Golpe judicial el 20-N: el Supremo condena de forma injusta al fiscal general.

 

 

 

El Supremo atenta contra la libertad de información, compra el marco de Miguel Ángel Rodríguez y comete un latrocinio contra el Estado de Derecho.

 

 

 

 

 

Sede del Tribunal Supremo en Madrid.

 

 

 

Esta misma mañana había llamadas telefónicas entre los firmantes de este artículo hablando sobre los rumores que rodeaban a la sentencia del fiscal general del Estado.

 

 

Lo más probable, lo que figuraba en las quinielas y se cocinaba en los mentideros del gremio, era que la sentencia sería absolutoria y que el Tribunal Supremo lo anunciaría este viernes pasado el medio día para tapar las vergüenzas del juez Hurtado y esconderlas con el fin de semana.

 

 

 

Meses de un debate inventado, nacido de un bulo, que terminaría enfangado y pisado entre titulares con los que digerir el ridículo.

 

 

 

 

Pero no. Finalmente, en un giro de tuerca inexplicable, el Alto Tribunal ha decidido redoblar su apuesta y condenar por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa (repartidos en 20 euros diarios durante un año) y 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador.

 

 

 

 

 

 

 

Esta sentencia marca, además, un duro precedente: el Tribunal Supremo ha decidido desoír a todos los periodistas que han desfilado en calidad de testigos y hacer caso a la orden dictada por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y orquestador primigenio del bulo que dio forma a la causa. Seis periodistas profesionales le dijeron al tribunal que García Ortiz no era la fuente.

 

 

 

La vergüenza no acaba ahí. De los juzgados de la plaza de la Villa de París ha salido un fallo sin sentencia, ya que aún no está redactada.

 

 

Más ruido, sin conocer aún los argumentos del Alto Tribunal, para que la derecha judicial dé pie a la mediática y la política a seguir intoxicando con argumentos falaces e inventados por un hombre cuyo único argumento fue tener “muchas canas”.

 

 

 

Condena al periodismo.

 

 

 

La condena a García Ortiz, más allá de la barbaridad contra el Estado de Derecho, que resulta evidente, es un atentado contra la Libertad de Información de todos los ciudadanos.

 

 

 

No solo se ha condenado por una filtración que para nada ha quedado demostrada, pero que además es algo de lo que viven todos los medios de información de este país, sino que ha evidenciado que la palabra de los periodistas no sirve de nada en un tribunal de Justicia.

 

 

 

 

 

 

Varios profesionales de la información pero sobre todo uno, el que dio la exclusiva, Miguel Ángel Campos de la Cadena Ser, declararon que habían accedido a los correos del abogado de González Amador antes que el fiscal general.

 

 

 

Es más, uno de los que declaró llegó a decir que su fuente era de la Fiscalía de Madrid, lo que dejaba fuera al fiscal general sin ningún género de duda.

 

 

Pero los magistrados del Supremo han hecho oídos sordos a lo dicho por los periodistas que han hecho uso del secreto profesional pues no pueden revelar sus fuentes.

 

 

 

Han preferido creer a la UCO, la misma que se negó a investigar a las casi 400 personas que tuvieron acceso a esos correos antes que García Ortiz, o que se inventaron en pleno juicio una afirmación absolutamente increíble de García Ortiz.

 

 

 

Esta sentencia no solo condena al fiscal general del Estado, también condena a los 47 millones de españoles que, a partir de ahora, van a ver cercenado su derecho a una información libre y veraz, pues a partir de ahora, mucho nos tememos, que desde las diferentes fiscalías se va a producir un cerrojo informativo sin precedentes.

 

 

 

 

Reacciones políticas.

 

 

 

 

 

“Sánchez tiene que dimitir y convocar elecciones”, pide ya el PP. La primera respuesta y no es casual.

 

 

El Golpe de Estado judicial se ha perpetrado en una fecha caprichosa.

 

 

El 20 de noviembre que se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco se celebrará entre arribas a España en los cenáculos de los orquestadores del pastel.

 

 

“Respetamos la decisión, pero no la compartimos”, se ha limitado a deslizar por el momento el Gobierno.

 

 

“Puro golpismo judicial”, ahonda Podemos. Hace falta más.

 

 

ElPlural.com lo vuelve a decir: el fiscal general no fue quien filtró el correo con el que se desmontaba el bulo de Miguel Ángel Rodríguez.