La declaración de la empresaria que llevó dinero en bolsas al PSOE de Sánchez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El escándalo del caso Ábalos y la trama de la Alcaidesa: radiografía de una declaración clave ante la justicia.

 

 

 

 

En el complejo entramado judicial que rodea el denominado “caso Ábalos”, la declaración de doña María del Carmen Pano Sánchez ante el magistrado instructor se ha convertido en una pieza fundamental para desentrañar las conexiones, intereses y presuntas irregularidades que salpican a empresarios, políticos y sociedades vinculadas al sector de hidrocarburos en España.

 

 

 

 

El testimonio, recogido en sede judicial y refrendado por los principales medios nacionales, arroja luz sobre la compraventa y alquiler de un chalet en la exclusiva urbanización de la Alcaidesa (Cádiz), que habría servido como moneda de cambio en una operación para la obtención de licencias estratégicas y favores políticos.

 

 

 

 

Doña Carmen Pano compareció ante el tribunal en calidad de testigo, aunque también figura como investigada en un procedimiento paralelo instruido por el Juzgado Central de Instrucción número 5.

 

 

 

Por ello, acudió acompañada de su letrado, con el objetivo de salvaguardar sus derechos de defensa ante cualquier pregunta que pudiera comprometer su situación procesal.

 

 

 

La testigo fue interrogada acerca de su relación con los principales investigados en la causa: José Luis Ábalos Meco, exministro de Transportes; Coldo García Izaguirre, exasesor ministerial; y Víctor de Aldama Delgado, empresario vinculado al sector energético.

 

 

 

 

. Pano admitió conocer personalmente a Coldo García por haber coincidido en una reunión, y reconoció una antigua relación de amistad con Aldama, quien fue pareja de su hija hace más de dos décadas. En cambio, negó cualquier vínculo personal con Ábalos.

 

 

 

 

Uno de los ejes del interrogatorio giró en torno a las sociedades Half Go Time y Villafuel SL, ambas vinculadas al sector de hidrocarburos.

 

 

 

Pano negó tener ningún vínculo directo con ambas, aunque reconoció que la administradora de Half Go Time era su hija, Leonor María.

 

 

 

Según su declaración, el objeto social de ambas empresas era el comercio de hidrocarburos y derivados.

 

 

 

 

El magistrado indagó sobre el papel de Half Go Time en la compra del chalet de la Alcaidesa, una operación que, según la testigo, fue ordenada por Claudio Rivas y Víctor de Aldama.

 

 

 

Pano explicó que, aunque visitó la vivienda el día anterior a la firma de la compraventa, no tenía interés personal en adquirirla, sino que actuó siguiendo instrucciones de los mencionados empresarios.

 

 

 

 

El testimonio de Pano revela que la compra del chalet fue una operación dirigida por terceros, con el propósito explícito de alquilarlo a una persona cuya identidad desconocía en el momento de la adquisición. Posteriormente, se enteró de que el arrendatario era José Luis Ábalos, exministro de Transportes.

 

 

 

El contrato de arrendamiento, con opción de compra, fue gestionado por Víctor de Aldama y enviado a la hija de Pano para su firma.

 

 

 

 

Según la declaración, Ábalos pagó dos meses de fianza y un mes de alquiler, pero dejó de abonar las rentas tras ser cesado como ministro.

 

 

 

Ante la falta de pago, Pano comunicó la situación a Claudio Rivas, quien ordenó iniciar el proceso de desahucio.

 

 

 

 

La insistencia del magistrado en conocer los motivos que llevaron a Pano y su hija a seguir las instrucciones de Rivas y Aldama fue constante.

 

 

 

Pano reconoció que actuó como intermediaria en la presentación de ambos empresarios, y que la compra del chalet estaba vinculada a la obtención de una licencia de hidrocarburos para Villafuel.

 

 

 

Según su testimonio, la operación inmobiliaria era una especie de pago o contraprestación por la mediación en la obtención de dicha licencia.

 

 

 

 

Pano declaró que se le prometió una retribución de 50.000 euros por la gestión, cantidad que nunca llegó a recibir.

