La Adrada enciende más la polémica sobre el chalet ‘irregular’ del juez Peinado “¿Estuvo años con velas?”.

 

 

 

 

El Consistorio contesta a una única petición y deja más dudas sobre la vivienda del magistrado.

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de La Adrada (Ávila), intenta dar respuesta a las incógnitas -muchas todavía- sin despejar sobre el chalet, presuntamente en situación irregular, del que el juez Juan Carlos Peinado disfruta en esta pequeña localidad de Castilla y León.

 

 

 

El Consistorio, capitaneado por el PP, ha contestado la petición de información de Fernando Jabonero, activista contra la vivienda del magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, mediante la que éste pedía “copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facilitar la concesión de licencias urbanísticas, incluidas la de primera ocupación y las de obra de las dos construcciones, vallado, plataforma hormigonada y piscina”, así como de las “autorizaciones municipales para facultar las acometidas, y en su caso evacuaciones, de agua y energía eléctrica”.

 

 

 

 

De todo ello, el equipo local solamente ha enviado la “declaración responsable de obra menor” y, concretamente, para la “realización de acometida eléctrica”, según ha tenido acceso ElPlural.com.

 

 

La explicación, plasmada en los folios que ha revisado este periódico, no convence nada al activista, quien considera que mete en más problemas al juez y al propio Ayuntamiento, entre otros, de los que soluciona.

 

 

 

“Se pillan los dedos”.

 

 

Más allá de que define la justificación como “una pavesa en un incendio”, indica que “se pillán los dedos con ella”. 

 

 

“Es una explicación muy torpe”, detalla; alegando lo siguiente: “Ellos mismos se retratan al revelar datos como que la vivienda no se podría haber alzado al no ser suelo edificable”.

 

 

La declaración responsable emite, entre otras cuestiones, que “la acometida será subterránea discurriendo por la zona destinada a acera”.

 

 

Esto, interpreta Jabonero, “¿significa que le están permitiendo intervenir en el dominio público para hacer una zanja e introducir por ahí el cableado?”.

 

 

 

“El vecino tiene un pie de hormigón por el que va la luz y llega un punto en el que termina el recorrido (…) A la finca de Peinado no llega nada por vía aérea”.

 

 

Y a esta pregunta añade otra, ya en tono un poco jocoso: “¿Cómo ha estado sin luz durante tantos años? ¿Con una vela, un generador…?”.

 

 

“Han pasado 16 meses desde que pedí la información. Falta mucho por conocer de lo que yo llamo los ‘papeles de Peinado’, aún con la presión del Comisionado de Transparencia de Castilla y León”, acentúa la fuente de las presentes líneas.

 

 

“Hay muchas incógnitas que van surgiendo según se conoce un mínimo de información”, concluye.

 

 

 

Explicaciones insuficientes del Consistorio.

 

 

 

El Consistorio de La Adrada respondía en primera instancia a la petición con un documento plagado de lo que el activista considera excusas y a pesar de la prisa del Comisionado de Transparencia, que volvió a insistir.

 

 

En el texto, firmado por la alcaldesa Pilar Martínez -lo mismo que el presente- señalaba que la información pedida era de “hace más de 20 años” y que, en el momento de la petición, la persona que realizaba ese trabajo “sumamente complejo” ya no desempeñaba el puesto.

 

 

Todo ello condujo a que pidiera paciencia para “flexibilizar el tiempo de cumplimiento”.

 

 

 

El Comisionado, muy exigente.

 

 

 

A ello el Comisionado pisaba el acelerador y apremiaba a conocer “si finalmente, se ha interpuesto recursos contencioso-administrativo frente a la Resolución y, en consonancia, si esta ha adquirido firmeza o no” y “si ya ha tenido lugar la reincorporación del Secretario-Interventor, de la que, en su anterior comunicación, parece que hacía depender el cumplimiento de la Resolución de la Comisión de Transparencia”.

