YOLANDA DÍAZ ARREMETE CONTRA VOX INSULTANDO 💥¡PERO RECIBE UNA RÉPLICA DEMOLEDORA DE LOS DE ABASCAL!.

 

 

La sesión parlamentaria terminó convertida en uno de los enfrentamientos más tensos y simbólicos de la legislatura.

 

 

Lo que comenzó como una intervención sobre condiciones laborales y seguridad en el trabajo acabó derivando en un cruce de acusaciones durísimas entre un diputado de Vox y la ministra de Trabajo, reflejando con crudeza la fractura política, social y económica que atraviesa España.

 

El detonante del discurso fue un nombre propio: José Antonio Bermejo Álvarez, buzo profesional de 62 años, natural de Santander, fallecido mientras trabajaba en el pantano del Rumblar, en Jaén.

 

 

Un accidente laboral más en un sector de alto riesgo, apenas reseñado por la prensa local, y que el diputado utilizó como símbolo de lo que considera una cadena de negligencias estructurales.

 

Tres accidentes mortales de buceadores en apenas quince días, recordó, y una sensación de abandono institucional hacia profesionales que desempeñan labores extremas sin el reconocimiento ni la protección que, a su juicio, merecen.

 

 

El parlamentario subrayó que en la propia comisión su grupo había propuesto conceder a estos trabajadores coeficientes reductores por riesgo laboral, una iniciativa que fue rechazada por la mayoría.

 

 

En su relato, la negativa no respondía a criterios técnicos, sino a un “fanatismo político” que antepone el sectarismo al interés general cuando la propuesta procede de Vox.

 

 

El mensaje fue directo y emocional: “Murió uno más porque faltó protección y sobró ideología”.

 

A la familia del fallecido trasladó su solidaridad, pero también una denuncia explícita contra lo que definió como una forma de gobernar desconectada de la realidad del trabajo.

 

A partir de ahí, el discurso se amplió hasta convertirse en una enmienda a la totalidad de la política laboral del Gobierno.

 

 

El diputado acusó al Ministerio de Trabajo de formar parte de un Ejecutivo “coral” que legisla de espaldas a la realidad productiva, convirtiendo el trabajo y la empresa en un laberinto burocrático.

 

Citó ejemplos concretos que afectan, según su argumentación, a millones de autónomos, pymes y profesionales.

 

 

Uno de los casos más señalados fue el sistema Verifactu de la Agencia Tributaria, cuya implantación genera incertidumbre entre miles de pequeños negocios y asesores.

 

Denunció que se esté obligando a adaptarse a nuevas exigencias tecnológicas sin reglas claras ni plazos razonables, mientras el Real Decreto que debe regularlo sigue pendiente.

 

La petición fue clara: suspender su aplicación hasta que existan garantías de que no se convertirá en “otro infierno administrativo”.

 

 

También cargó contra la regulación del registro horario, afirmando que el Gobierno ha ido más allá de lo que exige el Estatuto de los Trabajadores, añadiendo requisitos “prescindibles” que solo generan más burocracia, sanciones y tiempo perdido, especialmente para quienes ya cumplían la normativa.

 

 

En su visión, se legisla desde la “altivez y la soberbia”, con consignas ideológicas alejadas de la realidad diaria de talleres, comercios y contratas.

 

 

 

El resultado, según su diagnóstico, es una legislación hipertrofiada que genera inseguridad jurídica y sobrecostes que acaban repercutiendo en trabajadores y empresas.

 

Reclamó una simplificación normativa urgente, mayor flexibilidad laboral y la recuperación del principio de confianza hacia pymes y autónomos.

 

 

El discurso puso especial énfasis en los servicios esenciales que sostienen el funcionamiento del Estado: limpieza, seguridad, mantenimiento, atención domiciliaria.

 

 

Sectores con alta carga laboral que, afirmó, operan con márgenes imposibles.

 

 

Criticó que se anuncien subidas del salario mínimo y nuevas cotizaciones sin actualizar los precios de los contratos públicos, incluso cuando cambian sustancialmente las condiciones.

 

Esta combinación, denunció, está llevando a muchas empresas a trabajar a pérdidas, a concursos de acreedores y a licitaciones desiertas, con el consiguiente deterioro de los servicios públicos.

 

 

La crítica se extendió a la gestión del SEPE, al que acusó de colapso administrativo.

