Pablo Iglesias analiza las claves de la desclasificación de los documentos del 23F: “Hubo un error de cálculo…”.

El analista político lanzaba la siguiente pregunta: “¿Por qué un Estado decide hacer una ley para no contarle determinadas cosas a la ciudadanía?”.

Pablo Iglesias en ‘Las mañanas de RNE’.

Hay fechas que no envejecen. Se quedan suspendidas en la memoria colectiva como una fotografía fija, con ruido de fondo, tensión en el aire y una pregunta que nunca termina de responderse del todo. El 23 de febrero de 1981 es una de ellas. Durante décadas, la imagen de un teniente coronel irrumpiendo en el Congreso de los Diputados, pistola en mano, y el mensaje televisado del rey entrada la madrugada han sostenido el llamado “relato oficial” de uno de los episodios más delicados de la democracia española.

Ahora, cuando se cumplen 45 años de aquel intento de golpe de Estado, el Gobierno ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará la desclasificación de los documentos relacionados con el 23F. La medida ha sido presentada como una forma de saldar “una deuda histórica con la ciudadanía”. Pero la decisión no llega en un vacío político ni emocional. Llega en un momento en el que las certezas del pasado se revisan, los símbolos se cuestionan y las nuevas generaciones reclaman respuestas más allá de los mitos.

En ese contexto, el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a colocar el foco sobre las zonas grises de aquel episodio. Lo hizo en una intervención en Radio Nacional de España, donde analizó las implicaciones de la desclasificación y cuestionó abiertamente la versión consolidada durante más de cuatro décadas.

Para entender la dimensión del debate hay que regresar a 1981. España atravesaba una transición política compleja. Adolfo Suárez había dimitido como presidente del Gobierno en enero de ese año, desgastado por presiones internas, crisis económica y tensiones territoriales. El proceso autonómico avanzaba, pero no sin resistencias dentro de sectores del aparato del Estado y de las Fuerzas Armadas.

El 23 de febrero, mientras el Congreso votaba la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el hemiciclo con un grupo de guardias civiles. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Horas después, el rey Juan Carlos I apareció en televisión vestido con uniforme militar, defendiendo el orden constitucional y desautorizando la asonada.

Esa secuencia se convirtió en el núcleo del relato democrático: unos militares rebeldes intentaron quebrar el sistema y un monarca comprometido con la Constitución lo salvó. Durante años, esa narrativa fue repetida en libros de texto, documentales y conmemoraciones oficiales.

Sin embargo, la historia rara vez es tan lineal.

En su intervención radiofónica, Pablo Iglesias recordó una entrevista realizada en 2011 a Santiago Carrillo. En aquella conversación, le preguntó si Ramón Tamames —economista y figura histórica del PCE— conocía detalles del 23F. La respuesta afirmativa abrió, según Iglesias, una grieta en el relato oficial.

Para el exdirigente de Podemos, el problema de las leyes de secretos oficiales es estructural: los secretos existen porque hay información que, de hacerse pública, podría cuestionar a sectores clave del poder. En su opinión, el relato sobre el 23F podría no ser una excepción.

Las sospechas sobre el papel del rey emérito no son nuevas. Historiadores y periodistas han debatido durante años sobre el grado de conocimiento previo que pudo tener la Casa Real respecto a determinados movimientos dentro del Ejército. El nombre del general Alfonso Armada, antiguo preceptor de Juan Carlos I, ha sido uno de los más citados en ese debate. Armada fue condenado por su implicación en la intentona golpista, pero su proximidad a la Corona alimentó durante décadas hipótesis sobre contactos y maniobras paralelas.

Iglesias fue más allá en su análisis. Sostuvo que la figura política que más interés tenía en la salida de Adolfo Suárez era precisamente el rey. Esta afirmación conecta con investigaciones periodísticas que han descrito tensiones crecientes entre Suárez y la Zarzuela en los meses previos al golpe, especialmente por el ritmo de las reformas y la gestión del proceso autonómico.

El llamado “golpe blando” o “operación Armada” es otra pieza del puzle. Según diversas reconstrucciones históricas, existió la idea de conformar un gobierno de concentración nacional presidido por una figura de consenso que integrara a representantes de distintos partidos, incluido el PSOE. La irrupción de Tejero en el Congreso habría alterado ese plan inicial, introduciendo un elemento más radical e imprevisible.

La tesis que apunta a un “error de cálculo” —mencionada por Iglesias— no es nueva en ciertos círculos académicos. Plantea que algunos sectores del poder buscaban reconducir la situación política hacia un gobierno de unidad que frenara el desarrollo autonómico y reforzara la autoridad del Estado. Sin embargo, la entrada armada en el hemiciclo desbordó cualquier guion previsto.

Hasta ahora, gran parte de esta discusión se ha movido en el terreno de la interpretación histórica. La desclasificación anunciada podría aportar documentos oficiales que permitan confirmar o descartar hipótesis. Actas, comunicaciones internas, informes de inteligencia y correspondencia institucional podrían ofrecer una visión más precisa de lo que ocurrió en las horas previas y posteriores al 23F.

