Manuela Carmena define la condena al Fiscal General del Estado con dos palabras que son más que suficientes.

 

 

 

Ha hablado en la Cadena Ser.

 

 

 

 

La escena política española se ha visto sacudida por la reciente condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, dictada por la Sala II del Tribunal Supremo.

 

 

El fallo, que impone dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, ha desatado una oleada de reacciones, pero pocas tan ponderadas y a la vez críticas como la pronunciada por Manuela Carmena, abogada, exjueza y exalcaldesa de Madrid, durante una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser.

 

 

En un país donde la confianza en las instituciones se resquebraja y la polarización se instala en el debate público, la voz de Carmena emerge como referente de sensatez y análisis jurídico.

 

 

Sus palabras, lejos de la estridencia, invitan a la reflexión y al cuestionamiento profundo del proceder del Tribunal Supremo, no solo por el contenido del fallo sino por la forma en que ha sido transmitido a la ciudadanía.

 

 

Para Carmena, la primera irregularidad no reside únicamente en el fondo del asunto, sino en el procedimiento.

 

 

“Lo primero es una falta enorme de discreción y de acierto por parte del Tribunal Supremo el transmitir un fallo sin que esté la sentencia firmada”, afirma con la autoridad de quien ha vivido la judicatura desde dentro.

 

La exalcaldesa recuerda que, aunque esta práctica ha ocurrido en otras ocasiones —incluso en el Tribunal Constitucional—, sigue siendo una anomalía que erosiona la credibilidad del sistema judicial y denota una preocupante falta de tacto institucional.

 

 

En el contexto actual, donde cada decisión judicial se analiza bajo el microscopio de la opinión pública y la prensa, la precipitación del Supremo al comunicar el fallo antes de la redacción definitiva de la sentencia no solo genera confusión, sino que alimenta la percepción de arbitrariedad y falta de rigor.

 

 

Carmena subraya la importancia de la forma en que se transmite la justicia, porque de ello depende la legitimidad y la confianza en las instituciones.

 

 

El fallo contra García Ortiz no ha contado con unanimidad: cinco de los siete magistrados lo apoyaron, mientras que las dos juezas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo, se desmarcaron con votos disidentes.

 

 

Esta división interna refleja la fractura que atraviesa la judicatura española, donde las mayorías ideológicas parecen determinar el sentido de las resoluciones en asuntos de alto voltaje político.

 

 

Carmena, con su habitual claridad, no rehúye el debate sobre la justicia y la política. “Es una sentencia que iba a generar el debate que está generando”, reconoce, y añade que la clave está en entender los argumentos jurídicos que han permitido al Supremo establecer una condena que, según su experiencia y el desarrollo del proceso, “nunca podría haber habido”.

 

 

La exalcaldesa no duda en calificar el fallo como “profundamente injusto”, una expresión que condensa la indignación de quienes ven en este caso una utilización excesiva del poder judicial para dirimir conflictos políticos.

 

 

La exigencia de Carmena es simple pero esencial: transparencia y rigor. “Es muy importante saber en qué se ha basado y con qué argumentos jurídicos el Tribunal Supremo ha podido establecer esa condena”, sostiene.

 

 

Su demanda no es retórica, sino una llamada a que la justicia se fundamente en hechos, pruebas y razonamientos sólidos, no en presiones mediáticas ni en cálculos políticos.

 

 

La exalcaldesa lamenta que, hasta el momento, la sociedad solo conoce el fallo y no la sentencia completa, lo que impide un análisis serio y detallado del caso.

 

 

Este vacío informativo, agravado por la premura en la comunicación, deja a la ciudadanía en la incertidumbre y dificulta la formación de una opinión pública crítica y fundamentada.

 

 

El modo en que el Tribunal Supremo ha gestionado la difusión del fallo, según Carmena, constituye “una falta enorme de consideración y de tacto”.

 

 

Desde su perspectiva, la justicia no puede permitirse gestos que pongan en cuestión su imparcialidad o su respeto por los procedimientos.

