Los mensajes que lo cambian todo la UME sí estaba y Feijóo y Mazón mintieron como psicopatas.

 

 

 

 

 

Las mentiras no son inocuas. No se evaporan con el paso de los días ni se diluyen entre titulares cambiantes.

 

Cuando una tragedia golpea a miles de personas, cuando hay víctimas, dolor y vidas truncadas, la mentira se convierte en algo mucho más grave que un simple error político: pasa a ser una forma de indecencia.

 

Y eso es exactamente lo que ha quedado al descubierto tras las últimas revelaciones sobre la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana y el papel que jugaron, según la ministra de Defensa, Margarita Robles, tanto Carlos Mazón como Alberto Núñez Feijóo.

 

 

Lo ocurrido no es un malentendido puntual ni una confusión técnica. Es un relato sostenido en el tiempo que, pieza a pieza, se está desmoronando.

 

Los mensajes, los horarios, las declaraciones públicas y ahora las explicaciones oficiales han dejado al descubierto una estrategia política basada en medias verdades, silencios interesados y una utilización irresponsable del Ejército como cortina de humo para tapar una gestión autonómica que llegó tarde y mal.

 

 

El punto de inflexión se produjo cuando salió a la luz parte del intercambio de mensajes entre Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.

 

Feijóo aseguró haber entregado a la jueza los mensajes que recibió de Mazón el día de la DANA, insistiendo en que no había borrado nada.

 

Sin embargo, omitió una parte clave: los mensajes que él mismo envió. Esa ausencia no es menor. En cualquier conversación, mostrar solo una mitad no es transparencia, es manipulación.

 

Desde ese momento, las asociaciones de víctimas y buena parte de la oposición comenzaron a exigir algo muy concreto: la entrega íntegra del chat.

 

No fragmentos, no capturas parciales, no selecciones interesadas. Todo. Porque solo así se puede reconstruir qué se sabía, cuándo se sabía y quién tomó —o dejó de tomar— decisiones en las horas críticas.

 

 

Compromís fue uno de los partidos que elevó el tono con mayor claridad, exigiendo la comparecencia urgente de Feijóo en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso.

 

Le acusan directamente de haber mentido cuando afirmó que estaba informado “en tiempo real” de lo que ocurría.

 

Los datos conocidos hasta ahora apuntan en dirección contraria: Feijóo no recibió información relevante hasta bien entrada la tarde, alrededor de las 20:28, cuando la situación ya era dramática y muchas oportunidades de rescate se habían perdido.

 

 

Pero si hay un elemento que desmonta de forma especialmente contundente el relato del Partido Popular es el papel de la Unidad Militar de Emergencias.

 

Durante semanas, Mazón y Feijóo sostuvieron que la UME no había estado desplegada desde el inicio. Que su llegada fue tardía o inexistente.

 

Hoy sabemos que eso no es cierto.

 

Los propios mensajes confirman que la UME se movilizó de forma anticipada ante la gravedad de la situación.

 

Es más, la delegada del Gobierno tuvo que insistir en varias ocasiones a la Conselleria de Emergencias para que solicitara formalmente su intervención en Utiel.

 

Esa petición, que debía haberse realizado a primera hora del día, no se cursó hasta las tres de la tarde. Para entonces, el agua ya había arrasado calles, viviendas y vidas.

 

La anticipación es clave en cualquier emergencia. Y en este caso, la falta de reacción temprana tuvo consecuencias devastadoras.

 

Cuando las unidades de la UME entraron en algunas localidades con lanchas neumáticas, gran parte de las personas que necesitaban auxilio ya no podían ser rescatadas.

 

Aun así, los efectivos actuaron, se desplegaron y pusieron en riesgo sus propias vidas, como han hecho siempre que se les ha requerido.

 

A las 20:30 de la tarde, Mazón informó de que la UME estaba “prealertada”. Esa afirmación, repetida después por Feijóo, resulta hoy especialmente hiriente.

 

No solo porque llega tarde, sino porque intenta maquillar una realidad evidente: el despliegue debía haberse producido muchas horas antes.

 

Decir que estaban prealertados cuando el desastre ya era total no es gestión, es propaganda defensiva.

 

Todo este contexto es el que explica la dureza de las palabras de Margarita Robles.

 

La ministra de Defensa no se limitó a matizar ni a corregir. Fue directa: aquí se ha mentido. Se ha faltado a la verdad desde el principio.

