Silvia Intxaurrondo anuncia un “nuevo varapalo” para El Mundo en su batalla judicial: “La condena es firme”.

 

 

La directora y presentadora de ‘La hora de La 1’ ha anunciado en sus redes sociales esta nueva resolución de la justicia, dejando claro que no cabe recurso.

 

 

 

 

Hay victorias que no llegan con aplausos ni titulares triunfalistas, sino con una sensación más profunda y difícil de explicar: la de haber resistido cuando todo invitaba a callar.

 

La de haber soportado meses —a veces años— de ruido, insinuaciones y campañas de descrédito, para que al final sea un juez quien ponga el punto final con una frase seca, incontestable y definitiva.

 

Eso es exactamente lo que acaba de vivir Silvia Intxaurrondo. Y por eso esta historia no va solo de una sentencia judicial. Va de algo mucho más grande.

 

Porque cuando una periodista decide enfrentarse a uno de los grandes diarios del país, sabe que el camino no va a ser corto ni cómodo.

 

Sabe que no se trata solo de corregir una cifra mal publicada o un dato tergiversado. Sabe que lo que está en juego es su nombre, su credibilidad y, en muchos casos, su futuro profesional.

 

Aun así, Silvia Intxaurrondo dio el paso. Y hoy, por segunda vez, la Justicia le ha vuelto a dar la razón.

 

La directora y presentadora de La Hora de La 1 lo anunció con un mensaje breve pero contundente en su perfil de X.

 

No hacía falta adornarlo demasiado. Los hechos hablaban solos. El Tribunal Supremo había inadmitido el incidente de nulidad presentado por El Mundo y por su director, Joaquín Manso.

 

Un último intento de reabrir un asunto que ya estaba resuelto. Sin éxito. La condena es firme. No cabe recurso. Rectificación de los bulos y pago de las costas.

 

Pocas palabras, pero con un peso enorme. Porque cuando el Supremo cierra la puerta, no lo hace a medias.

 

Lo hace dejando claro que no hay más interpretaciones posibles. Que la verdad jurídica ya está fijada. Y que, esta vez, no hay margen para seguir estirando el relato.

 

En el momento de hacerse pública esta nueva resolución, el silencio del diario y de su director fue absoluto. Ni comunicados, ni explicaciones, ni matices.

 

Un silencio que contrasta con el ruido que acompañó la publicación original de la información sobre el supuesto salario de Intxaurrondo.

 

Un ruido que se amplificó en redes sociales, tertulias y columnas de opinión, y que alimentó durante semanas una narrativa cargada de sospechas y mensajes implícitos.

 

No es la primera vez que la periodista vasca gana esta batalla. Ya en noviembre había anunciado que el Tribunal Supremo había hecho firme la condena a El Mundo y a Joaquín Manso, obligándoles a rectificar el bulo difundido y a pagar las costas de los tres procesos judiciales. Entonces, Intxaurrondo fue clara: la sentencia era firme y definitiva. No había vuelta atrás.

 

Pero esta nueva resolución tiene un valor añadido. Porque demuestra que, incluso cuando un medio intenta alargar el conflicto por vías procesales, la Justicia puede —y debe— poner límites.

 

El intento de nulidad no prosperó. Y eso refuerza aún más la idea de que no estamos ante una cuestión interpretable, sino ante una información que no se ajustaba a la verdad y que debía ser corregida.

 

Detrás de todo este proceso hay una historia que merece ser contada con calma. Porque no empezó en el Supremo, ni siquiera en la Audiencia Provincial. Empezó con una publicación concreta.

 

El Mundo aseguró que el contrato de Silvia Intxaurrondo había sido renovado el mismo día de la polémica entrevista a Alberto Núñez Feijóo por un importe de 537.000 euros. Una cifra lanzada en un contexto político muy concreto y con una carga simbólica evidente.

 

 

La periodista solicitó la rectificación. No un debate. No una opinión. Una rectificación. El derecho básico que asiste a cualquier ciudadano cuando considera que se ha publicado una información falsa sobre él.

 

La respuesta fue negativa. Y no solo eso. En primera instancia, la Justicia rechazó su petición y la condenó al pago de las costas, al considerar que las informaciones eran veraces por coincidir con un documento interno de RTVE.

