Los dos apuntes de calado de Rufián sobre la desclasificación del 23F: “Ya tocaba”.

El Gobierno ha anunciado la desclasificación de todos los documentos del intento de golpe de Estado del 23F.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, durante un Pleno. EP.

Hay noches que se quedan suspendidas en la memoria colectiva como una fotografía borrosa pero imborrable. El 23 de febrero de 1981 es una de ellas. Las imágenes de un hemiciclo tomado por hombres armados, los disparos al techo, los diputados tirados en el suelo y la voz temblorosa que intentaba mantener la calma forman parte del ADN democrático de España. Durante 45 años, sin embargo, una parte de aquella historia ha permanecido bajo llave. Documentos clasificados. Grabaciones nunca escuchadas. Informes internos que solo unos pocos podían consultar.

Ahora, el Gobierno ha decidido abrir esa caja.

Con motivo del 45º aniversario del intento de golpe de Estado, el Ejecutivo ha anunciado que desclasificará toda la documentación oficial relacionada con el 23F. El objetivo declarado: “saldar una deuda histórica” con la ciudadanía. La medida será aprobada en Consejo de Ministros y, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, los documentos pasarán a ser de acceso público a través de los canales oficiales.

La decisión no solo reabre una herida histórica; también reaviva preguntas que han sobrevivido durante décadas.

¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Fue solo la acción aislada de un grupo de militares nostálgicos del franquismo? ¿O existieron apoyos civiles y conexiones políticas más amplias? ¿Qué papel jugaron los servicios de inteligencia? ¿Qué llamadas entraron y salieron del Congreso mientras los diputados estaban retenidos?

Las reacciones no se han hecho esperar. Una de las más comentadas ha sido la del portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufian. Desde su cuenta en X, el diputado catalán ha señalado dos elementos que, a su juicio, deberían estar en el centro de esta desclasificación: “el sumario para saber la trama militar real” y “las llamadas que entraron y salieron del Congreso, para saber la trama civil real”.

Con una frase cargada de ironía, Rufián remató su mensaje asegurando que “se iba a saber antes quién mató a Kennedy que quién montó el 23F”. Más allá del tono, la intervención refleja una sensación compartida por muchos ciudadanos: que la historia oficial quizá no lo ha contado todo.

El anuncio del Ejecutivo coincide exactamente con el aniversario de aquella tarde en la que el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados al frente de un grupo de guardias civiles. Era el momento de la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. España atravesaba una transición frágil, con tensiones territoriales, crisis económica y sectores militares que miraban con recelo el avance democrático tras la muerte de Francisco Franco.

Durante horas, el país quedó en vilo.

La versión que ha dominado durante décadas es conocida: un intento de golpe promovido por militares ultraconservadores, frustrado tras la intervención televisada del rey Juan Carlos I defendiendo el orden constitucional. El juicio posterior, celebrado en el Tribunal Supremo, condenó a los principales responsables. El relato quedó fijado como el momento en que la democracia resistió su prueba más dura.

Pero con el paso del tiempo han surgido interrogantes.

Entre los documentos que ahora serán desclasificados se encuentra el sumario completo del juicio celebrado en el Tribunal Supremo, compuesto por 89 legajos que incluyen declaraciones, pruebas y grabaciones. También verán la luz archivos del antiguo CESID —hoy Centro Nacional de Inteligencia— con transcripciones de escuchas y documentos internos clasificados en su momento como “alto secreto”. A ello se suman comunicaciones entre Casa Real, La Moncloa y mandos militares, así como informes de movilización emitidos por distintas regiones.

La magnitud del material es enorme. Y su impacto potencial, imprevisible.

Porque la desclasificación no es solo un gesto simbólico. Es la posibilidad de revisar con ojos nuevos un episodio fundacional de la democracia española. De confirmar certezas o desmontar mitos. De aclarar si el 23F fue una operación torpe y mal calculada o si formaba parte de una estrategia más compleja que aspiraba a redibujar el equilibrio de poder en el país.