 

 

Cada error, cada precipitación, cada irregularidad contribuye a minar la confianza en las instituciones y a alimentar el desencanto ciudadano.

 

 

La exalcaldesa advierte que el caso García Ortiz puede convertirse en un símbolo de la crisis institucional que atraviesa España.

 

 

La falta de unanimidad, la precipitación en la comunicación y la ausencia de argumentos jurídicos claros son elementos que, juntos, dibujan un escenario preocupante para el futuro de la justicia y la democracia.

 

 

La sentencia contra el Fiscal General no es un episodio aislado. En los últimos años, España ha asistido a una creciente judicialización de la política, donde los tribunales se convierten en árbitros de disputas que deberían resolverse en el ámbito parlamentario o social. Carmena, con su experiencia en la judicatura y en la gestión pública, conoce bien los riesgos de esta tendencia.

 

 

 

La exalcaldesa defiende la independencia judicial, pero alerta sobre el peligro de que las mayorías ideológicas dentro de los tribunales condicionen decisiones que afectan a la vida democrática.

 

 

El caso García Ortiz, con su condena dividida y su tramitación irregular, es para Carmena un ejemplo de cómo la justicia puede perder su papel de árbitro neutral y convertirse en un actor político.

 

 

En la era de la información instantánea y la viralización de contenidos, la forma en que se comunica la justicia es casi tan importante como el fondo.

 

 

Carmena insiste en que la precipitación del Supremo al anunciar el fallo sin la sentencia firmada es una “falta de tacto” que daña la imagen institucional y dificulta el trabajo de la prensa y los analistas.

 

 

La ciudadanía, ante la ausencia de argumentos jurídicos detallados, se ve obligada a interpretar los hechos a partir de filtraciones, rumores y titulares.

 

 

Esta dinámica favorece la polarización y dificulta el debate sereno y fundamentado que exige una democracia madura.

 

 

Carmena, con su tono pausado y reflexivo, reivindica el derecho de los ciudadanos a conocer las razones de la justicia y a participar en el debate público desde la información y el análisis.

 

 

La intervención de Carmena en Hora 25 es, sobre todo, un llamado a la responsabilidad institucional.

 

 

La exalcaldesa reclama que el Tribunal Supremo actúe con la máxima discreción y rigor, respetando los tiempos y los procedimientos que garantizan la calidad y la legitimidad de sus decisiones.

 

 

La justicia, recuerda, no puede ser rehén de la inmediatez mediática ni de la presión política.

 

 

Su crítica, lejos de ser destructiva, es una invitación a mejorar. Carmena apuesta por una justicia transparente, fundamentada y respetuosa con los derechos de los ciudadanos y con las garantías procesales.

 

 

El caso García Ortiz, en su opinión, debe servir para reflexionar sobre los límites del poder judicial y sobre la necesidad de reforzar la confianza en las instituciones.

 

 

 

La condena al Fiscal General del Estado ha abierto una nueva grieta en el sistema institucional español.

 

 

La intervención de Manuela Carmena, crítica pero constructiva, pone de manifiesto la necesidad de repensar el papel de la justicia en la vida democrática y de exigir la máxima responsabilidad a quienes la ejercen.

 

 

El futuro de la democracia española depende, en gran medida, de la capacidad de las instituciones para actuar con rigor, transparencia y respeto por los procedimientos.

 

 

La voz de Carmena, experta y comprometida, es un recordatorio de que la justicia no puede permitirse errores ni precipitaciones, porque de ella depende la legitimidad del sistema y la confianza de los ciudadanos.

 

 

En este momento crucial, España necesita una justicia que sea, ante todo, justa.

 

Una justicia que sepa escuchar, explicar y fundamentar sus decisiones.

 

 

Una justicia que, lejos de alimentar la polarización, sea capaz de construir consensos y garantizar los derechos de todos. El caso García Ortiz y la reacción de Carmena son una oportunidad para iniciar ese camino.