ESCÁNDALO JUDICIAL ” LA UCO OLVIDA INVESTIGAR CUENTAS BANCARIAS CASO CORRUPCIÓN PP” EKAIZER DA CLAVE.

 

 

 

 

 

 

 

El caso Montoro y el laberinto judicial español: retrasos, reproches y correcciones en la instrucción.

 

 

 

El sistema judicial español vuelve a estar bajo el foco mediático por dos causas que han puesto en evidencia las limitaciones, los retrasos y las tensiones internas entre Fiscalía, Guardia Civil y jueces de instrucción.

 

 

 

Por un lado, el caso Montoro, que investiga presuntos pagos irregulares y cohecho en el despacho Equipo Económico fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; por otro, la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre la contratación de asesores en la presidencia del Gobierno, que ha recibido múltiples reveses de instancias superiores.

 

 

La última novedad del caso Montoro ha sido el duro reproche de la Fiscalía Anticorrupción a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

 

 

 

Carmen García Cerdá, fiscal encargada del caso, ha criticado en un escrito que los agentes solo han analizado 10 de las más de 200 cuentas bancarias localizadas en la causa, a pesar de que la investigación lleva años abierta.

 

 

La fiscal advierte que la UCO “no ha hecho diligentemente su trabajo”, un señalamiento que resulta especialmente relevante por tratarse de compañeros que trabajan a diario en la sede de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid.

 

 

El objetivo principal de la investigación es esclarecer si el dinero que cobraba el bufete de Montoro terminó en manos de cargos públicos.

 

 

 

Los informes de los Mossos y la Agencia Tributaria aportan indicios de pagos de empresas gasistas a Equipo Económico previos a reformas legislativas que beneficiaban a esas compañías.

 

 

Además, se investiga si Montoro fue alertado de investigaciones sobre personajes como Villarejo, el pequeño Nicolás o la baronesa Thyssen, entre otros.

 

 

La fiscalía justifica los siete años de secreto de sumario por la complejidad de obtener y analizar miles de correos electrónicos solicitados a Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos.

 

 

Sin embargo, el lento avance en el análisis de las cuentas bancarias ha suscitado dudas sobre la eficacia del procedimiento y la voluntad de llegar al fondo del asunto.

 

El informe de la fiscal Carmen García Cerdá no se refiere a la UCO “en abstracto”, sino a los agentes que ella conoce personalmente y que trabajan en la misma sede.

 

 

El reproche es directo: la instrucción avanza “en modo tortuga” y no está siendo diligente, lo que pone en cuestión la seriedad con la que se está abordando un caso de presunta corrupción de gran relevancia política y económica.

 

 

 

El caso Montoro ha estado marcado por la dilación y la falta de avances significativos, a pesar de la gravedad de las acusaciones.

 

 

El despacho Equipo Económico, fundado por el exministro en 2006, está en el centro de una trama que podría implicar pagos irregulares, tráfico de influencias y cohecho, con ramificaciones que afectan a empresas energéticas y a altos cargos públicos.

 

 

El retraso en el caso Montoro contrasta con la rapidez con la que la justicia ha actuado en otros casos, como el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o el de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

 

 

 

Se destaca que la UCO ha elaborado informes sobre Begoña Gómez en apenas tres días, mientras que en el caso Montoro, tras más de 160 días desde la orden judicial, apenas se ha avanzado en el análisis de cuentas.

 

 

 

Este contraste ha suscitado críticas sobre la “ultra rapidez” de la justicia en ciertos casos y la dilación en otros, lo que alimenta sospechas de parcialidad y falta de criterio uniforme en la administración judicial.

 

 

El fiscal jefe Alejandro Luzón controla la instrucción, y la policía judicial está a sus órdenes, lo que refuerza la percepción de que las prioridades pueden estar influidas por factores políticos.

 

 

Paralelamente, la instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre la contratación de asesores en la presidencia del Gobierno ha sido objeto de repetidas correcciones por parte de instancias superiores.

 

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la querella de Vox contra Francisco Martín por prevaricación y malversación en la contratación de la asesora Cristina Álvarez, al considerar que la denuncia se basa en meras suposiciones y carece de indicios.

 

 

Peinado imputó a Francisco Martín tras admitir la querella, obligando al delegado del Gobierno a declarar como investigado.

 

 

Sin embargo, la Audiencia de Madrid ordenó archivar la causa, alegando que no existía relación lógica entre Martín y el nombramiento de Álvarez, y que no se había motivado suficientemente la imputación.

 

 

El juez mantuvo imputado a Martín durante seis meses sin especificar el delito presuntamente cometido.

 

No es la primera vez que instancias superiores corrigen al juez Peinado.

 

 

La Audiencia de Madrid le ordenó dejar de investigar la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Europa, desimputó al rector de la Complutense y al del Instituto de Empresa por falta de fundamentos, y anuló registros y volcados de dispositivos móviles al empresario Juan Carlos Barrab por vulneración injustificada de la intimidad.

 

 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló multas impuestas por Peinado a los abogados del caso Begoña Gómez por supuesta vulneración del secreto de sumario.

 

 

El Tribunal Supremo, por su parte, rechazó la petición de Peinado de imputar a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, al considerar que no había indicios.

 

 

El proceso ha sufrido al menos media docena de reveses judiciales, lo que ha generado sospechas sobre la instrucción y la motivación real de las actuaciones del juez.

 

 

La Audiencia Provincial ha marcado el camino y mostrado la pista por la que debía aterrizar la instrucción, pero Peinado ha persistido en mantener imputaciones que carecen de fundamento.

 

 

La situación descrita en ambos casos pone en evidencia las carencias y los retos del sistema judicial español.

 

 

La falta de diligencia en la investigación de corrupción, los retrasos injustificados y las correcciones reiteradas por parte de instancias superiores alimentan la desconfianza en la justicia y la percepción de que no todos los ciudadanos son tratados por igual ante la ley.

 

 

 

El contraste entre la rapidez en la instrucción de ciertos casos y la lentitud en otros sugiere la existencia de prioridades políticas y la influencia de intereses externos en el funcionamiento de la justicia.

 

 

La exigencia de motivación y fundamentación en las imputaciones es un principio básico que, en ocasiones, parece ignorarse, lo que pone en cuestión la garantía de los derechos fundamentales.

 

 

La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Alejandro Luzón, tiene un papel clave en la instrucción de los grandes casos de corrupción.

 

 

La relación con la UCO de la Guardia Civil es fundamental para el avance de las investigaciones, pero los reproches de la fiscal Carmen García Cerdá evidencian tensiones internas y la necesidad de mayor diligencia y profesionalidad.

 

 

La policía judicial debe actuar con independencia y rigor, analizando todas las pruebas y cuentas implicadas en los casos de corrupción.

 

 

La falta de análisis de 190 cuentas en el caso Montoro es un ejemplo de la indolencia que puede poner en peligro la resolución de causas clave para el sistema democrático.

 

 

Los casos Montoro y Peinado ilustran la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial español.

 

 

La garantía de la tutela judicial efectiva, la motivación de las resoluciones y la diligencia en la investigación de la corrupción son exigencias básicas para restaurar la confianza ciudadana.

 

 

La justicia debe ser igual para todos, actuar con independencia y transparencia, y garantizar que los responsables de delitos sean investigados y juzgados con rigor.

 

 

La sociedad española reclama una justicia eficiente, imparcial y libre de influencias políticas, capaz de proteger el interés público y sancionar la corrupción sin dilaciones ni favoritismos.