El estupor de los juristas ante la condena al fiscal general: “Se abre un futuro negro”.

 

 

 

El exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías se muestra asombrado por el fallo que inhabilita a Álvaro García Ortiz: “Es imposible llegar a una pena sin una argumentación escrita”.

 

 

 

 

 

La condena al fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo ha sumido a buena parte de los expertos en derecho procesal y constitucional, al mundo jurídico en general, en una suerte de incredulidad aturdida.

 

 

“El Supremo ha trasladado la idea de primero decidimos y luego ya nos inventamos algo que parezca que la decisión es jurídica.

 

 

Eso es lo que se transmite a la sociedad, la negación de todo lo jurídico”, arguye por teléfono un tan preocupado como sorprendido Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y letrado del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2010. “Me parece terrible”, denuncia Urías en conversación con El HuffPost.

 

 

 

Más allá de la conclusión a la que ha llegado el Supremo, que tampoco comparte, Urías hace mucho hincapié en las formas, en el porqué de que los magistrados hayan decidido hacer pública la condena sin siquiera tener escrita la sentencia.

 

 

“Es una muy mala práctica. Es imposible llegar a una pena sin una argumentación escrita.

 

 

Pueden decir que la han hecho oral, pero no es lo mismo. Cuando escribes, y yo he redactado muchas sentencias, cada palabra es importante para llegar a una conclusión“, explica Urías.

 

 

“Lo que han hecho aquí es: ‘Tenemos una decisión, ya tomada, y luego nos inventaremos los argumentos’. Da mucho miedo y mucha pena”, añade.

 

Si no comparte la condena al fiscal general del Estado, argumenta Urías, no es porque sea el fiscal general del Estado, sino por la ahora discutida presunción de inocencia.

 

 

“En España la inocencia no se demuestra, se tiene; lo que hay que demostrar es la culpabilidad.

 

 

Para condenar a alguien, hay que tener pruebas. Y se queda una mínima duda, entonces se mantiene la inocencia.

 

 

Yo no digo que sea inocente o no, pero sí que en el juicio no se han presentado evidencias de que no lo sea”, comenta el exletrado.

 

 

 

 

Según Urías, habría bastado con que uno solo de los periodistas que se sentó ante los magistrados hubiese declarado que sí, que el fiscal general del Estado les filtró el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos de fraude fiscal. 

 

 

“Si hubiera habido un periodista que confesase que fue el fiscal, eso ya sería una prueba de cargo”, argumenta Urías. Pero no fue así.

 

 

Los periodistas que primero publicaron esta información aseguraron en el Juzgado que no fue Álvaro García Ortiz.

 

 

Es más, algunos afirmaron haber tenido acceso a la información antes incluso que el propio fiscal.

 

 

Pero no parece que el Supremo haya escuchado. Como comenta Urías, “lo que diga un testigo no se valora por quién es el testigo, sino por el contenido de lo que dice; y en este juicio parece que solo creían a los testigos si se ajustaban sus declaraciones a sus creencias y, si no, no”.

 

 

 

Anoche, en la Cadena SER, Emiliano Borja Jiménez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, emitió una opinión similar a la de Urías, si no la misma, pero con sus propias palabras: “En este juicio han ocurrido muchas cosas; yo vi desde el principio que estaba siendo un juicio inquisitivo.

 

 

El objeto de la acusación no estaba claro, por ejemplo, y eso no lo debería haber permitido nunca el tribunal.

 

 

Esto me recuerda a un tribunal inquisitivo, un tribunal que va a buscar más la condena que a buscar la valoración de las pruebas.

 

 

Para todos los juristas que he consultado, independientemente de su ideología, incluso conservadores, esta sentencia debería haber sido absolutoria”.

 

 

El futuro de la justicia: ¿hacia una crisis de legitimidad?

 

 

Joaquín Urías concluye su análisis con una advertencia sombría: “Se abre un futuro negro en el que los jueces ya ni guardan la apariencia”.

 

 

La erosión de las formas, el desprecio por la presunción de inocencia y la falta de transparencia en la argumentación judicial son síntomas de una crisis que podría tener consecuencias devastadoras para la legitimidad de la justicia española.

 

 

 

La protección frente al poder de los jueces, insiste Urías, reside en el respeto escrupuloso a los procedimientos y en la justificación clara y escrita de las decisiones.

 

 

Cuando estos pilares se resquebrajan, la justicia se convierte en un instrumento de poder y pierde su función esencial de garantía y equilibrio.

 

 

 

El debate abierto por la condena a García Ortiz es, en realidad, una llamada de atención sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control y de transparencia en el sistema judicial.

 

 

La sociedad española debe exigir a sus jueces no solo rigor y profesionalidad, sino también respeto por los derechos fundamentales y por las formas que hacen posible la justicia.

 

 

La condena al fiscal general del Estado, dictada en circunstancias tan controvertidas, es más que un episodio judicial.

 

 

Es un desafío para la democracia y para el Estado de derecho. La reacción de los juristas, marcada por el asombro y la preocupación, invita a una reflexión colectiva sobre el papel de la justicia en la sociedad española.

 

 

La confianza en las instituciones depende de la transparencia, de la imparcialidad y del respeto a los principios fundamentales.

 

 

Cuando estos valores se ven amenazados, la democracia entra en crisis y la ciudadanía se siente desprotegida.

 

 

El futuro de la justicia española está en juego, y solo un compromiso firme con la ética y la profesionalidad podrá evitar que la sombra de la arbitrariedad se instale en el corazón de nuestro sistema.

 

 

La pregunta que queda en el aire, y que interpela a todos los ciudadanos, es clara: ¿Estamos dispuestos a aceptar una justicia sin formas, sin transparencia y sin garantías? ¿O exigiremos, como sociedad, que los jueces, fiscales y magistrados respeten los principios que hacen posible la convivencia y la libertad?

 

 

Que los jueces tienen mucho poder no es ninguna sorpresa, un poder “terrible”, dice Joaquín Urías.

 

Pero, para este antiguo letrado del Constitucional, el problema es que “ni siquiera han guardado las formas”.

 

“Lo que nos protege del poder terrible que tienen los jueces son las formas, tanto por hacer público el fallo sin la sentencia como por no respetar la tendencia a la presunción de inocencia”, insiste.

 

 

Y concluye con mal augurio: “Se abre un futuro negro en el que los jueces ya ni guardan la apariencia”.