ALERTA CORRUPCIÓN MÁXIMA “JUEZ AUDIENCIA NACIONAL ESCONDIO AUDIOS VILLAREJO GRABADOS EN GÉNOVA 13”.

 

 

 

Las cloacas del Estado y el escándalo judicial que nunca termina: Villarejo, Cospedal y los audios que la Audiencia Nacional enterró.

 

 

 

El último capítulo del interminable caso Villarejo ha vuelto a poner en evidencia las zonas oscuras de la justicia española y la connivencia política con las llamadas “cloacas del Estado”.

 

 

Esta semana, se ha revelado que audios clave grabados por el comisario José Manuel Villarejo llevan dos años guardados en un cajón judicial, sin que se haya abierto investigación alguna sobre ellos.

 

 

Se trata de grabaciones que afectan directamente a la cúpula del Partido Popular y a la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, en el contexto de la financiación ilegal del partido y la manipulación de investigaciones policiales.

 

 

El caso Villarejo, con más de cuarenta piezas separadas, es el gran símbolo de la corrupción institucional y policial en España.

 

 

La última revelación es especialmente grave: los audios entregados por la policía al juez de la Audiencia Nacional en 2023, donde Villarejo conversa con Cospedal sobre cómo frenar la publicación de la “libretita” de Bárcenas—la contabilidad en B que reflejaba los sobresueldos y pagos ilegales dentro del PP—y sobre la presión a inspectores como Morocho para que suavizaran sus informes y no dañaran tanto a los altos cargos del partido.

 

 

 

Según los periodistas de eldiario.es que han tenido acceso a estas grabaciones, la pieza judicial donde se archivaron los audios estuvo inaccesible incluso para las partes personadas en la causa.

 

 

Nadie, salvo el juez, podía consultar el material. Cuando el juez García Castellón se jubiló, la instrucción pasó a manos de Antonio Piña, quien tampoco ha movido un dedo para investigar estos hechos.

 

 

La acusación popular, representada por el PSOE, solicitó que el policía que dirigió la investigación del caso Villarejo declarara sobre el contenido de los audios.

 

 

El juez Piña cortó la declaración en seco y recordó que la pieza Kitchen—relacionada con el robo de pruebas a Bárcenas para proteger al PP—ya está cerrada y camino de juicio, sin que los nuevos audios hayan sido incorporados.

 

 

La situación actual de Villarejo es paradigmática. El comisario, símbolo de las cloacas del Estado, está en libertad y, aunque acumula algunas condenas, la Audiencia Nacional lo ha absuelto de cohecho bajo el argumento de que no utilizó su placa policial en los encargos privados para empresas.

 

 

Sus recursos ante el Tribunal Supremo se prolongarán durante años, y todo apunta a que Villarejo, ya jubilado, difícilmente acabará en prisión con una condena firme.

 

 

La era de los policías que entraron en el cuerpo en los últimos años del franquismo y prosperaron durante la transición parece haber terminado, pero no por una limpieza institucional, sino por el paso del tiempo.

 

 

Las grabaciones revelan el modus operandi de Villarejo: grabar a todo el mundo—jueces, empresarios, periodistas, políticos, incluso a sus propios clientes—y acumular un arsenal de audios como seguro de vida y herramienta de chantaje.

 

 

El comisario era recibido en la sede nacional del PP, en la planta noble de Génova 13, como un visitante habitual.

 

 

La familiaridad con la que saluda a Cospedal y la confianza entre ambos en las conversaciones es la muestra de una relación tóxica y duradera, que se remonta a 2009 y se mantiene hasta pocos días antes de la detención de Villarejo en 2017.

 

 

 

Los audios de 2013 son especialmente reveladores. En ellos, Cospedal intenta frenar la publicación de la “libretita” de Bárcenas, temiendo que los documentos que reflejan la contabilidad en B del PP sean la base de las informaciones sobre sobresueldos.

 

 

La relación entre Cospedal y Villarejo se fraguó a través del exmarido de la política, Ignacio López del Hierro, empresario y amigo del comisario desde hace años.

 

 

El poder de Villarejo en el ámbito político no comienza hasta que se vincula con Cospedal, quien le utiliza para proteger los intereses del partido.

 

 

En otra grabación telefónica, Villarejo relata cómo, junto a otros altos mandos policiales, convencen al inspector Morocho para que “quite lo más importante” de sus informes sobre la caja B del PP, donde aparecen los nombres de Rajoy, Arenas, Mayor Oreja, Rato y otros dirigentes.

 

 

 

Lo que se discute es cómo manipular la investigación para minimizar el daño político. Cospedal se queja de que, tras recibir el informe un día antes que el juez, no sirve de mucho si no logran cambiar su contenido.

 

 

 

Estas maniobras, que pasaron desapercibidas para la prensa en su momento, hoy adquieren una relevancia especial.

 

 

Se trata de revelación de secretos y manipulación de informes policiales en el seno del partido gobernante.

 

 

El caso Gürtel y los papeles de Bárcenas fueron el epicentro de la mayor crisis de corrupción del PP, y los audios demuestran cómo se intentó controlar la investigación desde dentro.

 

 

 

En la grabación de 2017, el contexto es el referéndum catalán y la tensión máxima en el Estado.

 

 

Villarejo pide ayuda a Cospedal para que le informe sobre las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, y la política le promete hablar con el fiscal y con el ministro de Economía, Luis de Guindos.

 

 

El comisario revela que la policía tiene infiltrados en los Mossos d’Esquadra y que se han pagado fondos reservados a Victoria Álvarez para que denunciara a la familia Pujol por blanqueo y fraude fiscal en Andorra.

 

 

 

Lo más grave de todo este escándalo no es solo el contenido de los audios, sino el hecho de que la Audiencia Nacional, bajo dos jueces distintos, los haya ocultado y no haya abierto investigación alguna.

 

 

La impunidad de las cloacas del Estado, la connivencia entre policía, políticos y jueces, y la falta de respuesta institucional ante hechos tan graves son el síntoma de una crisis profunda en el sistema judicial español.

 

 

La historia se repite: los escándalos se aparcan, los responsables se jubilan y los delitos quedan sin castigo.

 

 

 

El caso Villarejo, lejos de ser una excepción, es el paradigma de cómo los mecanismos de poder pueden protegerse a sí mismos, enterrando pruebas y frenando investigaciones incómodas.

 

 

La relación entre Cospedal y Villarejo, la manipulación de informes, el uso de fondos reservados para operaciones políticas y la falta de diligencia judicial son elementos de una trama que, por ahora, sigue sin consecuencias reales.

 

 

 

La pregunta que queda es si algún día habrá justicia para las cloacas del Estado, si los audios saldrán del cajón y si la sociedad española podrá conocer toda la verdad sobre cómo se gestionó el poder en los años más oscuros de la democracia reciente.

 

 

Por ahora, el escándalo judicial sigue enterrado, y Villarejo, el hombre que lo grabó todo, sigue siendo el símbolo de una época que no termina de morir.