ABASCAL saca las FOTOS PROHIBIDAS de SÁNCHEZ y el CONGRESO se queda DE PIEDRA.

 

 

El debate parlamentario volvió a convertirse en un campo de batalla emocional, simbólico y profundamente ideológico.

 

No fue una sesión más. Fue una de esas intervenciones que condensan el clima político de una época, donde la memoria histórica, la corrupción, la inmigración y el uso del pasado como arma arrojadiza se cruzan sin filtros.

En el centro, el Gobierno de Pedro Sánchez; enfrente, una oposición que acusa al Ejecutivo de manipular la historia, profanar la memoria de las víctimas y utilizar el dolor como cortina de humo para tapar escándalos presentes.

 

Las palabras iniciales del bloque gubernamental marcaron el tono. La acusación fue directa: la derecha y la extrema derecha estarían intentando “resucitar el franquismo”, reescribir la historia y negar hechos contrastados.

No como un debate académico, sino como una estrategia política con poder institucional detrás.

Según esta visión, ya no se trata solo de opinión, sino de capacidad legislativa: leyes autonómicas, como la anunciada en Baleares, que buscan derogar o vaciar de contenido las políticas de memoria democrática impulsadas en los últimos años.

El mensaje era claro: cuando se tiene el poder, los “delirios” pueden convertirse en realidad.

 

Desde esa tribuna se denunció que el Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, habría abierto la puerta a Vox en gobiernos autonómicos y municipales, permitiendo que ese discurso se institucionalice.

Se insistió en una idea clave: en democracia se pueden tener opiniones, incluso aberrantes, pero no se pueden fabricar hechos alternativos. Reescribir la historia no sería concordia, sino venganza.

No sería reconciliación, sino olvido impuesto. No sería dignidad, sino sumisión a una mentira histórica que, según el Ejecutivo, pretende equiparar la dictadura franquista con la Segunda República y absolver las matanzas posteriores a la Guerra Civil.

 

Esa acusación no es menor. Toca uno de los nervios más sensibles de la política española: el relato del pasado.

La afirmación de que se busca equiparar 1931 con 1939, República con dictadura, supone denunciar un intento de blanqueamiento de un régimen que aisló a España de Europa durante cuatro décadas.

Para el Gobierno, lo que está en juego no es una ley más, sino la propia forma en la que una sociedad se mira al espejo de su historia.

 

Pero si esa intervención fue dura, la respuesta de Santiago Abascal elevó el nivel de confrontación a un terreno aún más áspero.

El líder de Vox tomó la palabra con un discurso cargado de dramatismo, acusaciones extremas y una estrategia clara: convertir la política de memoria del Gobierno en un símbolo de decadencia moral.

Según Abascal, Pedro Sánchez estaría “acorralado por la corrupción”, tanto por la que se va conociendo como por la que, asegura, ya se ha vivido en el Congreso mediante pactos de investidura a cambio de “favores criminales”.

 

Desde esa premisa, el líder de Vox dibujó un retrato del presidente del Gobierno como alguien capaz de cualquier cosa para sobrevivir políticamente.

Introdujo entonces uno de los elementos más polémicos del debate: las imágenes de Sánchez en actos relacionados con exhumaciones y restos humanos de la Guerra Civil.

Abascal calificó esas imágenes de “macabras”, “repulsivas” y propias de “salvajes y bárbaros”, acusando al presidente de posar con cráneos y huesos de víctimas para obtener rédito político.

 

El impacto emocional de esa acusación no es casual. Tocar los restos humanos, el respeto a los muertos y la sacralidad de las víctimas es una línea roja en cualquier sociedad.

Abascal insistió en que esas fotografías no eran un gesto de reparación, sino un acto de propaganda con una intencionalidad política peligrosa: reabrir heridas, sembrar odio y dinamitar la reconciliación entre españoles.

Según su relato, el Gobierno estaría utilizando a las víctimas de ambos bandos de forma perversa: a unas, exhibiéndolas como trofeos; a otras, instrumentalizándolas para mantener vivo el enfrentamiento.

 

En ese punto, el discurso de Vox se construyó sobre una idea central: el Ejecutivo dice que no hay que utilizar a las víctimas, pero sería el primero en hacerlo cuando le conviene.

Víctimas del terrorismo, de agresiones sexuales o de la Guerra Civil. Todas, según Abascal, sometidas a un doble rasero moral.

La consecuencia, afirmó, sería un retroceso civilizatorio que acerca a España a la barbarie y la aleja de cualquier idea de concordia real.

 

El líder de Vox no se quedó ahí. Conectó directamente esta supuesta “obsesión necrofílica” —término que utilizó de forma explícita— con la necesidad del Gobierno de tapar escándalos de corrupción.

Según su versión, mientras se habla de calaveras y fosas, se deja de hablar de contratos, subvenciones, comisiones y tramas.

Mencionó nombres concretos que ya forman parte del imaginario mediático reciente: el caso Tito Berni, Koldo, Víctor de Aldama, las comisiones por mascarillas inservibles, las maletas de Delcy, las cartas de recomendación y las sospechas sobre empresas vinculadas al entorno del presidente.

