REBELIÓN EN GÉNOVA ” FEIJÓO NO PINTA NADA EN EL PP” MIEDO AYUSO Y ADELANTO ELECTORAL.

 

 

El terremoto Valenciano: Mazón dimite, pero deja a Génova en manos de Vox y desata una crisis en el PP.

 

 

 

La renuncia de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana ha desatado un auténtico terremoto político en la Comunidad Valenciana y más allá, con implicaciones que podrían trastocar el tablero de poder del Partido Popular (PP) a escala nacional.

 

 

Lo que a primera vista puede parecer una retirada estratégica tras la tragedia de la DANA es, para muchos analistas, un movimiento calculado para asegurar un sucesor afín y perpetuar el control de Vox sobre el gobierno valenciano.

 

 

En medio de esta agitación, las negociaciones entre Génova —la cúpula nacional del PP— y Vox se convierten en el centro de una pugna interna que podría redefinir la relación entre ambas fuerzas y poner en jaque la estabilidad institucional.

 

 

El anuncio de su dimisión, hecho público por el propio Mazón, dejó estupefactos a políticos y ciudadanos por igual.

 

 

Según sus palabras, ha llegado al límite tras gestionar una crisis devastadora como la DANA, que causó más de 200 muertos.

 

 

Sin embargo, su marcha no será inmediata ni absoluta: Mazón permanecerá en funciones mientras se negocia su sucesor.

 

 

Así lo establece la normativa autonómica, y el reloj para una nueva investidura ya ha empezado a correr.

 

 

Este escenario no es puramente institucional: tiene un elevado contenido estratégico.

 

Vox, con sus 13 diputados en Les Corts Valencianes, se erige como clave para nombrar al nuevo “president”.

 

 

Según fuentes consultadas, si no apoya al candidato propuesto por el PP, Mazón podría seguir como líder interino durante hasta cinco meses, según los plazos legales establecidos.

 

 

Para hacer que todo esto sea posible, ambas formaciones han alzado el telón de las negociaciones.

 

 

Vox no solo exige poder participar en la definición del calendario legislativo, sino que controla directamente cuándo podría celebrarse la sesión de investidura, otorgándole una poderosa ventaja estratégica.

 

 

Las demandas de Vox no son triviales ni simbólicas: van al núcleo mismo de las políticas valencianas.

 

 

Según reportes, la formación de Abascal exige recortes en subvenciones para la inmigración irregular, la Agenda 2030 y la memoria histórica.

 

 

Estos puntos, que tocan temas sensibles tanto social como ideológicamente, han puesto al PP en una encrucijada: ¿ceder para garantizar estabilidad o resistirse y forzar unas elecciones que podrían ser dolorosas?

 

 

En marzo de 2025, Vox ya había alcanzado un pacto presupuestario con Mazón para aprobar las cuentas autonómicas, lo que evidenciaba desde entonces una dependencia estratégica.

 

 

Parte de ese acuerdo implicó adoptar algunas de las tesis más cuestionables de Vox en inmigración y medio ambiente.

 

 

Además, desde el entorno de Vox se advierte que controlar el calendario de investidura no es solo una cuestión formal, sino una herramienta para condicionar el discurso político y electoral: la forma en que se gestiona ese proceso puede enviar un potente mensaje a los votantes, tanto en la Comunidad Valenciana como en otros territorios donde PP y Vox compiten por la hegemonía.

 

 

La situación es especialmente delicada para Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP. Desde Génova, fuentes apuntan a que el partido debe calibrar muy bien su estrategia: dar demasiadas concesiones a Vox podría dañar su imagen moderada, pero no alcanzar un pacto dejaría al PP vulnerable ante una convocatoria electoral.

 

 

Feijóo ha apremiado a Vox para que evite elecciones anticipadas: según sus declaraciones, una inestabilidad institucional en la Comunidad Valenciana sería vista como irresponsable, especialmente en un momento crítico de reconstrucción tras la DANA.

 

 

 

Pero en paralelo crece el temor dentro del PP nacional de que una campaña valenciana prolongada acabe evidenciando una dependencia estructural de Vox, con un PP sometido a las exigencias de la derecha más dura.

 

 

Algunos dirigentes temen que esa exposición debilite la marca popular de cara a futuras elecciones generales.

 

 

No es casualidad que el debate valenciano coincida con la campaña electoral en Extremadura.

 

Una eventual repetición de elecciones en esa comunidad podría reforzar la narrativa de Vox como actor imprescindible e incluso poderoso, fortaleciendo su posición para exigir más concesiones en otros pactos autonómicos.

