ALARMA SENTENCIA FISCAL GENERAL “TRIBUNAL SUPREMO INVENTA NUEVO DELITO PARA CONDENARLE”.

 

 

 

 

 

El juicio al fiscal general del Estado: entre la revelación de secretos y el colapso de la confianza institucional.

 

 

 

En las últimas semanas, España ha asistido a un proceso judicial que, lejos de limitarse al ámbito jurídico, ha sacudido los cimientos de la confianza institucional y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de la justicia.

 

 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra en el epicentro de una tormenta mediática y política, acusado de un presunto delito de revelación de secretos en el caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

 

 

La expectación es máxima: no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por el precedente que puede sentar en la relación entre poder judicial, prensa y política.

 

 

El caso se ha convertido en el tema central del debate público. No es para menos: nunca antes en la historia democrática reciente de España un fiscal general había sido juzgado por un presunto delito de esta naturaleza.

 

 

La sala del Tribunal Supremo, con la mirada de todo el país puesta en ella, debe responder a preguntas que van más allá de la culpabilidad o inocencia del acusado.

 

 

¿Hasta qué punto la justicia puede resistir las presiones políticas y mediáticas? ¿Es posible condenar por indicios en ausencia de pruebas directas? ¿Qué consecuencias tendría una sentencia condenatoria para la arquitectura institucional española?

 

 

Lo que se juzga en estos días es, en esencia, la filtración de un expediente sensible.

 

El material probatorio que se presenta es, según los expertos, periférico y circunstancial.

 

 

El borrado de datos en el móvil y el correo electrónico de García Ortiz, efectuado el mismo día que el Supremo abrió la causa, ha sido uno de los ejes de la acusación.

 

 

Sin embargo, la defensa sostiene que este procedimiento responde a protocolos de seguridad habituales en la Fiscalía General del Estado, donde la protección de datos de alto riesgo es prioritaria.

 

 

Este punto, lejos de zanjar la cuestión, la enreda aún más. ¿Es legítimo borrar información por motivos de seguridad cuando se está bajo investigación? ¿Puede interpretarse este acto como un intento de ocultar pruebas? La respuesta, como tantas otras en este proceso, depende del prisma desde el que se mire.

 

 

La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), encargada de la investigación, ha centrado sus esfuerzos en García Ortiz, ignorando que el acceso a la documentación era posible para más de 600 personas dentro de la Fiscalía y otras instituciones del Estado.

 

 

Esta focalización ha sido objeto de crítica, tanto dentro como fuera del juicio.

 

 

Las declaraciones de los periodistas citados como testigos han añadido otra capa de complejidad.

 

 

Al menos cuatro profesionales han asegurado que tuvieron acceso al contenido del correo antes que el propio fiscal general, negando que él fuera la fuente original de la filtración.

 

 

La negativa a revelar sus fuentes, protegida por el secreto profesional, ha sido respetada por el tribunal, pero plantea el dilema de cómo valorar testimonios que no pueden ser plenamente verificados. En este contexto, la presunción de inocencia adquiere un peso decisivo.

 

 

Uno de los aspectos más controvertidos del juicio es el proceder de la UCO durante el registro de los dispositivos del fiscal general.

 

Los agentes se llevaron todo el contenido, sin limitarse al periodo autorizado por el juez instructor, y posteriormente seleccionaron la información relevante.

 

Esta práctica, aunque habitual en investigaciones complejas, ha generado dudas sobre la vulneración de derechos fundamentales y la legitimidad de la prueba obtenida.

 

 

El teniente coronel Antonio Balas, interrogado sobre si pidió autorización para realizar el volcado completo, respondió con un desconcertante “no me acuerdo”, lo que ha alimentado la sospecha de irregularidades procedimentales.

 

 

La defensa ha señalado que esta actuación podría dar pie a la nulidad de parte de la prueba, una baza que probablemente se jugará en instancias superiores si el Supremo dicta condena.

 

 

La costumbre de la fiscalía de legitimar registros integrales para luego expurgar la información relevante ha sido cuestionada por juristas y expertos en protección de datos, que insisten en la necesidad de ceñirse estrictamente a lo ordenado por la autoridad judicial.

 

 

La posibilidad de condenar al fiscal general por prueba indiciaria ha sido objeto de intenso debate.

 

 

La sentencia de la Sala Penal 532/2019 del Tribunal Supremo, redactada por tres de los magistrados que ahora juzgan a García Ortiz, establece que la autoría de un delito no puede basarse únicamente en la explicación más lógica de los hechos, sino en la suma de indicios que permitan fijar de manera indubitada que los hechos se produjeron de esa forma y no de cualquier otra.

 

 

Si existe la posibilidad razonable de que la filtración se haya producido por otra vía, la condena no puede sostenerse.

 

 

En el juicio, han quedado patentes las múltiples vías por las que la información pudo haber sido filtrada: desde la Fiscalía General del Estado, con acceso para cientos de personas, hasta la abogacía del Estado, implicada por el propio abogado de González Amador.

