Susana Griso Recibe la HUMILLACIÓN más RÁPIDA de la Historia en su Propio Programa en Directo.

 

 

 

 

 

Durante años, España se ha mirado a sí misma como uno de los países más seguros de Europa. Esa percepción no surgió de la nada.

 

 

Los datos oficiales, tanto del Ministerio del Interior como de organismos internacionales, han situado históricamente al país en posiciones bajas en tasas de homicidio y criminalidad violenta en comparación con otros estados occidentales.

 

Sin embargo, algo ha cambiado. No solo en las cifras, sino en la conversación pública, en la sensación cotidiana de quienes caminan por ciertas calles y, sobre todo, en la forma en que los medios y la política abordan el problema.

 

 

El reciente enfrentamiento televisivo entre una presentadora consolidada y una invitada crítica no fue un simple choque de personalidades.

 

Fue el síntoma de una tensión mucho más profunda. Una discusión que ya no gira únicamente en torno a los datos, sino a quién tiene derecho a nombrarlos, cómo se interpretan y qué consecuencias políticas se derivan de ellos.

 

 

En ese cruce de acusaciones, cifras y reproches personales, se condensó una pregunta incómoda que muchos prefieren esquivar: ¿está España afrontando un problema real de seguridad vinculado a la inmigración o estamos ante una manipulación interesada del miedo?

 

 

La respuesta no es sencilla, y precisamente por eso el debate suele degenerar. Las agresiones sexuales han aumentado en los últimos años, según reconocen las propias estadísticas oficiales.

 

Parte de ese incremento se explica por cambios legislativos y por una mayor disposición de las víctimas a denunciar.

 

Negarlo sería irresponsable. Pero también lo sería ignorar que, incluso descontando esos factores, determinados delitos generan hoy una alarma social mayor que hace una década.

 

 

La percepción de inseguridad no nace solo de titulares sensacionalistas; se alimenta de experiencias reales, de relatos cercanos y de una sensación de desprotección que, aunque no siempre se refleje proporcionalmente en las cifras, tiene efectos políticos y sociales muy concretos.

 

 

Uno de los puntos más polémicos del debate es la sobrerrepresentación de extranjeros en ciertos delitos.

 

Los datos judiciales muestran que, en algunas categorías, los ciudadanos no nacionales aparecen en proporciones superiores a su peso demográfico.

 

 

Este fenómeno no es exclusivo de España y se repite en otros países europeos. La clave está en cómo se interpreta.

 

Para algunos, es una prueba irrefutable de que la inmigración masiva genera inseguridad.

 

Para otros, es una lectura simplista que ignora variables fundamentales como la edad, la situación socioeconómica, la precariedad laboral o la exclusión social.

 

 

Lo que raramente se explica con claridad es que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

 

La concentración de población vulnerable en determinados barrios, la falta de políticas de integración eficaces y la ausencia de respuestas rápidas frente a la delincuencia crean entornos donde el conflicto es más probable.

 

Señalarlo no convierte automáticamente a nadie en xenófobo, del mismo modo que negarlo no convierte a nadie en más progresista.

 

El problema surge cuando el debate se convierte en un juego de trincheras morales.

 

 

En el plató, el feminismo fue utilizado como un arma arrojadiza. Unos lo invocaban para justificar políticas de expulsión inmediata.

 

Otros, para defender que la raíz del problema es exclusivamente cultural y educativa.

 

Sin embargo, la protección real de las mujeres exige algo más que consignas.

 

Requiere sistemas judiciales ágiles, fuerzas de seguridad con medios suficientes, prevención eficaz y políticas de integración que funcionen. Reducirlo todo a una sola causa es una forma de eludir responsabilidades.

 

 

La televisión, en este contexto, juega un papel decisivo. Cuando el debate se convierte en espectáculo, el matiz desaparece.

 

Las preguntas se formulan para provocar, no para comprender. Los datos se lanzan sin contexto y las interrupciones sustituyen al análisis.

 

El resultado es una audiencia polarizada que sale del programa más enfadada que informada.

 

Y esa dinámica tiene consecuencias: erosiona la confianza en los medios y refuerza la idea de que existe una verdad oculta que solo algunos se atreven a decir.