 

Y se ha hecho con un objetivo político muy claro: negar la realidad para cubrir la ineficacia de una administración autonómica y desgastar al Gobierno central, incluso a costa de desacreditar a las Fuerzas Armadas.

 

 

Robles fue especialmente contundente al exigir disculpas. Disculpas a los ciudadanos valencianos, que fueron engañados.

 

Disculpas a la UME y al conjunto del Ejército, cuyos miembros estuvieron sobre el terreno, arriesgando su vida mientras desde algunos despachos se construía un relato falso.

 

Más de 39.000 militares participaron en las labores de emergencia y reconstrucción. Tres mil hombres y mujeres de la UME estuvieron disponibles desde el primer momento. Negar eso no es una opinión política: es una falta de respeto institucional.

 

 

La ministra también puso el foco en una cuestión clave: ¿por qué no quieren decir la verdad? ¿Qué se pretende ocultar? Para Robles, la respuesta es evidente.

 

Se trata de una estrategia para desviar responsabilidades y para evitar asumir que quien debía estar al frente de la emergencia no estuvo donde tenía que estar.

Cuando uno falla, añadió, intenta hacer creer que los demás también fallaron.

 

La dimensión judicial del caso sigue avanzando. Carlos Mazón declarará el próximo 9 de enero ante los juzgados de Catarroja.

 

Ha solicitado hacerlo por videoconferencia desde la sede del PP en Génova, aunque las asociaciones de víctimas reclaman que comparezca de forma presencial, por respeto y por dignidad.

 

La jueza, conocida por su minuciosidad, ya ha demostrado que no se conforma con versiones incompletas. Todo apunta a que exigirá la totalidad de los mensajes, incluidos los enviados por Feijóo.

 

 

Ese punto es crucial. Porque una vez que se entrega una parte de una conversación, resulta difícil justificar por qué no se entrega el resto.

 

Si la solicitud judicial es el chat completo, no sirve mostrar solo los mensajes recibidos. La instrucción está siendo rigurosa y todo indica que seguirá siéndolo.

 

La dimisión de Carlos Mazón alivió parcialmente la presión interna dentro del Partido Popular, pero no ha cerrado la herida. Al contrario.

 

Muchos se preguntan por qué se tardó tanto en forzar esa salida. Y, sobre todo, por qué se intentó sostener un relato que hoy se demuestra falso.

 

El daño político es profundo y no se limita a una persona concreta. Afecta al partido como organización y a su credibilidad institucional.

 

Además, la sombra de la gestión posterior a la DANA sigue presente. Contratos de reconstrucción adjudicados a dedo, empresas vinculadas a tramas conocidas como Gürtel, Taula o Azud, y una sensación generalizada de que nada se ha aprendido de los errores del pasado.

 

No es extraño que las víctimas sigan convocando movilizaciones y reclamando que caigan no solo los responsables directos, sino también los cómplices políticos.

 

 

Hay algo especialmente grave en todo este episodio: la campaña de desinformación. A pesar de existir informes oficiales, imágenes, actas y testimonios sobre el despliegue de la UME, fue necesario que apareciera una “confesión” en un chat privado para frenar las mentiras.

 

Eso habla de un deterioro preocupante del debate público, donde los hechos ya no bastan y solo se acepta la verdad cuando coincide con intereses políticos.

 

 

Margarita Robles relató incluso el impacto humano de esa desinformación.

 

Militares que recibían llamadas desesperadas de sus familias, sabiendo que estaban en zonas inundadas, mientras escuchaban en televisión que “no estaban allí”.

 

Esa contradicción no solo genera indignación, genera impotencia.

 

Cuando una tragedia se utiliza como arma política, se cruza una línea peligrosa. Ya no hablamos de errores de gestión ni de discrepancias ideológicas.

 

Hablamos de una falta de ética básica. Las víctimas merecen verdad, no relatos fabricados. Merecen respeto, no estrategias de comunicación diseñadas para salvar carreras políticas.

 

La UME estuvo allí, jugándose la vida. Otros, en cambio, se dedicaron a escribir mensajes y a seleccionar qué partes de esos mensajes convenía mostrar.

 

Y al final, la pregunta más importante no es solo judicial, aunque los tribunales tendrán la última palabra.

 

Es una pregunta moral: ¿quién puede aspirar a gobernar un país si no es capaz de decir la verdad cuando más duele, cuando más importa y cuando las consecuencias de mentir se miden en vidas humanas?

 

 

Esa pregunta queda suspendida en el aire. Y, a diferencia de las mentiras, no desaparece con el tiempo.