 

 

Los testimonios de siete periodistas que han negado haber recibido la información del fiscal general refuerzan la tesis de la defensa y dificultan una condena basada en indicios débiles.

 

 

Ante la dificultad de probar la revelación de secretos, ha surgido la posibilidad de condenar a García Ortiz por infidelidad en la custodia de documentos.

 

 

Este delito, incluido en el escrito de acusación de Manos Limpias, no requiere demostrar que el fiscal realizó la filtración, sino que no puso los medios necesarios para evitar que un tercero accediera a la información y la divulgara.

 

 

La condena, en este caso, no supondría prisión, pero sí inhabilitación y multa.

 

 

Esta alternativa plantea un problema de fondo: ¿puede responsabilizarse penalmente al máximo responsable de una institución por filtraciones que pueden producirse en un entorno de acceso masivo? ¿Sentaría esto un precedente que pondría en riesgo a jueces, fiscales y funcionarios en todos los ámbitos donde se produzcan filtraciones? La jurisprudencia, hasta ahora, no ha avalado este tipo de condenas en ausencia de pruebas directas de negligencia o complicidad.

 

 

 

Más allá de los aspectos técnicos, el juicio al fiscal general ha puesto de manifiesto el proceso de empozoñamiento de la vida pública en España.

 

 

La instrumentalización política del caso, impulsada por la Comunidad de Madrid y la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tiene como objetivo desviar la atención del escándalo que afecta a su pareja, acusado de falsificar facturas para defraudar a la Hacienda pública.

 

 

El señalamiento de la profesión periodística y el linchamiento mediático han sido denunciados por periodistas y analistas, que advierten de los riesgos para la democracia.

 

 

El clima de confrontación y desconfianza ha alcanzado a todos los actores implicados: la justicia, la política y la prensa.

 

 

La falta de respeto por los códigos profesionales y la presión sobre los periodistas citados como testigos han sido criticadas por quienes defienden la ética y la independencia informativa.

 

 

El juicio se ha transformado en un espectáculo, un “esperpento inadmisible en un sistema democrático”, según palabras de algunos asistentes a las sesiones.

 

 

La intervención de figuras como Cristina Almeida, referente de la defensa de los derechos civiles, ha aportado una perspectiva crítica sobre el estado de la justicia en España.

 

 

Almeida ha confesado su pérdida de confianza en la imparcialidad judicial, alertando sobre la politización de los tribunales y la instrumentalización de la justicia para dirimir conflictos políticos.

 

 

“Hoy la política se está haciendo la justicia y eso me permite opinar que ya no tengo tanta confianza en la justicia y a lo mejor ya no la tengo que tener en la política”, ha declarado.

 

 

Esta crisis de confianza no es exclusiva de Almeida. Juristas, periodistas y ciudadanos asisten con preocupación al deterioro de la legitimidad institucional, conscientes de que las decisiones que se tomen en este juicio pueden tener consecuencias profundas para el futuro del Estado de derecho.

 

 

Los periodistas que han participado en el juicio han defendido su trabajo y su integridad profesional ante las insinuaciones de complicidad o ocultación de pruebas.

 

 

La negativa a revelar sus fuentes, protegida por el secreto profesional, ha sido reivindicada como un principio irrenunciable para garantizar la libertad de información.

 

 

El reconocimiento público a su labor, expresado por compañeros y analistas, contrasta con la presión institucional y mediática que han sufrido durante el proceso.

 

 

La cuestión de si los testimonios periodísticos serán suficientes para aquilatar la inocencia del fiscal general queda ahora en manos del Tribunal Supremo.

 

 

La sentencia, prevista antes de Navidad, será decisiva para determinar no solo el futuro de García Ortiz, sino también el alcance de la responsabilidad penal en casos de filtración y la protección de la libertad informativa.

 

 

El proceso contra el fiscal general del Estado es mucho más que un juicio por revelación de secretos.

 

 

Es un test de estrés para la justicia española, una prueba de la capacidad institucional para resistir la presión política y mediática, y una oportunidad para reflexionar sobre los límites de la responsabilidad penal y la protección de la libertad de prensa.

 

 

La sentencia que dicte el Tribunal Supremo será observada con lupa por juristas, políticos y ciudadanos.

 

 

De ella dependerá no solo el destino de Álvaro García Ortiz, sino la credibilidad de la justicia y la solidez del Estado de derecho.

 

 

En un contexto marcado por la polarización y el empozoñamiento de la vida pública, la defensa de la imparcialidad judicial y la independencia informativa se convierten en pilares fundamentales para preservar la democracia.

 

 

La historia que se escribe en estos días en los tribunales es, en última instancia, la historia de un fracaso institucional, pero también la oportunidad de aprender de los errores y fortalecer los mecanismos de control y transparencia.

 

 

El debate está abierto, y la sociedad española debe decidir si opta por la confrontación o por la reconstrucción de la confianza en sus instituciones.