

 

Sabemos que estarán vinculados al PSOE y que formarán parte del círculo más estrecho de Pedro Sánchez”.

 

 

La frase, lejos de ser una simple opinión política, sonó a predicción informada, a conocimiento previo de operaciones judiciales que, por ley, deberían ser secretas hasta su ejecución.

 

 

El impacto fue inmediato: periodistas como Javier Aroca y Ernesto Ekaizer no tardaron en denunciar el escándalo y en abrir un debate sobre la posible existencia de un “doble poder” en España, capaz de condicionar la agenda política y judicial.

 

 

La sospecha de filtraciones judiciales no es nueva en España, pero nunca había alcanzado este nivel de visibilidad y gravedad.

 

 

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Justicia, lo verbalizó en el Congreso: “¿Quién le pasa información al PP? ¿Tiene el PP alguna información subterránea por parte de alguien que conoce los procedimientos judiciales? ¿Por parte de la UCO, Fiscalía, judicatura, Policía Nacional?”.

 

 

La pregunta es incómoda porque apunta a la raíz del sistema democrático: la independencia judicial y la separación de poderes.

 

 

Si la oposición recibe información anticipada sobre investigaciones, detenciones y registros, no solo se rompe la igualdad ante la ley, sino que se pone en riesgo la credibilidad de las instituciones.

 

 

Los ciudadanos empiezan a dudar de la justicia, a sospechar de la policía y a preguntarse si los partidos juegan con ventaja según quién les filtre qué.

 

En el programa de TVE ‘Malas Lenguas’, Javier Aroca no pudo contener su indignación: “Me parece que esto es un escándalo.

 

 

Esto no le puede sentar bien a nadie, incluso aunque esté en contra y no le gusten las políticas del señor Sánchez.

 

 

 

¿Quién es el oráculo del PP como para saber a quién van a investigar, a quién van a registrar? ¿Qué está pasando en este país para que haya esta transmisión de confidencialidades entre determinados poderes, entre elementos de la España más profunda y secreta y la oposición? En cualquier país, un demócrata debería denunciar esto”.

 

 

La reflexión de Aroca conecta con el sentir de muchos ciudadanos que, más allá de sus preferencias políticas, exigen que la justicia sea ciega, imparcial y ajena a los intereses partidistas.

 

 

El escándalo no es solo que el PP parezca saberlo todo antes que nadie, sino que esa información se utilice para desgastar al gobierno y para alimentar una atmósfera de sospecha permanente.

 

Ernesto Ekaizer fue aún más contundente: “Existe una campaña clarísima, un golpe de Estado en marcha, permanente y que va in crescendo.

 

 

Tiene fechas importantes, como la del 5 de junio con el informe de la UCO. Ahí la expectativa era que Pedro Sánchez se cayera al abismo.

 

 

No lo hizo, vino luego un valle, el verano y ahora ha vuelto a retomarse en función de las próximas elecciones de Extremadura y de un calendario”.

 

 

Para Ekaizer, lo que ocurre no es solo una filtración puntual, sino la evidencia de una estrategia de descomposición política, donde la oposición utiliza información privilegiada para criminalizar y atacar a todas las personas cercanas al presidente.

 

 

La ofensiva contra figuras como Leire Díez y José Luis Rodríguez Zapatero sería parte de esa lucha de doble poder, donde la justicia y la política se confunden y se instrumentalizan.

 

El debate también pone el foco en el papel de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y en la espectacularización de las operaciones judiciales.

 

 

Ekaizer advierte que muchas de estas actuaciones son “inflacionadas”, es decir, se presentan como grandes golpes policiales cuando, en realidad, su resultado puede ser limitado o incluso irrelevante judicialmente.

 

 

Lo importante no es tanto el éxito de la investigación como el titular mediático, el impacto en la opinión pública y el desgaste del adversario político.

 

 

La operación contra Leire Díez, por ejemplo, fue anunciada casi en tiempo real por el PP, antes incluso de que los medios pudieran confirmar los detalles.

 

 

La ofensiva contra Zapatero, igualmente, forma parte de una estrategia de criminalización que busca asociar al PSOE y a su entorno con la corrupción y el delito, aunque las pruebas sean débiles o las investigaciones acaben en nada.

 

Lo que está en juego no es solo la reputación de unos políticos o el resultado de unas elecciones.

 

 

Es la confianza en las instituciones, la credibilidad de la justicia y la salud democrática del país.

 

 

Cuando la oposición parece tener acceso a información confidencial, cuando los augurios se convierten en realidad y cuando los debates parlamentarios se llenan de amenazas veladas sobre futuras detenciones, la democracia se resiente.

 

 

El PP, por su parte, defiende que su información proviene de fuentes abiertas, de investigaciones periodísticas y de la propia lógica política.

 

 

Pero la frecuencia y la precisión de sus vaticinios hacen difícil creer que todo sea fruto de la casualidad.

 

 

La sospecha de filtraciones, de complicidades y de conexiones subterráneas entre los poderes del Estado y la oposición, cobra fuerza y alimenta la teoría de una crisis institucional que va mucho más allá del enfrentamiento electoral.

 

 

 

 

En este contexto, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Son quienes deben investigar, contrastar y denunciar las posibles irregularidades, pero también quienes pueden contribuir a la espectacularización y a la polarización del debate.

 

 

La responsabilidad democrática exige rigor, prudencia y valentía para señalar cuando el sistema se tambalea y cuando la justicia pierde su independencia

 

 

El debate abierto por Aroca y Ekaizer es, en el fondo, una llamada de atención a toda la sociedad. No basta con indignarse en redes ni con denunciar desde los platós.

 

 

Es necesario exigir transparencia, investigar las posibles filtraciones y proteger la independencia de la justicia frente a cualquier intento de instrumentalización política.

 

La ciudadanía no es solo espectadora de este drama institucional. Tiene el poder de exigir explicaciones, de reclamar transparencia y de denunciar cualquier intento de manipulación de la justicia.

 

 

La democracia se construye cada día, en los pequeños gestos y en las grandes decisiones.

 

 

Y cuando los partidos parecen saberlo todo antes que nadie, cuando la justicia se convierte en arma política, es el momento de alzar la voz y de exigir que el sistema funcione para todos, no solo para unos pocos.

 

La pregunta que queda en el aire es tan antigua como la democracia misma: ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién controla que la justicia sea realmente independiente? ¿Quién protege a la ciudadanía de los abusos de poder, de las filtraciones interesadas y de la instrumentalización política de los procedimientos judiciales?

 

 

 

España vive un momento delicado, donde la desconfianza crece y donde las instituciones deben demostrar que están a la altura del reto.

 

 

La transparencia, la independencia y el respeto a la ley son los pilares de cualquier democracia. Y cuando esos pilares se tambalean, es responsabilidad de todos, políticos, periodistas y ciudadanos, defenderlos con firmeza.