 

 

En ese sentido, Vox puede permitirse cierta prisa o lentitud según sus intereses electorales: el control del calendario de investidura le da margen para jugar con los tiempos, decidir cuándo marcar un punto de inflexión o cuándo arriesgarse.

 

 

 

Para el PP, este escenario no deja margen para la improvisación. Ceder demasiado puede provocar un desgaste entre los votantes moderados; resistir demasiado puede cerrar la puerta a un acuerdo estable.

 

 

La tensión entre Feijóo, Vox y Mazón ya no es solo local: es un barómetro de las dinámicas de poder en la derecha española.

 

 

La gestión de Mazón durante la DANA, que causó cientos de víctimas, ha dejado una huella profunda.

 

 

Una encuesta reciente reveló que el 71% de los valencianos considera que Mazón debería dimitir por cómo afrontó la crisis, una cifra que incluye incluso a votantes del PP y de Vox.

 

 

Esta presión ciudadana se suma al malestar político: partidos como el PSPV acusan a la dirección de Génova y a Vox de jugar políticamente con la sucesión de Mazón, en lugar de respetar la voluntad popular.

 

 

Además, líderes de Vox han dejado claro desde hace tiempo que su apuesta por Mazón no es solo institucional sino discursiva: buscan aprovechar su dependencia para impulsar una agenda más agresiva en inmigración, medio ambiente y otras áreas que resonarán de cara a las elecciones autonómicas y nacionales.

 

 

Desde la Comunidad Valenciana, la sucesión de Mazón marca una batalla de poder que va más allá de un mero relevo institucional.

 

 

Para Vox, es una oportunidad para consolidar su influencia política sin asumir formalmente el liderazgo autonómico, ejerciendo poder desde las negociaciones.

 

 

Para el PP, es un examen de realismo: pueden optar por una investidura rápida para mantener la estabilidad, o arriesgarse a una crisis si Vox decide endurecer sus condiciones.

 

 

En Génova, algunos analistas ven una paradoja: un partido que durante años buscó ampliar su base moderada ahora depende de su socio más firme para sostener gobiernos en comunidades clave.

 

 

Esta dependencia puede volverse en su contra si Vox decide dar un giro o si su base demanda más protagonismo.

 

 

Además, el calendario de investidura, controlado en buena medida por Vox, puede convertirse en una herramienta de negociación clave.

 

 

La última semana de noviembre se perfila como decisiva si PP y Vox alcanzan un acuerdo para investir a su candidato preferido.

 

 

Si no lo logran, las consecuencias podrían ser severas: nuevas elecciones autonómicas, una pérdida de credibilidad para Génova y un mensaje claro para el electorado: el PP puede estar más vigilado de lo que aparenta.

 

 

 

Los riesgos para el PP son múltiples. Primero, la exposición política: permitir que Vox marque el ritmo legislativo puede debilitar la percepción de autonomía popularista.

 

 

Segundo, el desgaste electoral: si los acuerdos con Vox se vuelven demasiado visibles, parte de la base moderada podría distanciarse.

 

Tercero, el modelo de dependencia: asumir que Vox tiene que estar siempre presente puede ser insostenible a largo plazo.

 

 

Por su parte, Vox enfrenta un dilema estratégico: exigir demasiado fuerte puede provocar un rechazo electoral en comunidades donde no es tan poderoso; ser demasiado flexible puede diluir su credibilidad entre sus votantes más duros.

 

 

Y está el público valenciano, que observa con escepticismo. Muchos ciudadanos ya no quieren discursos vacíos de pactos ideológicos: demandan claridad, políticas concretas y un liderazgo que rinda cuentas por la tragedia de la DANA.

 

 

La sucesión de Mazón no es solo un asunto de partidos: es una prueba de gobernabilidad y transparencia.

 

 

El próximo mes será decisivo. Si PP y Vox logran cerrar un acuerdo de investidura antes de noviembre, podría consolidarse una continuidad controlada, con un presidente interino o designado que respete las líneas trazadas por Mazón y Vox.

 

 

Si no, podría activarse una convocatoria electoral con el potencial de poner a prueba el nuevo equilibrio de poder en la Comunidad Valenciana y, por extensión, de la derecha nacional.

 

 

Mientras tanto, Génova debe decidir qué modelo de alianza desea consolidar: ¿uno en el que Vox sigue siendo un socio útil pero condicionado, o uno en el que la ultraderecha define la agenda política? Las apuestas son altas, y las implicaciones para el futuro del PP y del panorama político español son profundas.