La dimisión ‘parcial’ de Gallardo abre el camino a dilatar los plazos en el ‘caso del hermano de Sánchez’.

 

 

 

Hace unos meses el TSJ de Extremadura calificó su aforamiento de fraudulento, pero ahora se abre un nuevo escenario tras las elecciones.

 

 

 

 

 

 

La dimisión de Miguel Ángel Gallardo como secretario general del PSOE de Extremadura, tras el histórico batacazo electoral sufrido por los socialistas en la comunidad, ha abierto una nueva etapa política marcada no solo por la derrota en las urnas, sino por una fuerte controversia judicial y ética que vuelve a situar el foco sobre el aforamiento y su uso estratégico en España.

 

Gallardo anunció su salida como máximo responsable del partido en Extremadura en un contexto de enorme presión interna y externa.

 

El desplome del PSOE en las elecciones autonómicas dejó una imagen de debilidad inédita en una región tradicionalmente socialista.

 

Sin embargo, su dimisión ha sido calificada como “parcial”, ya que el dirigente mantiene su escaño en la Asamblea de Extremadura y no renuncia al acta de diputado. Esa decisión, lejos de cerrar el capítulo, ha intensificado la polémica.

 

Mantener el acta no es un detalle menor. Al hacerlo, Gallardo conserva la condición de aforado, una figura jurídica que implica que, en caso de ser juzgado, su causa pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y no a un juzgado ordinario.

 

Para muchos analistas y para buena parte de la opinión pública, esta maniobra tiene una clara lectura política y personal, especialmente teniendo en cuenta el proceso judicial que se cierne sobre él.

 

El dirigente socialista está imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, en relación con la contratación directa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz en el año 2017.

 

Un nombramiento que, según la investigación judicial, podría haberse realizado sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad exigidos en la administración pública.

 

No es la primera vez que Miguel Ángel Gallardo protagoniza un movimiento interpretado como un intento de esquivar la acción de la Justicia.

 

En mayo del pasado año, apenas un día después de que la jueza Beatriz Biedma decretara la apertura de juicio oral, Gallardo dejó la presidencia de la Diputación de Badajoz para incorporarse como diputado a la Asamblea de Extremadura.

 

Aquella decisión fue vista como una maniobra calculada para obtener el aforamiento de manera acelerada y lograr que su causa fuera elevada al Tribunal Superior de Justicia, en lugar de ser juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz.

 

El objetivo, según diversas fuentes jurídicas, habría sido ganar tiempo y retrasar el juicio.

 

De hecho, la vista oral está actualmente prevista para comenzar el 28 de mayo de 2026.

 

Sin embargo, tanto la jueza instructora como el órgano judicial superior consideraron que aquel aforamiento exprés incurría en un claro “fraude de ley”.

 

La Justicia entendió que no se podía utilizar el acceso a un cargo público como un simple escudo procesal.

 

Aquel episodio dejó imágenes especialmente llamativas. Un día antes de que Gallardo fuera enviado al banquillo de los acusados, cuatro candidatos del PSOE de Extremadura renunciaron expresamente a ser proclamados diputados electos en la Asamblea.

 

Una cadena de renuncias que permitió a Gallardo acceder al escaño y que apuntaba a un plan previamente concebido y organizado desde la estructura del partido.

 

Ahora, el escenario político ha cambiado de forma sustancial. El adelanto electoral en Extremadura obliga a constituir la nueva Asamblea antes del 20 de enero.

 

Al dimitir únicamente como secretario general del PSOE y no como diputado, Gallardo pasa a estar aforado de nuevo, esta vez no por una maniobra exprés, sino al amparo del nuevo calendario político y del resultado electoral.

 

Es decir, obtiene la condición de aforado como consecuencia directa del voto ciudadano y no de una cadena de renuncias internas.

