💥¡PREFIERO A VOX!💥FELIPE GONZÁLEZ HUMILLA a esta PERIODISTA SANCHISTA por PROTEGER a BILDU.

 

 

 

 

 

Hubo un momento en el Ateneo de Madrid en el que el murmullo se transformó en silencio denso. No fue un silencio incómodo cualquiera. Fue de esos que pesan.

 

De esos que anuncian que algo acaba de romperse en el discurso oficial. Felipe González, el presidente más longevo de la democracia española, acababa de pronunciar una frase que cayó como una losa en el tablero político actual. Y en ese instante, más que un desayuno informativo, aquello parecía un ajuste de cuentas con el presente.

 

 

Lo que ocurrió esa mañana no fue simplemente una intervención crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Fue una enmienda a la totalidad del rumbo político de España, lanzada desde dentro del propio espacio socialista.

 

Y cuando un histórico del PSOE habla de “pérdida de capacidad de análisis”, de pactos inasumibles y de una deriva institucional preocupante, el eco resuena mucho más allá de las paredes del Ateneo.

 

 

Felipe González no habló como un tertuliano más. Habló como quien ha gobernado este país durante casi 14 años.

 

Como quien vivió los años más duros del terrorismo de ETA. Como quien negoció la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.

 

Y precisamente por eso, cada palabra suya adquiere una dimensión política imposible de ignorar.

 

La frase que más ha circulado desde entonces es clara: él no pactaría con Bildu. Y fue más allá. Afirmó que le resultaría “más aceptable” un acuerdo con Vox que con una formación que, en su opinión, no ha roto de forma contundente con el pasado vinculado a ETA. No fue una afirmación improvisada ni una broma. Fue una posición política definida.

 

 

En ese momento, el debate dejó de ser teórico. Porque la pregunta que sobrevuela la política española es evidente: ¿tiene razón González al advertir sobre ciertos pactos? ¿O está contribuyendo a normalizar a la extrema derecha al establecer comparaciones de ese calibre?

 

Para entender la magnitud del mensaje hay que situarlo en el contexto actual. España vive desde 2015 el fin del bipartidismo clásico.

 

La fragmentación parlamentaria ha convertido los pactos en una necesidad estructural. Ningún partido mayoritario puede gobernar en solitario. Y eso obliga a acuerdos que hace una década habrían parecido impensables.

 

Pedro Sánchez ha defendido reiteradamente la legitimidad de sus pactos parlamentarios, incluyendo los apoyos de EH Bildu, dentro del marco constitucional.

 

De hecho, Bildu es hoy una fuerza legal, con representación institucional y que participa en las instituciones democráticas. Esa es la realidad jurídica.

 

Pero González apeló a otra dimensión: la memoria. Recordó el dolor causado por ETA, las víctimas, los años de plomo. Y dejó claro que, desde su perspectiva ética y política, hay líneas que no cruzaría.

 

 

Sus palabras no tardaron en generar reacciones. En sectores próximos al Gobierno se interpretaron como una deslegitimación injusta de la estrategia parlamentaria actual.

 

En otros ámbitos, especialmente en votantes socialistas desencantados, fueron vistas como una advertencia necesaria.

 

El debate se amplificó al trasladarse a tertulias y programas políticos. Allí surgió otra cuestión clave: el ascenso de Vox y la responsabilidad del Partido Popular en su consolidación institucional.

 

¿Ha contribuido Alberto Núñez Feijóo a normalizar a Vox al pactar gobiernos autonómicos con ellos? ¿O simplemente ha asumido la aritmética parlamentaria, igual que lo hace el PSOE con sus socios?

 

La discusión no es menor. En comunidades como la Valenciana o Castilla y León, el PP ha gobernado con el apoyo o la participación de Vox.

 

Feijóo ha intentado marcar distancias discursivas, pero los acuerdos han existido. Y eso alimenta el argumento de quienes sostienen que la frontera ideológica se ha desplazado.

 

González, sin embargo, introdujo un matiz: diferenció entre discrepancia ideológica y legitimidad democrática.

 

Puede no gustarle Vox, puede no compartir su proyecto político, pero no lo sitúa en el mismo plano moral que una fuerza vinculada históricamente al entorno de ETA. Esa es su tesis.

 

¿Es una comparación acertada? ¿Es un error estratégico? Ahí se divide la opinión pública.

