ESTALLIDO JUDICIAL “DESTAPAN REBELIÓN DE TOGAS SENTENCIA FISCAL GENERAL ¿HAY PREVARICACIÓN SUPREMO?”.

 

 

 

 

 

 

 

El poder judicial y la política española: ¿quién gobierna realmente en España?.

 

 

 

La semana política y judicial en España ha sido, una vez más, de una intensidad que desafía la capacidad de asimilación de la ciudadanía.

 

 

Los acontecimientos se suceden con tal rapidez que resulta complicado discernir si lo que se vive es una crisis institucional o el síntoma de una democracia que, en su madurez, revela todas sus fisuras.

 

 

Lo cierto es que el pulso entre el poder judicial y el gobierno se ha convertido en el verdadero eje de la actualidad, desplazando incluso la relevancia de los partidos políticos y planteando la pregunta incómoda: ¿quién gobierna realmente en España?

 

 

 

Desde el inicio de la legislatura, tras las elecciones del 23 de julio, el país ha sido testigo de una rebelión soterrada de las togas contra la voluntad popular expresada en las urnas.

 

 

La ley de amnistía, gestada como fruto de un pacto político entre el gobierno y Junts, se convirtió en el detonante de una reacción judicial que muchos interpretan como una invasión del espacio reservado a la política.

 

 

El poder judicial, lejos de limitarse a su función de control y garantía, ha ido ocupando el terreno que el Partido Popular y Vox no han sabido o no han querido defender en el Parlamento.

 

 

La debilidad de la oposición parlamentaria, marcada por la inconsistencia de Feijóo y la amenaza constante de Vox, ha abierto una vía de agua por la que el poder judicial se ha colado con fuerza.

 

 

La estrategia parece clara: golpes judiciales que buscan no solo fiscalizar la acción del gobierno, sino sustituirlo, deslegitimarlo y acortar su mandato.

 

 

La gravedad de esta deriva es más que preocupante; es la señal de que la democracia española está viviendo una mutación en la que los jueces ejercen de oposición efectiva, mientras los partidos tradicionales se ven derrotados en las urnas y desbordados en el debate público.

 

 

 

El recuerdo del artículo 155 de la Constitución, aplicado por Mariano Rajoy para intervenir la Generalitat de Cataluña, resuena como antecedente de esta lógica.

 

 

Entonces, la política cedió el testigo a la justicia, y el Tribunal Supremo asumió el papel de árbitro y ejecutor.

 

El procesamiento y condena por rebelión de los líderes del ‘procés’ fue el inicio de una tendencia que, lejos de remitir, se ha consolidado en el tiempo.

 

 

La semilla plantada entonces ha germinado en una cultura institucional donde la tutela judicial se convierte en sustituto de la acción política.

 

 

 

La actual legislatura, nacida bajo el signo de la polarización y el boicot de las derechas al resultado electoral, ha visto cómo el poder judicial asesta golpes cada vez más duros al gobierno.

 

 

Casos como el del fiscal general del Estado, la familia del presidente, las mascarillas y otras investigaciones han servido para alimentar la narrativa de un gobierno acorralado por la corrupción y la ilegitimidad.

 

 

El Tribunal Supremo, con una celeridad que contrasta con la lentitud habitual de la justicia, ha dictado sentencias y adoptado decisiones que parecen responder más a la lógica política que a la jurídica.

 

 

El caso del fiscal general del Estado es paradigmático. El Supremo actúa como si fuera el auténtico Estado Mayor, dictando fallos sin deliberación, vulnerando principios básicos del artículo 24 de la Constitución y mostrando una connivencia preocupante con las partes acusadoras.

 

 

La aparición de miembros del tribunal en cursos organizados por el Colegio de Abogados de Madrid, parte interesada en el proceso, y los comentarios jocosos sobre la sentencia antes de su redacción, evidencian una falta de imparcialidad que erosiona la confianza ciudadana en la justicia.

 

 

La rapidez con la que se transmiten las decisiones, la falta de deliberación real y la connivencia entre acusadores y jueces dibujan un panorama inquietante.

 

 

El tiempo político y el tiempo judicial juegan a ritmos diferentes, y el Supremo parece consciente de que la ejecución inmediata de sus decisiones tiene un impacto devastador en la estabilidad del gobierno, aunque posteriormente sean anuladas por instancias superiores.

 

 

La estrategia es clara: golpear ahora, aunque la justicia real llegue después, cuando los protagonistas ya no estén en activo.

 

 

Los casos de corrupción, como el de las mascarillas en Almería, se convierten en munición para esta ofensiva judicial.

 

 

La investigación de la UCO, los informes, los hallazgos de dinero en efectivo y las grabaciones, todo ello sirve para construir un relato de corrupción sistémica que salpica tanto al gobierno como a la oposición.

 

 

Sin embargo, la diferencia de trato entre unos y otros casos revela una intencionalidad política que no debería tener cabida en una justicia imparcial.

 

 

La sensación de desorden, de ‘pandemonium’ institucional, se instala en la opinión pública.

 

 

El ruido ensordecedor generado por la sucesión de noticias, filtraciones y decisiones judiciales impide abordar los problemas de fondo con seriedad.

 

 

El poder judicial, lejos de actuar como garante de la legalidad, se convierte en protagonista de la contienda política, desplazando a los partidos y generando un clima de desconfianza y crispación.

 

 

El umbral de la prevaricación, ese límite difuso entre la interpretación legítima de la ley y el abuso de poder, se convierte en el centro del debate. ¿Hasta dónde puede llegar el poder judicial sin vulnerar la Constitución y los derechos fundamentales? ¿Quién vigila al vigilante cuando la apariencia de imparcialidad se pierde y los jueces actúan como brazo armado de la derecha política?

 

 

 

El caso Bateragune, resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un ejemplo claro de cómo la falta de imparcialidad judicial puede anular sentencias y poner en cuestión todo el sistema.

 

 

La apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad real, porque la confianza ciudadana en la administración de justicia es el pilar sobre el que se sostiene la democracia.

 

 

La intervención del presidente del tribunal en el juicio del fiscal general, interrumpiendo a testigos y mostrando connivencia con la acusación, es una manifestación preocupante de esta pérdida de neutralidad.

 

 

La transición española, tan alabada por su modelo de consenso, dejó pendiente la gran reforma del poder judicial.

 

 

La continuidad entre el Tribunal de Orden Público y la Audiencia Nacional, la consolidación de familias judiciales y la dificultad de acceso para quienes no tienen padrino, son síntomas de un sistema que no ha terminado de democratizarse.

 

 

La cúpula del Supremo sigue siendo territorio de élites, ajenas a la renovación y al control democrático.

 

 

La situación actual, marcada por la intervención judicial en la política y la falta de consistencia de la oposición, exige una reflexión profunda sobre el futuro de la democracia española.

 

 

La reforma del poder judicial, el acceso a la carrera y la garantía de imparcialidad deben ser prioridades inaplazables.

 

 

La ciudadanía necesita recuperar la confianza en sus instituciones y saber que la justicia está al servicio de la ley y no de intereses partidistas.

 

 

En definitiva, lo que está en juego no es solo la estabilidad de un gobierno, sino la salud misma de la democracia.

 

 

El poder judicial, convertido en oposición efectiva, desafía el equilibrio de poderes y pone en cuestión el principio de soberanía popular.

 

 

La reforma pendiente es urgente, y la sociedad debe exigir transparencia, imparcialidad y responsabilidad a quienes tienen en sus manos el destino de la nación.