GABRIEL RUFIÁN HACE A MAZÓN ENTRAR EN SHOCK “MIENTE COMISIÓN DANA” SE DELATA Y ENFRENTA JUICIO.

 

 

 

La gestión de la DANA en Valencia: Carlos Mazón ante la comisión, entre la indignación social y el peso de la responsabilidad política.

 

El drama de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 sigue resonando en la memoria colectiva.

 

 

Las imágenes de calles inundadas, familias rotas y una sociedad que aún busca respuestas se han convertido en el telón de fondo de una comisión parlamentaria marcada por la tensión, la indignación y la exigencia de responsabilidades.

 

 

En el epicentro de este terremoto político y social se encuentra Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, quien compareció ante los diputados para responder por la gestión de una tragedia que dejó 229 víctimas mortales y miles de damnificados.

 

 

La expectación era máxima. Las asociaciones de víctimas, los medios y la ciudadanía aguardaban una comparecencia que no solo debía arrojar luz sobre lo sucedido, sino también sobre el papel de los responsables políticos en la gestión de emergencias.

 

 

Lo que ocurrió en la comisión fue mucho más que un mero trámite institucional: fue un enfrentamiento directo entre la memoria de las víctimas y la defensa de la gestión, entre la exigencia de verdad y la estrategia política, entre la emoción y la frialdad de los datos.

 

Desde el inicio, la intervención de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, marcó el tono de la sesión.

 

 

Con un discurso cargado de nombres, historias personales y datos judiciales, Rufián interpeló a Mazón no solo como representante político, sino como rostro visible de una gestión que, según él, fue negligente y, en última instancia, homicida.

 

 

Los nombres de las víctimas, sus rutinas aquel fatídico día, los mensajes de despedida y los detalles de sus muertes se convirtieron en una letanía imposible de ignorar.

 

La estrategia de Rufián fue clara: poner sobre la mesa la dimensión humana de la tragedia, desmontar los argumentos oficiales y exigir no solo explicaciones, sino también perdón y reconocimiento del error.

 

 

La tensión fue palpable. Mazón, por su parte, se mantuvo firme en su defensa, insistiendo en que la información disponible no permitía anticipar la magnitud del desastre y que, en todo momento, se actuó siguiendo los protocolos establecidos.

 

La sesión fue mucho más que un intercambio de datos. Fue un duelo de relatos, donde la memoria de las víctimas se enfrentó a la lógica institucional, donde la exigencia de justicia se midió contra la defensa de la gestión política.

 

 

El tono subió por momentos, con acusaciones directas de mentira, humillación y hasta de homicidio, mientras Mazón respondía con condolencias, explicaciones y la reiteración de su itinerario aquel día.

 

No fue solo Rufián quien interpeló a Mazón. Los portavoces de otros grupos, como EH Bildu y Compromís, profundizaron en la dimensión política y legal del asunto.

 

 

La gestión de la emergencia, la activación tardía del CECOPI, la falta de comunicación y la polémica sobre la declaración de emergencia catastrófica fueron el núcleo del debate.

 

La ley de emergencias de la Generalitat Valenciana, el artículo 12.4, fue citada como prueba de que Mazón tenía la facultad de declarar la emergencia catastrófica y asumir el mando único.

 

 

El expresidente alegó que el desarrollo reglamentario no estaba completo, pero los diputados insistieron en que la ley le facultaba para actuar con mayor contundencia.

 

 

Este punto, lejos de ser un tecnicismo, se convirtió en símbolo de la discusión sobre el liderazgo y la capacidad de reacción ante situaciones límite.

 

La cuestión penal tampoco quedó fuera. Las asociaciones de víctimas han denunciado delitos por homicidio imprudente y lesiones, y la jueza instructora investiga la posible responsabilidad de los altos cargos, aunque Mazón, por su condición de aforado, está de momento al margen del proceso judicial.

 

 

La comisión, sin embargo, tenía como objetivo esclarecer la responsabilidad política, en un contexto donde la frontera entre lo legal y lo ético se difumina.

 

Uno de los aspectos más polémicos fue la gestión de la información durante la emergencia.

 

 

Mazón y su equipo denunciaron la existencia de bulos y noticias falsas sobre la DANA, en especial sobre el supuesto “apagón informativo” de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

 

 

Sin embargo, los medios y los portavoces parlamentarios presentaron pruebas de que sí hubo comunicaciones oficiales en las horas críticas, y que las alertas sobre el riesgo extremo estaban disponibles desde primera hora.