 

Mientras tanto, el trasfondo del discurso fue aún más profundo. El expresidente habló de bloqueo institucional, de la incapacidad para abordar problemas estructurales como la vivienda, de la necesidad de repensar el modelo autonómico tras más de 40 años de desarrollo.

 

 

En su intervención subrayó que España no puede funcionar con bloques que se excluyen mutuamente. Que si cada decisión se convierte en una batalla identitaria, los grandes consensos se vuelven imposibles. Y sin consensos, reformas clave quedan paralizadas.

 

El problema de la vivienda, por ejemplo, exige coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno central.

 

Pero el clima político convierte cualquier intento en un campo de minas partidista. González apuntó directamente a esa disfunción.

 

También cuestionó la reiteración de políticas de emergencia años después de la pandemia. Planteó si España sigue actuando como si estuviera en una crisis permanente.

 

Y lanzó una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo puede sostenerse una narrativa de excepcionalidad sin erosionar la credibilidad institucional?

 

Más allá de las frases más llamativas, el núcleo del mensaje fue una llamada a la responsabilidad. A la autocrítica. A reconocer errores antes de que el electorado los penalice.

 

Porque los resultados electorales recientes muestran un panorama fragmentado. Vox mantiene un suelo sólido de votantes.

 

El PP consolida posiciones en determinadas regiones. El PSOE enfrenta desgaste tras años de gobierno. Y la polarización parece instalada.

 

En ese escenario, la figura de González opera como espejo incómodo para su propio partido. No es un adversario externo. Es parte de su historia. Y cuando señala incoherencias o riesgos, el impacto es mayor.

 

 

Algunos analistas sostienen que sus declaraciones pueden beneficiar indirectamente al PP al reforzar el relato de que el PSOE ha cruzado líneas rojas. Otros creen que simplemente expresa una opinión personal sin capacidad real de alterar mayorías.

 

Pero hay algo innegable: sus palabras reabrieron un debate que muchos preferían dar por cerrado.

 

¿Es legítimo pactar con cualquier fuerza que esté dentro de la legalidad constitucional? Desde un punto de vista jurídico, sí. ¿Es políticamente conveniente? Esa es la cuestión.

 

La democracia se basa en reglas, pero también en percepciones. Y cuando una parte del electorado siente que se difuminan ciertos límites, el malestar se traduce en votos de castigo o en abstención.

 

El propio González admitió que no votaría a Vox. Pero también dejó claro que no todo vale en nombre de la gobernabilidad. Esa tensión entre pragmatismo y principios define la política contemporánea.

 

El ascenso de fuerzas consideradas populistas o de extrema derecha no es exclusivo de España. Portugal, Francia, Italia o Alemania han vivido dinámicas similares.

 

En muchos casos, el desgaste de los partidos tradicionales y la percepción de desconexión con problemas reales han alimentado esos movimientos.

 

González apuntó a una idea sencilla pero poderosa: cuando los gobiernos no gestionan bien, la ciudadanía busca alternativas. No siempre son las que uno desea, pero son las que emergen.

 

 

Esa reflexión interpela tanto al PSOE como al PP. Porque el fenómeno no se explica solo por la estrategia de pactos, sino por la capacidad —o incapacidad— de ofrecer soluciones creíbles.

 

En última instancia, lo ocurrido en el Ateneo no fue un simple intercambio de opiniones. Fue un síntoma. Un reflejo de una España que debate su modelo territorial, sus alianzas políticas y su memoria histórica al mismo tiempo.

 

La pregunta que queda en el aire no es solo si González tiene razón. Es si la política española está dispuesta a escucharse a sí misma antes de que la fractura sea irreversible.

 

Porque cuando un expresidente socialista afirma que algo no funciona, no está hablando desde la oposición. Está hablando desde la experiencia.

 

Y en democracia, ignorar las advertencias nunca ha sido una estrategia inteligente.

 

Ahora el debate está sobre la mesa. Pactos, memoria, gobernabilidad, bloques, vivienda, modelo autonómico. Todo entrelazado. Todo pendiente.

 

La decisión final, como siempre, no la toman los expresidentes ni los tertulianos. La toma la ciudadanía en las urnas.

 

La pregunta es: ¿qué lectura hará cuando llegue el momento?