Ernesto Ekaizer extrae una firme conclusión del último movimiento de la Justicia en el caso Montoro: “El juez ya ha decidido…”.

 

 

El juez de Tarragona ha aprobado una nueva prórroga de seis meses para continuar con la instrucción.

 

 

 

Ernesto Ekaizer en ‘Malas Lenguas’.

 

 

La noticia no cayó como un trueno, sino como un goteo constante que, de pronto, termina por empapar todo.

 

Primero fue la petición de la Fiscalía. Después, casi sin pausa, la decisión del juez. Y finalmente, la lectura política y judicial que muchos esperaban, pero que pocos se atrevían a formular en voz alta.

 

El llamado caso Montoro vuelve a colocarse en el centro del foco mediático y judicial, y esta vez no como un eco lejano del pasado, sino como una investigación viva, activa y con recorrido. Un asunto que parecía enquistado desde hace años acaba de recibir un impulso que lo cambia todo.

 

El juez instructor ha aceptado prorrogar la investigación otros seis meses y autorizar nuevas diligencias de enorme calado sobre el patrimonio de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, y de varias personas y sociedades vinculadas a su entorno más cercano.

 

Una decisión que llega tras la solicitud expresa de la Fiscalía Anticorrupción y que, para muchos analistas, marca un antes y un después en una causa que se remonta a 2018 y que examina una presunta red de favores fiscales a empresas, especialmente del sector gasístico.

 

A simple vista, podría parecer un trámite más dentro de un procedimiento complejo. Sin embargo, el alcance de las diligencias aprobadas y la rapidez con la que el juez las ha asumido dibujan un escenario muy distinto.

 

No se trata de alargar el reloj por inercia, sino de profundizar, de ir más allá, de abrir cajones que hasta ahora permanecían cerrados. Y eso, en un caso que afecta directamente a un exministro clave del Estado, no es un gesto menor.

 

La investigación pone el foco en el despacho Equipo Económico, vinculado a Montoro, y en un entramado de sociedades que habrían servido, presuntamente, para canalizar pagos de empresas beneficiadas por reformas legislativas hechas a medida.

 

El auto judicial ordena a la Policía Judicial recabar hojas registrales completas, memorias y cuentas anuales desde 2008 hasta 2025, no solo de ese bufete, sino de hasta trece sociedades relacionadas.

 

Un barrido temporal y documental que apunta a una voluntad clara de reconstruir toda la arquitectura económica y societaria del caso.

 

Pero hay un elemento que añade una carga especialmente sensible a la investigación: el análisis del régimen económico matrimonial de Montoro y de otros investigados.

 

El objetivo es rastrear posibles ocultaciones de patrimonio y comprobar si determinados bienes pudieron quedar fuera del radar a través de estructuras legales aparentemente ajenas.

 

Este tipo de diligencias no se solicitan a la ligera. Suelen ser el síntoma de que los investigadores creen que hay más de lo que se ve a simple vista.

 

Los delitos que se investigan no son menores ni anecdóticos. Cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y corrupción en los negocios.

 

Un catálogo que, de confirmarse, describiría una de las tramas más graves vinculadas al poder económico y político de las últimas décadas.

 

Y todo ello con un elemento especialmente perturbador: la sospecha de que el Ministerio de Hacienda pudo haber sido utilizado como una herramienta al servicio de intereses privados.

 

Desde el programa Malas Lenguas, en TVE, el periodista Ernesto Ekaizer puso palabras a lo que muchos intuían al conocer el último auto judicial.

 

Para él, la decisión del juez de Tarragona, Rubén Rus, no es casual ni neutra. Al contrario, supone un mensaje claro.

 

El magistrado ha acogido “inmediatamente” las medidas solicitadas por la Fiscalía, lo que evidencia, según Ekaizer, una voluntad explícita de dar impulso real a la causa.

 

En su análisis, el colaborador fue más allá de lo puramente técnico. Señaló que el objetivo de la Fiscalía es determinar hasta qué punto Cristóbal Montoro pudo enriquecerse a través de las operaciones de Equipo Económico.

 

Un despacho que, según la investigación, elaboraba reformas legislativas adaptadas a las necesidades de sus clientes.