 

El debate sobre la diferencia entre “alerta de lluvias” y “alerta de caudales” se convirtió en un campo de batalla semántico, donde cada palabra podía cambiar el sentido de la responsabilidad.

 

 

Mazón insistió en que la información relevante para la toma de decisiones era la relativa a los caudales, mientras que los diputados subrayaron que la alerta roja y las previsiones de la AMET eran suficientes para justificar una reacción más contundente.

 

La gestión de la agenda presidencial fue otro punto de fricción. La decisión de mantener reuniones y comidas durante la alerta roja, la tardía llegada al CECOPI y la falta de suspensión de actividades oficiales fueron presentadas como prueba de una reacción insuficiente.

 

 

 

Mazón defendió su itinerario y explicó que otros presidentes autonómicos, en situaciones similares, tampoco modificaron sus agendas. Sin embargo, la comparación no convenció a los diputados ni a buena parte de la opinión pública.

 

Más allá de los datos y las leyes, lo que realmente marcó la sesión fue la presencia simbólica de las víctimas.

 

 

Sus nombres, sus historias y el dolor de sus familias se convirtieron en el eje del debate.

 

 

La exigencia de empatía, de reconocimiento y de perdón fue constante, y Mazón, aunque reiteró sus condolencias y asumió la responsabilidad política con su dimisión, evitó en todo momento una autocrítica profunda.

 

La polémica sobre el homenaje de Estado, al que Mazón asistió pese a la petición expresa de las víctimas de que no estuviera presente, fue presentada como ejemplo de insensibilidad y humillación.

 

 

La acusación de “revictimización” y de “obscenidad” en la gestión del duelo colectivo resonó con fuerza, y la respuesta de Mazón, centrada en el respeto institucional, no logró apaciguar el malestar.

 

La diferencia entre condolencia y perdón, entre reconocimiento del error y defensa institucional, se convirtió en el corazón del debate.

 

 

Para muchos, la comparecencia fue una oportunidad perdida para reconciliar la memoria de las víctimas con la gestión política.

 

 

Para otros, fue la confirmación de que la política sigue estando lejos de la realidad y el dolor de la ciudadanía.

 

El cierre de la sesión, con referencias a Cicerón y las virtudes del buen gobierno —justicia, honestidad, sabiduría y fortaleza—, fue un recordatorio de que la política no puede reducirse a la gestión técnica.

 

 

La exigencia de equidad, transparencia y capacidad de análisis fue presentada como el estándar mínimo para quienes ocupan cargos de responsabilidad.

 

Mazón, en su defensa, apeló a la dificultad de la gestión en situaciones extremas, a la soledad del liderazgo y a la imposibilidad de prever el desenlace trágico.

 

 

Sin embargo, la comisión dejó claro que la ciudadanía exige más: exige anticipación, empatía, capacidad de reacción y, sobre todo, verdad.

 

La comparecencia de Carlos Mazón ante la comisión parlamentaria sobre la DANA de 2024 ha abierto un debate que va mucho más allá de la coyuntura política.

 

 

Es un debate sobre el modelo de gestión pública, sobre la relación entre poder y ciudadanía, sobre la capacidad de las instituciones para responder a las emergencias y sobre el papel de la verdad en la política contemporánea.

 

Los interrogantes siguen abiertos. ¿Fue la gestión de Mazón negligente o simplemente insuficiente ante una tragedia sin precedentes? ¿La información disponible justificaba una reacción diferente? ¿La ley permitía una declaración de emergencia catastrófica que hubiera cambiado el curso de los acontecimientos? ¿La política está preparada para asumir la dimensión ética de la responsabilidad pública?

 

La ciudadanía, las asociaciones de víctimas y los medios seguirán exigiendo respuestas.

 

 

La memoria de las 229 víctimas mortales es un recordatorio constante de que la gestión pública no es solo una cuestión de protocolos y agendas, sino, ante todo, una cuestión de humanidad, empatía y verdad.

 

La DANA de 2024 y la comparecencia de Carlos Mazón han dejado una huella indeleble en la política valenciana y española.

 

 

El debate sobre la responsabilidad, la verdad y la empatía sigue abierto.

 

 

¿Crees que los responsables políticos han estado a la altura de la tragedia? ¿Es suficiente la asunción de responsabilidades políticas o debería haber consecuencias penales? ¿Puede la política reconciliarse con la memoria de las víctimas?

 

Comparte tu opinión, únete al debate y ayuda a construir una sociedad donde la verdad, la justicia y la empatía sean los pilares de la gestión pública.