 

 

Habló de oficinas infradotadas, vacantes crónicas, citas presenciales inaccesibles y sistemas informáticos fallidos, como el programa Alma, adjudicado por millones de euros y que, según su versión, funciona peor que sistemas de hace décadas.

 

“A eso lo llaman digitalización”, ironizó, “cuando es colapso puro y duro”.

 

 

Otro de los ejes más duros del alegato fue el impacto de las políticas del Gobierno sobre las mujeres y la natalidad.

 

Señaló la eliminación de la bonificación del 100% en los contratos de sustitución por maternidad, lo que, afirmó, ha provocado una caída cercana al 60% en este tipo de contrataciones.

 

 

En su opinión, hoy una pequeña empresa no puede sustituir a una trabajadora de baja maternal, lo que desincentiva la contratación de mujeres en edad fértil y lanza un mensaje devastador para la natalidad.

 

“¿Quién se atreve a decir que está embarazada cuando busca trabajo?”, preguntó retóricamente.

 

 

También denunció lo que considera una grave discriminación hacia los autónomos mayores de 52 años, excluidos del subsidio asistencial al que sí pueden acceder trabajadores del régimen general.

 

A su juicio, el Gobierno castiga a quienes más arriesgan y sostienen su propio empleo, tanto a los autónomos por vocación como a aquellos expulsados del mercado laboral que no tuvieron otra opción que emprender.

 

 

La inmigración fue otro de los puntos más polémicos. El diputado acusó al Ejecutivo de impulsar una inmigración masiva y desordenada que, según su relato, deforma salarios y condiciones laborales en sectores como la limpieza, la hostelería o la agricultura.

 

 

Denunció competencia desleal, trabajo irregular y dumping laboral, convirtiendo lo que se presenta como progreso en precariedad estructural. “No se crean empleos, se cambian de manos”, afirmó.

 

 

A este relato sumó el aumento del absentismo laboral, el fraude y la cronificación de bajas, denunciando la falta de una inspección eficaz.

 

En su opinión, el Gobierno legisla a golpe de titular, generando rigidez y menos empleo, confundiendo el derecho laboral con ingeniería social.

 

Cuestionó además el uso de los fijos discontinuos, a los que acusó de maquillar las estadísticas de empleo.

 

El cierre del discurso fue especialmente duro. Citó el último informe de Cáritas y la Fundación FOESSA para describir una España fragmentada, con una clase media en descomposición, alquileres convertidos en trampas de pobreza y casi la mitad de la población activa en situación de precariedad.

 

 

Habló de jóvenes incapaces de emanciparse, autónomos que cierran, familias exhaustas y un país que, pese a la macroeconomía, “se desangra moral y socialmente”.

 

 

La respuesta de la ministra de Trabajo no rebajó la tensión. Calificó el planteamiento de Vox de racista y xenófobo, acusando al partido de difundir un relato falso sobre los trabajadores migrantes.

 

Afirmó que el verdadero robo en España no lo cometen los inmigrantes, sino los fondos buitre y las grandes empresas que, según dijo, eluden el pago de impuestos.

 

 

Acusó a Vox de odiar a la clase trabajadora y recordó lo que denominó su “programa oculto”, asegurando que propone jóvenes con salarios de inserción que rozan la explotación.

 

 

En su réplica final, el diputado exigió rectificación. Recordó que la ministra, como jurista, conoce el alcance de sus palabras y señaló que haber sido llamado racista, xenófobo y enemigo de la clase trabajadora no es una discrepancia política, sino un insulto grave.

 

 

Defendió que Vox no odia al adversario, sino que defiende sus ideas, y aseguró que esas acusaciones ofenden a miles de trabajadores humildes que apoyan a su formación.

 

 

La escena dejó una imagen clara: dos visiones irreconciliables de país enfrentadas en el Parlamento.

 

 

Por un lado, un Gobierno que se reivindica como garante de derechos sociales y laborales; por otro, una oposición que denuncia un modelo que, a su juicio, ahoga a la clase media, a los autónomos y al tejido productivo.

 

 

Más allá del ruido político, el debate puso sobre la mesa cuestiones reales que afectan a millones de personas: seguridad laboral, burocracia, empleo, natalidad, inmigración y cohesión social.

 

 

El choque no fue solo ideológico, sino emocional. Reflejó un malestar profundo en amplias capas de la sociedad y evidenció que, en España, el debate sobre trabajo y justicia social ya no se libra solo con datos, sino con relatos opuestos sobre quién protege realmente a la clase trabajadora y quién la está dejando atrás