Por qué Europa no puede hacer nada contra Trump en Groenlandia.

Durante semanas, la palabra Groenlandia ha aparecido en titulares, tertulias y editoriales como si se tratara de una extravagancia más dentro del catálogo de provocaciones de Donald Trump.
Una frase lanzada desde un avión presidencial, una referencia a la “seguridad nacional”, un gesto que muchos intentaron encajar en la lógica del espectáculo político.
Pero reducirlo a eso es un error grave. Groenlandia no es un capricho ni una anécdota.
Es una señal. Una grieta por la que se asoma un cambio profundo en el equilibrio de poder global y, sobre todo, un espejo incómodo que refleja la debilidad estratégica de Europa en el siglo XXI.
Porque la pregunta relevante no es por qué Trump habla de Groenlandia.
La pregunta de fondo es por qué puede hacerlo, por qué puede insinuar incluso el uso de la fuerza y, aun así, Europa apenas acierta a responder con comunicados formales y gestos simbólicos.
Groenlandia no es el tema. Europa sí lo es. Y lo que está en juego va mucho más allá de una isla helada en el Ártico.
Cuando Trump insiste en que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por razones de seguridad nacional, no está improvisando.
Está verbalizando una lógica de poder que lleva años desarrollándose y que hoy se expresa sin complejos.
El Ártico se ha convertido en un nuevo tablero estratégico donde confluyen rutas marítimas emergentes, recursos críticos, infraestructura militar, vigilancia tecnológica y control de las futuras cadenas de suministro globales.
En ese tablero, quien no decide, obedece. Y Europa, hoy, explica. Otros deciden.
Groenlandia pertenece formalmente al Reino de Dinamarca. Es, en los papeles, territorio europeo.
Pero las llaves reales de su seguridad y de su arquitectura estratégica llevan décadas en manos de Washington.
Bases militares estadounidenses, acuerdos de defensa asimétricos y una dependencia estructural que se asumió como cómoda durante décadas han terminado por vaciar de contenido la soberanía efectiva.
Europa conserva el título de propiedad, pero no controla el edificio.
Cuando una superpotencia invoca la seguridad nacional, el derecho internacional pasa a un segundo plano.
No desaparece, pero se convierte en una nota al pie. Lo hemos visto en conflictos recientes, en reconfiguraciones de zonas de influencia y en decisiones unilaterales que se imponen como hechos consumados.
El más fuerte no amenaza directamente: redefine prioridades. Y frente a eso, Europa guarda silencio no por prudencia estratégica, sino porque carece de instrumentos reales para imponer consecuencias.
Las reacciones oficiales ante las declaraciones de Trump han sido correctas en la forma y débiles en el fondo.
Groenlandia y Dinamarca rechazaron la idea, apelaron al derecho internacional, recordaron su pertenencia a la OTAN y subrayaron que no están en venta.
Líderes europeos cerraron filas verbalmente, afirmando que las fronteras no se alteran por la fuerza y que el futuro de la isla solo puede decidirlo su población junto a Dinamarca.
Todo eso es cierto. Todo eso es legal. Y, sin embargo, nada de eso responde a la pregunta esencial: ¿qué haría Europa si Washington decide ir más allá de las palabras?
Porque el precedente es peligroso. Si se normaliza que un aliado plantee abiertamente la anexión o el control forzado de un territorio europeo en nombre de la seguridad nacional, ¿qué impide que otros actores globales adopten el mismo lenguaje? Cuando el vocabulario del poder sustituye al de las normas, el orden internacional tiembla.
Y el Ártico es hoy uno de los espacios donde ese temblor se siente con más fuerza.
Estados Unidos ya intentó comprar Groenlandia en 1946. No es una obsesión nueva. Es una constante estratégica.
Lo que ha cambiado es el contexto. El deshielo acelera la apertura de rutas marítimas que pueden transformar el comercio global.
Bajo el hielo se esconden minerales críticos: tierras raras, uranio, hierro, zinc, petróleo.
Recursos imprescindibles para la transición energética, la industria tecnológica y la autonomía estratégica.
Un informe de la propia Unión Europea reconoce que una gran parte de los minerales críticos para su economía se encuentran en Groenlandia. Y, aun así, Europa no lidera su explotación ni su protección.
Pero reducir el valor de Groenlandia a sus recursos naturales es quedarse corto.
El Ártico del siglo XXI no va solo de materias primas. Va de logística, de posicionamiento, de control de rutas, de cables submarinos que transportarán datos entre continentes, de vigilancia satelital y de dominio del espacio aéreo polar.
Controlar Groenlandia significa tener una ventaja decisiva sobre el “techo del mundo”.
Desde allí se vigila el corredor estratégico que conecta América del Norte con Europa y se proyecta poder hacia el norte de Rusia.
No es casualidad que Moscú haya reforzado su presencia en el Ártico durante la última década, reabriendo bases, desplegando rompehielos nucleares y ampliando su capacidad militar.