 

 

Las acusaciones personales, como cuestionar cuánto dinero gana alguien por opinar, son un ejemplo claro de esa degradación.

 

No aportan información relevante y desplazan el foco del problema real.

 

Convertir el éxito profesional o el nivel de vida en un argumento político no es periodismo crítico, es ruido. Y ese ruido beneficia a quienes viven de la confrontación permanente.

 

 

Mientras tanto, la realidad cotidiana sigue su curso. Policías que advierten de un aumento de determinados delitos.

 

Jueces que reclaman más recursos. Ayuntamientos que gestionan como pueden la llegada constante de personas sin una estrategia clara a medio plazo.

 

Vecinos que sienten que su barrio ha cambiado demasiado rápido y que nadie les ha preguntado.

 

Ignorar estas voces solo alimenta el resentimiento y deja el terreno abonado para discursos cada vez más extremos.

 

 

Europa entera se enfrenta a un dilema similar. Las políticas migratorias de las últimas décadas han demostrado ser insuficientes o mal coordinadas.

 

Algunos países endurecen ahora sus posturas tras años de laxitud. Otros reivindican modelos más restrictivos desde el inicio.

 

Pero incluso los estados con políticas más duras reconocen que la inmigración no es solo una cuestión de fronteras, sino de integración real.

 

Sin vivienda, sin empleo estable y sin expectativas, el conflicto es casi inevitable.

 

 

España, además, arrastra una particularidad: la extrema politización del debate.

 

Hablar de seguridad se interpreta como un guiño a la derecha. Hablar de integración, como una concesión ideológica.

 

En ese marco, las soluciones prácticas quedan relegadas. Se discute más sobre el relato que sobre la eficacia de las políticas públicas.

 

 

Las redes sociales han amplificado este problema. Testimonios individuales se convierten en verdades absolutas en cuestión de horas.

 

Historias dramáticas circulan sin contraste y refuerzan una sensación de caos permanente.

 

Cuando los medios tradicionales reaccionan tarde o con un tono condescendiente, refuerzan la percepción de que ocultan información.

 

El resultado es una ciudadanía desorientada que busca respuestas en espacios cada vez más polarizados.

 

 

No se trata de negar los datos positivos ni de exagerar los negativos. España sigue siendo, en términos generales, un país seguro.

 

Pero eso no invalida la necesidad de actuar sobre los focos concretos de inseguridad. Expulsar a delincuentes reincidentes con todas las garantías legales no es incompatible con políticas de acogida responsables.

 

Reforzar la presencia policial en zonas conflictivas no contradice la inversión en educación y servicios sociales. Proteger a las mujeres exige decisiones firmes, no solo declaraciones simbólicas.

 

 

El debate televisivo terminó sin acuerdos, pero dejó una evidencia clara: el país necesita menos gritos y más explicaciones.

 

Menos consignas y más datos contextualizados. La seguridad no es un eslogan, es una política pública que se construye con recursos, coordinación y voluntad de afrontar realidades incómodas.

 

 

La pregunta que quedó flotando no es si España es o no un país seguro, sino cómo evitar que deje de serlo para determinados sectores de la población.

 

Cómo gestionar la inmigración sin caer en el caos ni en la deshumanización.

 

Cómo proteger a las mujeres sin convertirlas en argumento político. Estas cuestiones no se resolverán en un plató ni en un vídeo viral, pero ignorarlas tiene un coste creciente.

 

 

El ciudadano que apaga la televisión con sensación de frustración no necesita que le digan qué pensar, sino que le expliquen qué está pasando y qué se está haciendo para solucionarlo.

 

Eso exige un periodismo más valiente, menos complaciente con el poder y menos dependiente del espectáculo.

 

Porque cuando la conversación pública se reduce a un intercambio de reproches, el problema no desaparece. Se enquista.

 

 

España se encuentra en un punto de inflexión. Puede seguir negando las tensiones hasta que estallen o afrontarlas con serenidad y datos.

 

Puede convertir la seguridad y la inmigración en armas electorales o en políticas de Estado.

 

El camino que elija no dependerá solo de los políticos, sino también de los medios y de una ciudadanía cada vez más consciente de que el ruido no sustituye a la verdad.