 

 

Lejos de rendirse, Intxaurrondo recurrió. Y ahí empezó a cambiar todo. La Audiencia Provincial de Madrid analizó el caso con más profundidad y llegó a una conclusión muy distinta: El Mundo y su director debían rectificar en un plazo de tres días y pagar las costas. Un giro total que desmontaba la versión inicial y abría la puerta a lo que acabaría confirmando el Supremo.

 

 

Durante todo este proceso, la periodista no solo defendió su caso en los tribunales. También explicó públicamente lo que estaba ocurriendo. Denunció que El Mundo había rectificado su información a lo largo de cuatro días, precisamente porque era falsa.

 

Y lanzó una reflexión que resonó con fuerza: solo una información falsa necesita ser rectificada, completada y aclarada de manera reiterada.

 

 

En sus mensajes, Intxaurrondo no se limitó a celebrar la victoria judicial. También expresó su decepción con parte del sector.

 

Criticó abiertamente el silencio de asociaciones profesionales como la Asociación de la Prensa de Madrid ante una campaña de acoso impulsada, según ella, por diputados del Partido Popular.

 

Y lanzó una pregunta incómoda, pero necesaria: cómo era posible que unos diputados pidieran explicaciones sobre un bulo que un periódico publicaría apenas tres días después.

 

Esa pregunta sigue flotando en el aire. Porque este caso no se puede analizar de forma aislada. Forma parte de un clima mucho más amplio, en el que determinados periodistas de la televisión pública se han convertido en objetivo constante de ataques, insinuaciones y campañas de desprestigio.

 

Un clima en el que se cuestiona su profesionalidad no con argumentos, sino con sospechas lanzadas al aire y amplificadas hasta convertirse en “verdades” para una parte de la opinión pública.

 

La victoria de Silvia Intxaurrondo tiene, por tanto, un valor simbólico enorme. No es solo la rectificación de un dato económico.

 

Es la constatación de que el periodismo no puede funcionar sin límites. De que publicar una información falsa tiene consecuencias. Y de que la libertad de prensa no ampara el bulo ni la manipulación.

 

También es un mensaje para quienes dudan si merece la pena acudir a los tribunales. El camino es largo. A veces injustamente largo.

 

Pero este caso demuestra que insistir puede marcar la diferencia. Que recurrir no es una obsesión personal, sino una forma de defender un principio básico: la verdad.

 

No es casualidad que Intxaurrondo agradeciera públicamente el apoyo recibido y mencionara de forma especial a su abogado, David Bravo.

 

En procesos así, el respaldo profesional y humano es clave. Porque la presión no se limita a lo jurídico. Hay desgaste emocional, exposición pública y un juicio constante que va mucho más allá de los autos judiciales.

 

También es significativo el tono con el que la periodista se refirió al propio El Mundo. Lamentó que un periódico en cuyo equipo fundador estuvo Javier Ortiz se haya transformado, según sus palabras, en algo que avergüenza a la profesión. No es una crítica ligera. Es el lamento de alguien que cree en el periodismo y que ve con preocupación ciertas derivas.

 

En un contexto en el que se habla constantemente de libertad de expresión, este caso obliga a matizar. La libertad de expresión no es libertad para mentir.

 

La libertad de prensa no es licencia para difundir bulos sin asumir responsabilidades. Y la crítica legítima no puede confundirse con campañas de acoso sostenidas en datos falsos.

 

La resolución del Supremo marca un antes y un después. Porque fija jurisprudencia. Porque deja claro que no todo vale. Y porque ofrece un precedente que otros profesionales podrán invocar si se ven en situaciones similares.

 

 

Para el lector, esta historia también es una invitación a reflexionar. A no dar por cierta la primera información que aparece. A preguntarse quién la publica, en qué contexto y con qué intereses.

 

A exigir rectificaciones cuando se cometen errores. Y a no normalizar el ruido como si fuera información.

 

Silvia Intxaurrondo ha ganado. Pero no solo ella. Gana el derecho a la rectificación. Gana la idea de que la verdad importa. Y gana, en cierta medida, un periodismo que se niega a asumir que el descrédito es el precio inevitable de hacer su trabajo.

 

Quizá por eso esta victoria no necesita celebraciones grandilocuentes. Basta con leer la sentencia. Basta con saber que el Supremo ha hablado y que no hay recurso posible. A veces, en medio del ruido, ese silencio final es la forma más clara de justicia.