 

Una práctica que Ekaizer calificó sin rodeos como la “privatización del Ministerio de Hacienda” con fines lucrativos. Una afirmación de enorme gravedad que, de confirmarse, tendría consecuencias históricas.

 

El periodista recordó que se trata de un hecho prácticamente inédito en la democracia española.

 

No hablamos de un caso aislado ni de una irregularidad puntual, sino de la posibilidad de que una de las carteras más sensibles del Gobierno haya sido utilizada para generar beneficios privados mediante ingeniería legal.

 

Un escenario que, por su complejidad y profundidad, difícilmente se resolverá en solo seis meses. De hecho, Ekaizer dejó caer que esta prórroga podría ser solo la primera de varias.

 

Uno de los aspectos más relevantes del análisis fue la lectura implícita que el periodista hizo del movimiento del juez.

 

Actualmente, Montoro y otros investigados han presentado recursos cuestionando la competencia y la jurisdicción del magistrado instructor.

 

Formalmente, el juez aún no ha resuelto esos recursos. Sin embargo, para Ekaizer, el hecho de que haya impulsado la causa con diligencias tan contundentes revela algo más profundo.

 

Según su interpretación, un juez que duda de su competencia difícilmente autorizaría este tipo de medidas.

 

El auto, aunque no lo diga expresamente, sugiere que el magistrado ya ha tomado una decisión interna: considera que es competente para seguir investigando el caso.

 

Y esa conclusión, aunque no esté escrita negro sobre blanco, se lee entre líneas en cada párrafo del documento judicial.

 

Este punto es clave, porque despeja una de las estrategias defensivas más importantes de los investigados: cuestionar el juzgado para frenar o dilatar la investigación.

 

Si el juez confirma su competencia en los próximos días, como se espera, la causa entrará en una fase mucho más intensa y comprometida para el exministro y su entorno.

 

La sensación que deja este nuevo capítulo del caso Montoro es la de un proceso que despierta tras años de letargo.

 

Un procedimiento que, lejos de apagarse, gana profundidad, ritmo y determinación. La Justicia parece dispuesta a mirar donde antes solo se insinuaba, a pedir documentos que abarcan casi dos décadas y a seguir el rastro del dinero con lupa.

 

Todo esto ocurre en un contexto político especialmente sensible, donde la confianza en las instituciones está bajo mínimos y donde la ciudadanía observa con escepticismo cualquier investigación que afecte a figuras de alto nivel.

 

Por eso, el impulso procesal de esta causa tiene también una dimensión simbólica: la idea de que, incluso los nombres más poderosos, pueden y deben ser investigados hasta el final.

 

No se trata de prejuzgar ni de anticipar culpabilidades. La presunción de inocencia sigue siendo un pilar fundamental.

 

Pero tampoco se puede ignorar la magnitud de lo que está en juego. Si se demuestra que hubo reformas legales diseñadas para beneficiar a clientes concretos a cambio de pagos, el daño a la credibilidad del sistema sería profundo y duradero.

 

El caso Montoro ya no es solo una investigación judicial. Es un espejo incómodo en el que se reflejan las relaciones entre política, dinero y poder.

 

Un recordatorio de lo frágiles que pueden ser las fronteras entre lo público y lo privado cuando no hay controles eficaces. Y una prueba de que, a veces, la Justicia avanza despacio, pero cuando lo hace, puede remover cimientos.

 

En los próximos meses, cada nueva diligencia, cada informe policial y cada resolución judicial será analizada al detalle.

 

La ampliación de la investigación no garantiza un desenlace concreto, pero sí asegura algo fundamental: que no se va a cerrar en falso. Que habrá preguntas, documentos y respuestas. Y que, esta vez, el caso no parece destinado a dormir en un cajón.

 

La conclusión que muchos extraen, y que Ekaizer verbalizó sin rodeos, es clara: el juez no está dormido. Al contrario.

 

Ha despertado la causa y ha dejado claro que piensa llegar hasta donde sea necesario. Ahora, la pelota está en el tejado de la investigación.

 

Y el país observa, consciente de que lo que se descubra puede cambiar la forma en la que entendemos uno de los periodos más controvertidos de la gestión económica reciente.