 

La estrategia es reconocible: trasladar la idea de que la memoria histórica no es una política pública legítima, sino una cortina de humo.

Que el Gobierno recurre a lo más extremo, incluso a imágenes con restos humanos, para evitar que se hable de corrupción económica, especialmente durante la pandemia, cuando —según Abascal— algunos “se llevaron millones como buitres” mientras los españoles sufrían.

 

Este tipo de discurso conecta con un sentimiento real de hartazgo en una parte de la población.

La corrupción, real o percibida, mina la confianza institucional. Y cuando se mezcla con símbolos tan potentes como los muertos de una guerra civil, el resultado es una polarización aún mayor.

Abascal fue explícito: “No hay calavera ni muerto de hace un siglo que tape las vergüenzas de este gobierno”.

 

A partir de ahí, el líder de Vox amplió el foco. Ya no solo se trataba de memoria y corrupción, sino de un modelo de país.

Acusó al Ejecutivo de no gobernar, sino de dirigir tramas. De estar cada vez más cerca del banquillo de los acusados.

De ocultar pruebas, incluso en el contexto del hackeo del teléfono del presidente. De preparar nuevas “vilezas” para mantenerse en el poder.

 

Entre esas supuestas amenazas futuras, Abascal enumeró varias que forman parte del núcleo ideológico de Vox: la Agenda 2030 como “sentencia de muerte” para agricultores, ganaderos y trabajadores industriales; la inmigración ilegal como causa directa del aumento de la inseguridad, las violaciones y la degradación de los servicios públicos; la regularización masiva de personas que entraron ilegalmente en España como un mensaje devastador que, según él, premia al que incumple la ley y castiga al ciudadano honrado y al inmigrante legal.

 

Aquí el discurso se apoya en datos y percepciones que generan miedo. Se citó al Departamento de Seguridad Nacional, que ha señalado la inmigración como una de las principales amenazas.

Se habló de muertes en el Mediterráneo, de mafias del tráfico de personas, de presión sobre la sanidad y los servicios sociales.

Incluso se introdujo el factor del terrorismo yihadista, vinculándolo directamente a la inmigración ilegal y a la apertura de fronteras.

 

Este encadenamiento de ideas no es casual. Construye un relato de colapso: un Estado que no controla sus fronteras, que no protege a sus ciudadanos, que reescribe la historia, que utiliza a los muertos y que, además, estaría corrompido hasta la médula.

Un relato diseñado para movilizar, para provocar indignación y para presentar a Vox como la única fuerza que se opone a ese rumbo.

 

El tramo final del discurso elevó aún más el tono. Abascal llegó a preguntarse si el Gobierno podría encarcelar a la oposición “como Maduro”, dinamitar símbolos como la Cruz del Valle de los Caídos “como un caudillo talibán” o impulsar referéndums que lleven al enfrentamiento civil.

Reconoció que algunas de esas ideas pueden parecer exageradas, pero recordó que muchas cosas que Sánchez dijo que no haría, acabaron haciéndose. La repetición del “no” como señal de lo contrario se presentó casi como una ley política.

 

La intervención concluyó con una apelación directa al líder del PP. Una pregunta cargada de intención: si está dispuesto a repartirse el gobierno de los jueces con “el de las calaveras”.

No era solo una crítica al PSOE, sino una presión directa sobre Feijóo, colocando al Partido Popular ante el dilema de pactar o no con un Gobierno al que Vox describe como moralmente indigno.

 

Más allá del ruido, este debate refleja algo profundo: España sigue sin cerrar del todo las heridas de su pasado, y cada intento de abordarlas se convierte en un arma política.

La memoria democrática, para unos, es justicia y reparación. Para otros, es manipulación y revancha.

La corrupción, para unos, es estructural y sistémica. Para otros, es una acusación interesada amplificada para desgastar al adversario.

 

Lo que resulta evidente es que el lenguaje político ha cruzado hace tiempo la frontera de la moderación.

Las palabras ya no buscan solo convencer, sino impactar, viralizar, provocar reacción emocional inmediata.

En ese terreno, la verdad factual queda muchas veces en segundo plano frente al poder del relato.

 

Para el ciudadano, el reto es enorme. Distinguir entre hechos y discursos, entre políticas públicas y estrategias de distracción, entre memoria y propaganda.

La política no debería ser un espectáculo de cráneos y acusaciones extremas, pero hoy funciona, en gran medida, como tal.

Y mientras tanto, los problemas reales —la convivencia, la justicia social, la transparencia, la economía— siguen esperando respuestas que vayan más allá del grito y la confrontación.

 

Este episodio parlamentario no es un punto final. Es una fotografía nítida del momento político actual.

Una escena que muestra hasta qué punto el pasado sigue siendo un campo de batalla y cómo el futuro se construye, o se bloquea, a golpe de discursos que buscan más la adhesión emocional que el acuerdo racional.

El desafío para España no es solo decidir qué memoria quiere preservar, sino cómo hacerlo sin convertirla en una trinchera permanente.