 

Esta diferencia es clave desde el punto de vista jurídico. Según explican expertos en derecho administrativo y penal, el hecho de que el escaño se haya obtenido mediante elección directa refuerza la legitimidad del aforamiento y abre la puerta a que la causa pueda ser asumida ahora sí por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

 

Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados, recuerda que un diputado adquiere la condición de aforado tras jurar o prometer la Constitución.

 

Ese acto tiene lugar durante la primera sesión plenaria a la que asiste después de ser proclamado electo

 

A partir de ese momento, el parlamentario puede solicitar que su causa sea conocida por un órgano judicial superior.

 

No obstante, el letrado advierte de que el proceso no está exento de complejidad. En este caso concreto, la causa podría quedar dividida.

 

Por un lado, la Audiencia Provincial de Badajoz podría enjuiciar a los no aforados, ya que en el procedimiento hay un total de once imputados.

 

Por otro, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se ocuparía exclusivamente de la situación procesal de Gallardo, siempre que no exista una conexión material tan fuerte que obligue a unificar la causa.

 

“El aforamiento es una excepción a la regla general de competencia objetiva por razón de la persona”, explica Benítez Ostos.

 

“Afecta principalmente al derecho de defensa del aforado y solo se extiende a los no aforados cuando existe una conexión material intensa entre los hechos que se les imputan.

 

Si los hechos son separables, el tribunal superior solo asumiría la causa del aforado”, concluye.

 

Más allá del caso concreto de Gallardo, el debate sobre el aforamiento vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política y judicial española.

 

Este verano, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, fue especialmente contundente con España en su informe anual.

 

El organismo reprochó al Gobierno de Pedro Sánchez no haber adoptado ninguna medida efectiva para reformar el sistema de responsabilidad penal de los miembros del Ejecutivo y otros cargos públicos.

 

El GRECO lleva años reclamando una reducción drástica de los aforamientos, al considerar que generan una percepción de privilegio y pueden debilitar la confianza ciudadana en las instituciones.

 

España es uno de los países europeos con mayor número de personas aforadas, una anomalía que contrasta con el discurso oficial de regeneración democrática.

 

En esta misma línea se ha pronunciado públicamente Manuel Marchena, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

 

En varias intervenciones, Marchena ha criticado abiertamente el uso excesivo del aforamiento en España. “Se nos ha ido de las manos”, afirmó recientemente.

 

“Parece que un cargo no está lo suficientemente vestido si no está aforado, y eso es un error”, señaló, defendiendo que esta figura debería limitarse a diputados, senadores, miembros del Gobierno y el Rey.

 

Las palabras de Marchena resonaron con fuerza en un contexto marcado por casos como el de Gallardo, donde la frontera entre la protección institucional y el beneficio personal resulta especialmente difusa.

 

Para muchos ciudadanos, la permanencia del dirigente socialista como diputado tras una derrota electoral tan severa refuerza la sensación de que la política sigue utilizando mecanismos legales para blindarse frente a la Justicia.

 

Mientras tanto, el PSOE de Extremadura trata de recomponerse tras el golpe electoral.

 

La dimisión de Gallardo como secretario general busca, al menos formalmente, abrir una etapa de renovación interna.

 

Sin embargo, su continuidad en la Asamblea y su protagonismo judicial dificultan ese proceso y mantienen al partido bajo una presión constante.

 

El caso Gallardo se ha convertido así en un símbolo de un debate mucho más amplio: el de los límites éticos del poder, la utilización de las instituciones para la autoprotección y la necesidad de reformar figuras jurídicas que, lejos de fortalecer la democracia, alimentan la desconfianza ciudadana.

 

En un momento de desgaste político generalizado, cada decisión cuenta, y cada maniobra es observada con lupa por una sociedad cada vez más crítica.

 

El desenlace judicial aún está por escribirse, pero el impacto político ya es evidente.

 

Extremadura no solo ha asistido a un cambio de ciclo electoral, sino que se ha convertido de nuevo en el epicentro de una discusión nacional sobre aforamientos, responsabilidad política y la verdadera igualdad de todos ante la ley.