Tampoco es casual que China se autodefina como “Estado cercano al Ártico” y busque participar en rutas y proyectos de infraestructura polar. El Ártico ya no es periferia. Es centro.
En este contexto aparece un nombre que lo explica todo: Pituffik, la base militar estadounidense en Groenlandia, conocida durante décadas como Thule. No está ahí por accidente.
Es una pieza clave del sistema de defensa, vigilancia y comunicaciones de Estados Unidos.
Desde allí se monitoriza el espacio, se gestionan sistemas de alerta temprana y se controla una parte esencial del entramado tecnológico-militar del hemisferio norte.
Pituffik es la prueba tangible de que la soberanía europea en Groenlandia es, en gran medida, ficticia.
Dinamarca alquiló parte de su territorio para que otro garantizara una seguridad que no podía costear ni ejercer por sí misma.
Durante años, esa delegación fue cómoda. El precio parecía bajo. Pero ahora se revela el coste real: cuando el inquilino decide que necesita más espacio, el propietario descubre que ya no tiene fuerza para decir que no.
Europa apostó tras 1989 por el poder blando, por las normas, por la cooperación y por la idea de una paz perpetua garantizada por el comercio y el derecho internacional.
Fue una apuesta comprensible y, durante un tiempo, eficaz. Pero el mundo ha cambiado.
Las potencias han vuelto a hablar el lenguaje del poder duro, de la disuasión, de la capacidad de imponer consecuencias. Y Europa, en ese idioma, tartamudea.
Hoy es un imperio administrativo en un mundo que ha vuelto a ser brutalmente geopolítico.
Regula con detalle lo trivial, pero no decide sobre lo decisivo. Puede dictar normas sobre mercados o privacidad, pero no controla su defensa, sus fronteras exteriores ni su autonomía estratégica real. Groenlandia lo expone sin maquillaje.
Dinamarca no puede defender sola la isla. La Unión Europea no tiene un instrumento creíble para hacerlo. Y cuando el “no” carece de fuerza, deja de ser una respuesta.
Trump no crea este problema. Lo expone con una claridad incómoda. Rompe la ficción diplomática y dice en voz alta lo que muchos prefieren no escuchar: Estados Unidos es una superpotencia y actuará como tal.
Europa ya no lo es. Su estilo provoca rechazo, pero su mensaje conecta con una realidad que Bruselas evita afrontar.
¿Por qué ahora? Hay varias claves. La primera es la señalización geopolítica. Al declarar el Ártico como prioridad estratégica, Trump envía un mensaje a rivales y aliados: el hemisferio norte es un espacio de interés vital para Estados Unidos.
La segunda es la táctica de negociación extrema. Pedirlo todo para acabar obteniendo mucho.
Más presencia militar, más control de infraestructuras, más influencia sobre recursos, sin necesidad de una anexión formal.
La tercera es la narrativa interna: presentarse como el líder que protege a su país frente a amenazas externas, reales o percibidas.
Y la cuarta es el hábito de romper moldes, de empujar los límites hasta comprobar dónde están las líneas rojas. Si no hay reacción, se avanza.
Europa, mientras tanto, responde con firmeza retórica pero sin acciones. Se habla de cooperación dentro de la OTAN, lo que paradójicamente subraya aún más la dependencia.
Se pide al lobo que cuide a las ovejas. No hay una contraofensiva política clara ni una estrategia ártica autónoma con músculo real.
Los escenarios que se abren no son tranquilizadores. El más probable es una cooperación forzada: sin invasión ni anexión, pero con un control estadounidense cada vez mayor de facto.
Más activos militares, más privilegios económicos, más alineamiento obligatorio. Europa salvaría las apariencias, pero perdería aún más capacidad de decisión.
Otro escenario es una crisis diplomática prolongada que erosione la confianza dentro de la OTAN y abra grietas aprovechables por Rusia y China.
El peor, aunque menos probable, sería una escalada grave que ponga en cuestión el propio sistema de seguridad surgido tras la Segunda Guerra Mundial.
Sea cual sea el desenlace, Groenlandia ya cumple una función decisiva: revelar la realidad del poder en el siglo XXI.
Nos obliga a elegir entre dos lógicas. La de las normas sin fuerza o la del poder que las hace cumplir.
Nos recuerda que la legalidad internacional es frágil si no está respaldada por capacidad real.
2026 ha empezado con una intensidad que recuerda a otros momentos de cierre de ciclo histórico.
No es necesariamente el año del colapso, pero sí puede ser el año en que deja de ser creíble que todo sigue según lo previsto.
Los sistemas geopolíticos se agotan, los consensos expiran y las promesas incumplidas salen a la superficie.
Groenlandia no es el epicentro del mundo, pero es una de las grietas por las que se filtra ese cambio.
Mirar hacia otro lado no hará que desaparezca. Entenderlo, debatirlo y exigir una Europa capaz de decidir su propio destino sí puede marcar la diferencia.
Porque en el mundo que viene, no bastará con tener razón. Hará falta tener poder para sostenerla.
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