Puente desmonta las exigencias de Feijóo sobre qué perfil debe tener la nueva fiscal general: “No le han dicho…”.

 

 

 

 

El líder del PP exigió que el relevo de García Ortiz en la FGE debía ser “un jurista de prestigio de más de 20 años en la profesión”.

 

 

 

 

 

 

España asiste, una vez más, a un relevo en la Fiscalía General del Estado en medio de un clima de tensión política y judicial.

 

 

La dimisión de Álvaro García Ortiz, tras la condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos, ha precipitado un proceso de sucesión que pone bajo el foco tanto los requisitos legales como las exigencias políticas sobre quién debe ocupar uno de los cargos más sensibles del país.

 

 

En este escenario, la propuesta del Gobierno de Teresa Peramato como nueva fiscal general ha desatado un debate que va mucho más allá de la mera formalidad institucional.

 

 

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y principal voz de la oposición, no ha tardado en marcar posición.

 

 

En un acto de su partido, defendió que el nuevo fiscal general debía ser “un jurista de prestigio con más de 20 años en la profesión, que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que no haya desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores”.

 

 

 

Su intervención, lejos de ser inocente, respondía a la inquietud que recorre parte de la sociedad sobre la independencia del Ministerio Público y la posible politización del cargo.

 

 

La postura de Feijóo, sin embargo, fue rápidamente desmontada por Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

 

 

Con el Estatuto de la Fiscalía General del Estado en mano, Puente recurrió a las redes sociales para señalar que las exigencias del líder popular ya están recogidas “literalmente en el artículo 29 del estatuto del Ministerio Fiscal”.

 

 

La réplica fue tan contundente como didáctica, y dejó en evidencia que el debate sobre los requisitos legales es, en realidad, una disputa política sobre la legitimidad y el control institucional.

 

 

La propuesta de Teresa Peramato como sucesora de García Ortiz se ha producido con rapidez, pero el proceso aún es largo y complejo.

 

 

Tras la votación en el Consejo de Ministros, el CGPJ debe emitir un informe consultivo, aunque no vinculante, sobre la idoneidad de la candidata.

 

 

Posteriormente, Peramato deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y solo entonces el Gobierno procederá a ratificar su nombramiento.

 

 

Este procedimiento, diseñado para garantizar la transparencia y la pluralidad, se ha convertido en un terreno de batalla política donde cada paso es escrutado y debatido.

 

 

 

El hecho de que el nombramiento coincida con el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, añade una dimensión simbólica y refuerza el perfil de Peramato como experta en violencia de género y defensora de los derechos de las víctimas.

 

 

La figura de Teresa Peramato está marcada por una carrera fiscal de 35 años, en la que ha ocupado puestos de máxima responsabilidad y ha sido protagonista en la lucha contra la violencia de género.

 

 

 

Actualmente es fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal en la Fiscalía del Tribunal Supremo y fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.

 

 

Su experiencia es reconocida tanto dentro como fuera de la judicatura, y su papel como impulsora de políticas de protección a las mujeres la sitúa en el centro de un debate social que trasciende lo jurídico.

 

 

 

En 2005, Peramato asumió la responsabilidad de fiscal delegada en la Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid, y ha colaborado en la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer.

 

 

 

Entre 2021 y 2025, ocupó el puesto de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, consolidando un perfil técnico y comprometido que responde tanto a los requisitos legales como a las demandas sociales de nuestro tiempo.

 

 

 

La discusión sobre el perfil de la nueva fiscal general del Estado no es solo una cuestión de cumplimiento normativo.

 

 

Es, sobre todo, una pugna política en la que cada partido busca imponer su relato y sus condiciones.

 

 

Feijóo, al exigir un perfil de prestigio y desvinculado de la política, pretende marcar distancia con los nombramientos anteriores y reforzar la idea de independencia institucional.

 

 

Puente, al responder con el texto legal, desmonta la crítica y reivindica la transparencia del proceso.

 

 

Sin embargo, el debate no se agota en la legalidad. La polarización política, la presión mediática y la desconfianza ciudadana han convertido el nombramiento en un símbolo de la lucha por el control de las instituciones.

 

 

La Fiscalía, lejos de ser un órgano técnico y neutral, se ha transformado en escenario de disputas ideológicas y estrategias partidistas, donde cada movimiento es interpretado como una declaración de intenciones.

 

 

 

La elección de Teresa Peramato, en pleno 25-N, es también una respuesta a la urgencia social por combatir la violencia de género y proteger a las víctimas.

 

 

Su trayectoria la avala como referente en esta materia, y su nombramiento envía un mensaje claro sobre las prioridades del Gobierno y el compromiso institucional con la igualdad y la justicia.

 

 

Pero el reto no es solo jurídico o político. Es, sobre todo, social. La Fiscalía General del Estado debe recuperar la confianza ciudadana, garantizar la independencia y la transparencia, y demostrar que está al servicio de los derechos y las libertades de todos.

 

 

 

El perfil de Peramato, con su experiencia y su compromiso, es una apuesta por la regeneración y el fortalecimiento institucional en tiempos de incertidumbre.

 

 

 

 

 

El pulso entre Feijóo y Puente sobre el perfil de la nueva fiscal general del Estado es mucho más que una disputa puntual.

 

 

Es el reflejo de un país que debate sobre la legitimidad, la independencia y el futuro de sus instituciones.

 

 

El proceso de nombramiento, la trayectoria de Peramato y la respuesta del Gobierno son piezas de un puzzle complejo que interpela a toda la sociedad.

 

 

España necesita una Fiscalía fuerte, independiente y comprometida con los derechos humanos.

 

 

El debate sobre los requisitos legales, las exigencias políticas y el perfil de la candidata es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la justicia en la democracia y sobre la capacidad de las instituciones para responder a los desafíos de nuestro tiempo.

 

 

 

La historia de Teresa Peramato, su nombramiento y el debate que lo rodea son, en definitiva, la historia de un país que busca su rumbo entre la legalidad, la política y la urgencia social.

 

 

El futuro de la Fiscalía General del Estado está en juego, y la capacidad de sus líderes para dialogar, escuchar y actuar con rigor será clave para recuperar la confianza y avanzar hacia una democracia más madura y más justa.