El propio Rufián ha insistido en que, sin acceso a las llamadas que se produjeron desde y hacia el Congreso durante el secuestro parlamentario, cualquier revelación será incompleta. ¿Quién habló con quién mientras los diputados estaban retenidos? ¿Hubo intermediarios civiles? ¿Se intentó negociar una salida política alternativa?

Estas preguntas no son nuevas. Historiadores y periodistas llevan décadas investigando y publicando análisis basados en testimonios y documentos parciales. Sin embargo, la clasificación oficial ha limitado el acceso a fuentes primarias esenciales.

El Gobierno sostiene que ha llegado el momento de cerrar ese capítulo con transparencia. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, será la encargada de detallar el alcance exacto de la medida tras el Consejo de Ministros. Según fuentes oficiales, todos los documentos se pondrán a disposición pública a través de la web gubernamental una vez publicados en el BOE.

La decisión también tiene una dimensión política contemporánea.

En un contexto de polarización y debate constante sobre la calidad democrática, abrir los archivos del 23F puede interpretarse como una apuesta por la transparencia institucional. Pero también supone asumir el riesgo de que emerjan elementos incómodos, interpretaciones contradictorias o nuevas controversias.

Porque la historia, cuando se desclasifica, deja de ser un relato cerrado y se convierte en terreno de disputa.

Para algunos sectores, el 23F fue la confirmación de la solidez del sistema constitucional. Para otros, un episodio con sombras aún no completamente iluminadas. La publicación de documentos podría reforzar la narrativa tradicional o, por el contrario, matizarla significativamente.

No se trata solo de conocer detalles técnicos. Se trata de comprender mejor el funcionamiento real del poder en un momento crítico. De saber hasta qué punto las instituciones estaban preparadas. De evaluar el papel de los servicios de inteligencia. De analizar si existieron errores de cálculo, complicidades pasivas o intentos de reconducir la crisis hacia fórmulas políticas alternativas.

La comparación con el asesinato de Kennedy, mencionada por Rufián, no es casual. Ambos episodios comparten el aura de acontecimiento traumático rodeado de teorías y lagunas documentales. En ambos casos, la apertura de archivos ha sido vista como un paso necesario para fortalecer la confianza pública.

España, 45 años después, se enfrenta ahora a su propio ejercicio de transparencia histórica.

La desclasificación no cambiará el pasado. Pero puede cambiar la forma en que lo entendemos. Puede ofrecer a investigadores y ciudadanos la oportunidad de revisar pruebas directas. De contrastar versiones. De superar la dependencia exclusiva de testimonios o reconstrucciones indirectas.

También es una invitación a la madurez democrática.

Un sistema sólido no teme revisar sus momentos más oscuros. Al contrario: los estudia, los analiza y los incorpora como aprendizaje colectivo. La democracia española nació en medio de tensiones y amenazas. Sobrevivió al 23F. Y ahora tiene la oportunidad de examinar con mayor profundidad aquel desafío.

Queda por ver qué revelarán exactamente los documentos. Si confirmarán que todo fue como se contó. Si aportarán matices significativos. O si abrirán nuevos debates sobre responsabilidades y decisiones.

Lo que es seguro es que el interés ciudadano será masivo. Las redes sociales ya hierven con especulaciones. Los historiadores preparan análisis. Los medios afinan sus equipos para revisar legajo a legajo el material que se haga público.

El 23F dejó imágenes que marcaron a generaciones enteras. Ahora, quizá, deje también respuestas.

Y si algo demuestra este anuncio es que la historia no está escrita en piedra. A veces, está archivada en cajas clasificadas que esperan el momento político adecuado para abrirse.

Ese momento parece haber llegado.

La pregunta que queda en el aire es sencilla y poderosa: ¿estamos preparados para lo que podamos encontrar dentro?