La cuestión clave es qué nivel de transparencia real implicará la medida. España ha mantenido durante décadas una legislación de secretos oficiales heredada del franquismo, con reformas parciales pero sin una revisión profunda. La promesa de abrir archivos relacionados con el 23F ha aparecido en distintos momentos, pero nunca se había concretado con este alcance.

En su intervención, Iglesias expresó su deseo de que la desclasificación no sea una operación cosmética. En su opinión, los relatos oficiales sobre la historia política española han funcionado en muchos casos como herramientas de marketing institucional. La monarquía, sostuvo, fue objeto de una construcción simbólica que hoy se resquebraja a la luz de los escándalos financieros y personales que rodearon al rey emérito tras su salida de España en 2020.

El contraste entre la imagen del monarca salvador de la democracia y las informaciones posteriores sobre cuentas en el extranjero, comisiones y donaciones opacas ha impactado profundamente en la percepción pública. Para algunos analistas, la revisión del 23F forma parte de un proceso más amplio de reevaluación de la Transición.

No se trata solo de revisar el pasado por curiosidad académica. Se trata de entender cómo se construyó el sistema político actual y qué pactos, explícitos o implícitos, lo sostuvieron. La Transición española fue presentada durante años como un modelo de consenso y reconciliación. Pero toda narrativa histórica es también una selección: enfatiza unos hechos y minimiza otros.

La desclasificación podría arrojar luz sobre preguntas que siguen abiertas. ¿Qué información manejaban los servicios de inteligencia en los días previos? ¿Qué contactos se produjeron entre mandos militares y actores políticos? ¿Existieron conversaciones informales sobre fórmulas alternativas de gobierno? ¿Qué papel jugó realmente la Casa Real antes y después de la irrupción de Tejero?

Es importante subrayar que cuestionar el relato oficial no equivale automáticamente a confirmar teorías conspirativas. La historia se construye con documentos, contexto y análisis crítico. Precisamente por eso, el acceso a fuentes primarias es fundamental.

El anuncio gubernamental coincide con un momento de polarización política intensa. El debate sobre la memoria democrática, la revisión del pasado y el papel de las instituciones del Estado forma parte del enfrentamiento cotidiano entre bloques ideológicos. En ese clima, cualquier revelación puede ser utilizada como munición política.

Sin embargo, más allá de la coyuntura, existe una demanda social creciente de transparencia. Las nuevas generaciones no vivieron el 23F. Su relación con aquel episodio no está mediada por el miedo inmediato a un retorno al autoritarismo, sino por la distancia crítica y la voluntad de comprender. Para ellas, el mito fundacional de la democracia necesita pruebas, no solo relatos.

La apertura de archivos también puede tener implicaciones académicas. Historiadores que durante años han trabajado con fuentes indirectas o testimonios parciales podrán contrastar sus hipótesis con documentación oficial. Eso no garantiza unanimidad interpretativa, pero sí eleva el nivel del debate.

En paralelo, la figura de Felipe VI aparece inevitablemente en la conversación. Tras la abdicación de su padre en 2014, el actual monarca ha intentado marcar distancia con las polémicas del pasado y reforzar una imagen de institucionalidad y transparencia. La desclasificación del 23F podría afectar indirectamente a esa estrategia, dependiendo de lo que revelen los documentos.

El 23 de febrero de 1981 fue un punto de inflexión. Consolidó la percepción de que la democracia había superado su prueba más dura. Pero también dejó sombras que nunca se disiparon del todo. Cada aniversario reabre el debate, aunque rara vez con la intensidad actual.

La intervención de Iglesias en Radio Nacional no fue un hecho aislado. Forma parte de una corriente más amplia que reclama revisar críticamente la historia reciente. Sus palabras, provocadoras para algunos y necesarias para otros, reflejan una tensión entre memoria oficial y memoria crítica.

La pregunta que subyace es sencilla y compleja a la vez: ¿puede una democracia madura afrontar sus zonas oscuras sin que eso implique deslegitimar su propio origen? La respuesta dependerá en parte de cómo se gestione esta desclasificación.

Si los documentos se publican de forma íntegra y accesible, el país tendrá la oportunidad de confrontar su pasado con datos en la mano. Si, por el contrario, la apertura es parcial o limitada, la sospecha de opacidad persistirá.

Cuarenta y cinco años después, el 23F sigue siendo un espejo en el que España se mira para evaluar su propia historia. La decisión del Gobierno abre una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Lo que haya detrás no solo interesará a historiadores o periodistas, sino a cualquier ciudadano que quiera comprender cómo se construyó el sistema político en el que vive.

Porque las democracias no se fortalecen ocultando preguntas incómodas, sino respondiéndolas con rigor.

La desclasificación no cambiará lo que ocurrió en 1981. Pero sí puede cambiar la manera en que lo entendemos. Y, en última instancia, la forma en que entendemos nuestro presente.