ÓSCAR PUENTE pierde la paciencia con el PP: “Qué huevos tiene”.

El hemiciclo estaba encendido mucho antes de que terminara la primera intervención. No era una sesión cualquiera.

Lo que comenzó como una pregunta directa sobre la seguridad de la red de Cercanías en Madrid acabó convertido en uno de los choques parlamentarios más tensos y virales de las últimas semanas.

Cifras millonarias, acusaciones de bulos, referencias a la pandemia, fondos europeos y hasta ataques personales cruzaron el aire del Congreso en cuestión de minutos.

La pregunta parecía sencilla: ¿puede el Gobierno garantizar la seguridad de la red ferroviaria de Cercanías en la Comunidad de Madrid? Detrás de esa formulación, sin embargo, se escondía una batalla política de fondo sobre inversión, gestión y responsabilidad histórica.

El encargado de responder fue el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien optó por una estrategia clara: contraponer la inversión realizada durante los gobiernos del Partido Popular, encabezados por Mariano Rajoy, con la ejecutada bajo el Ejecutivo actual de Pedro Sánchez.

Según defendió el ministro, durante su etapa en el Gobierno se han destinado más de 530 millones de euros a Cercanías Madrid, una cifra que, aseguró, multiplica ampliamente la inversión realizada en los siete años de gobierno del PP.

“Los datos son absolutamente tozudos”, afirmó, subrayando que el deterioro de infraestructuras no puede revertirse en apenas unos años si durante etapas anteriores no se dejaron ni proyectos preparados.

La oposición no tardó en contraatacar. El diputado José María Serrano ironizó con que el ministro recurriría al pasado y a Rajoy, e incluso deslizó una referencia sarcástica a Franco.

Pero el núcleo de su crítica fue otro: la pérdida de usuarios. Según expuso, Cercanías Madrid ha perdido 12 millones de viajeros en los últimos años porque los ciudadanos están “hartos de llegar tarde, de quedarse tirados y de no sentirse seguros”.

El debate dejó claro que el concepto de “seguridad” tiene múltiples dimensiones. Para el Gobierno, seguridad implica inversión sostenida, modernización en marcha y planificación a largo plazo.

Para la oposición, seguridad significa fiabilidad diaria, mantenimiento preventivo y reducción inmediata de incidencias.

La tensión escaló cuando se abordó la alta velocidad y la línea Madrid-Sevilla. El senador Francisco Bernabé planteó que la Comisión Europea había advertido de la obsolescencia de ciertos tramos y recordó que España recibió fondos europeos para renovar elementos de seguridad, incluyendo traviesas y raíles. Preguntó directamente: ¿dónde ha ido ese dinero?

Puente negó tajantemente las acusaciones y calificó varias afirmaciones de “bulo”. Explicó que los fondos europeos fueron solicitados por el propio Gobierno para modernizar la línea, no como consecuencia de una sanción o advertencia formal.

Además, defendió que el director de seguridad de ADIF es el mismo desde 2017, nombrado durante la etapa del PP, y que la reorganización interna responde a recomendaciones técnicas de la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

Más allá del intercambio político, los hechos verificables muestran que España mantiene una de las redes de alta velocidad más extensas del mundo, pero también que la red convencional y de Cercanías arrastra décadas de infrafinanciación estructural.

Los planes de modernización están en marcha y cuentan con financiación europea dentro del marco de recuperación, pero su ejecución requiere tiempo.

En el ámbito madrileño, la discusión se amplió hacia la gestión autonómica. Puente criticó el estado del Metro de Madrid y la política de recortes en la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso, introduciendo la gestión sanitaria durante la pandemia como elemento de reproche.

La oposición consideró fuera de lugar esas alusiones, pero el debate ya se había desplazado del terreno técnico al político en su versión más cruda.

El hemiciclo vivió momentos de máxima tensión cuando el ministro lanzó ataques personales contra Bernabé, recordando episodios pasados en Murcia y cuestionando su trayectoria. Las formas elevaron la temperatura del debate, que rápidamente encontró eco en redes sociales.

Sin embargo, mientras las frases más punzantes se viralizaban, la cuestión de fondo permanece: ¿está garantizada la seguridad del sistema ferroviario?

Los datos oficiales del Ministerio reflejan un incremento presupuestario en mantenimiento y renovación de infraestructuras desde 2018. También es cierto que usuarios y sindicatos han denunciado incidencias frecuentes, retrasos y material rodante envejecido en algunos núcleos.

La seguridad ferroviaria en España se rige por estándares europeos y cuenta con supervisión técnica. Los descarrilamientos y accidentes graves son estadísticamente bajos en comparación internacional, aunque cualquier incidente genera alarma social legítima.

El debate parlamentario no resolvió el dilema, pero evidenció la dimensión política del ferrocarril. El sistema ferroviario no es solo un servicio público: es una infraestructura estratégica para la movilidad sostenible, la cohesión territorial y la competitividad económica.

El reto es doble. Por un lado, ejecutar eficazmente las inversiones anunciadas. Por otro, comunicar con transparencia los avances y los plazos reales. La modernización ferroviaria no es inmediata; implica licitaciones, obras complejas y coordinación técnica.

Mientras tanto, millones de usuarios evalúan la gestión cada mañana al subir a un tren.

El choque parlamentario dejó frases contundentes y momentos de alta tensión. Pero más allá del espectáculo político, la ciudadanía exige resultados tangibles: puntualidad, fiabilidad y seguridad real.

La discusión sobre quién invirtió más en el pasado puede explicar parte del problema, pero no sustituye la necesidad de soluciones actuales.

El sistema ferroviario español atraviesa un proceso de transformación. Los fondos europeos, los planes de modernización y la presión ciudadana dibujan un escenario donde la mejora es posible, pero también donde la exigencia pública es creciente.

La sesión terminó como suelen terminar estos debates: sin consenso, con aplausos de bancada y con la certeza de que el enfrentamiento continuará.

Pero fuera del Congreso, lejos del ruido, la pregunta sigue siendo la misma que abrió la sesión: ¿puede garantizarse la seguridad de Cercanías Madrid?

La respuesta no depende solo de una cifra pronunciada en el hemiciclo. Depende de la ejecución real de las inversiones, del mantenimiento constante y de la supervisión técnica rigurosa.

En política, el relato importa. En infraestructuras críticas, lo que importa es que funcionen.

Y eso es lo que los ciudadanos seguirán exigiendo, más allá de cualquier intercambio parlamentario.