 

 

 

“En todo caso, también le hemos solicitado que nos informe de las actuaciones llevadas a cabo en orden al cumplimiento de la Resolución”, acentuaba.

 

 

Y todo ello -toda la información- debería darla en quince días desde el momento de emisión de la respuesta.

 

 

De lo contrario, indicaba que se seguiría con las actuaciones y se adoptaría el “acuerdo correspondiente en relación con el cumplimiento de la resolución señalada”, apuntalaba.

 

 

 

En pleno verano, el Comisionado ya apercibió al Ayuntamiento de la localidad de Ávila, estimando “la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por Fernando Jabonero”.

 

 

De igual manera, entendía que la administración del PP estaba obligada a “facilitar al reclamante una copia de los informes técnicos y jurídicos emitidos para facultar la concesión de licencias urbanísticas -de primera ocupación y la de obras de las dos construcciones, vallado, plataforma hormigonada y piscina- (…)”.

 

 

 

A las peticiones recogidas las complementan el “enlace electrónico a través del cual se puede acceder a la normativa urbanística aplicable en el término municipal de La Adrada y, en concreto, a los planos de ordenación de las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente con fecha el 31 de mayo de 2017”.

 

 

 

El papel del Comisionado de Transparencia: exigencia y presión.

 

 

 

El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha sido clave en la evolución del caso.

 

 

Su insistencia ha obligado al Ayuntamiento a remitir parte de la documentación y a dar explicaciones sobre los motivos de la demora.

 

 

La reclamación de Jabonero ha sido estimada, y la administración local está obligada a facilitar toda la información relativa a las licencias y autorizaciones.

 

 

Sin embargo, la presión institucional no ha bastado para romper el círculo de opacidad.

 

 

El Ayuntamiento sigue sin entregar los informes técnicos y jurídicos completos, y la reincorporación del Secretario-Interventor se utiliza como argumento para seguir postergando la respuesta definitiva.

 

 

 

La pregunta fundamental sigue sin respuesta: ¿es legal el chalet del juez Peinado? ¿Se han cumplido todos los trámites urbanísticos, o estamos ante un caso de irregularidad consentida por la administración?

 

 

El contexto político añade una capa de complejidad al asunto. Juan Carlos Peinado no es un vecino cualquiera; es el magistrado que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

 

 

La polémica sobre su vivienda irregular se convierte así en munición para el debate nacional, donde la transparencia y la legalidad se mezclan con las luchas partidistas y las sospechas de trato de favor.

 

 

El Ayuntamiento, gobernado por el PP, se ve presionado desde dos frentes: el activismo local y la exigencia institucional.

 

 

Cada paso en falso, cada excusa administrativa, alimenta la percepción de que se intenta proteger al juez por motivos políticos, y no por el interés general.

 

 

La falta de respuestas claras y la persistencia de las dudas urbanísticas convierten el caso en un símbolo de la opacidad que puede rodear a los poderes públicos, incluso cuando se trata de quienes deberían ser ejemplo de legalidad y transparencia.

 

 

 

El caso del chalet de Peinado en La Adrada es mucho más que una polémica local. Es un espejo de los desafíos que enfrenta la democracia española en materia de transparencia, legalidad y control institucional.

 

 

La falta de información, las excusas administrativas y la presión política amenazan con erosionar la confianza ciudadana en las instituciones y en la justicia.

 

 

La sociedad exige respuestas, documentos y explicaciones que permitan saber si todos los ciudadanos están realmente sometidos a las mismas reglas.

 

 

El activismo de Jabonero y la insistencia del Comisionado de Transparencia son ejemplo de la importancia de la vigilancia social y del derecho a saber.

 

 

La vivienda del juez Peinado sigue envuelta en sombras, y cada nueva información parece encender más la polémica.

 

 

La Adrada, en este contexto, es el escenario de una batalla por la transparencia que aún está lejos de resolverse.