 

 

 

El dinero para la compra del chalet —más de 567.000 euros— procedía de Half Go Time, empresa administrada por su hija, aunque el propietario real, según el fiscal, era Claudio Rivas.

 

 

 

 

Otro de los puntos clave de la declaración fue la reunión celebrada en enero de 2021 en el Ministerio de Industria, a la que asistieron Claudio Rivas, dos técnicos de Córdoba y Pano.

 

 

 

Allí, fueron recibidos por Coldo García y por el jefe de gabinete de la ministra, el señor Vidar. Según la testigo, la reunión giró en torno a la presentación telemática de Villafuel para la obtención del título de operador, y se les indicó que debían remitir la documentación a través de Coldo García.

 

 

 

 

Pano relató que el señor de Aldama, quien no participó en la reunión, fue el encargado de gestionar los contactos necesarios en el gobierno, alegando tener influencia suficiente para facilitar la concesión de la licencia.

 

 

 

La testigo confirmó que la licencia fue concedida a Villafuel en 2022, tras varios meses de gestiones.

 

 

 

 

Tras la salida de Ábalos y Coldo García del ministerio en julio de 2021, se produjeron diversos incidentes relacionados con la vivienda de la Alcaidesa.

 

 

 

Pano narró cómo recibió una llamada nocturna de Coldo García, quien le informó de que habían cortado la luz y el agua en la casa.

 

 

 

Ante la imposibilidad de solucionar el problema en ese momento, García le comunicó que había realizado un “enganche” o empalme para restablecer los suministros.

 

 

 

Pano trasladó la incidencia a Claudio Rivas y Víctor de Aldama, quienes decidieron iniciar el proceso de desahucio por impago de las rentas.

 

 

 

 

El interrogatorio incluyó preguntas sobre la existencia de entregas periódicas de dinero —hasta 100.000 euros semanales— a Víctor de Aldama por parte de dos personas identificadas como “Lolo” y “Felipe”.

 

 

 

Pano admitió haber realizado dos entregas de 45.000 euros cada una en la sede del PSOE en la calle Ferraz, por encargo de Aldama y con la intermediación de Álvaro Gallego.

 

 

 

Aunque afirmó desconocer el destinatario final, relató que fue recibida en la segunda planta de la sede, donde la estaban esperando.

 

 

 

 

Según su declaración, las primeras entregas de efectivo estaban relacionadas con el negocio de los restaurantes de las Cuatro Torres, en los que Aldama tenía problemas económicos y buscaba inversores.

 

 

 

 

El contrato de alquiler del chalet de la Alcaidesa incluía una opción de compra para el ministro, aunque Pano aclaró que se trataba de una posibilidad recogida en el contrato, no de una decisión firme.

 

 

 

El magistrado insistió en la relevancia de la implicación del Ministerio de Industria en la concesión de la licencia de hidrocarburos, señalando que el Ministerio de Transportes, dirigido por Ábalos, no tenía competencia en la materia.

 

 

 

 

La declaración de doña Carmen Pano Sánchez ante el tribunal pone de manifiesto la existencia de una trama compleja de favores, contraprestaciones y gestiones empresariales en la que confluyen intereses políticos y económicos.

 

 

 

El caso Ábalos, lejos de ser un episodio aislado, refleja el modus operandi de ciertos sectores vinculados a la administración pública y al negocio de los hidrocarburos, donde la intermediación, la influencia y el pago de favores parecen ser moneda corriente.

 

 

 

 

Las investigaciones, aún en curso, han destapado una red de sociedades instrumentales, transferencias de dinero y operaciones inmobiliarias que, según los fiscales, podrían constituir delitos de corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

 

 

 

 

La implicación de altos cargos, exministros y empresarios ha generado un profundo malestar en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la transparencia y la ética en la gestión de los asuntos públicos.

 

 

 

 

El caso sigue abierto, y la justicia deberá determinar el alcance de las responsabilidades penales y civiles de los implicados.

 

 

 

Mientras tanto, la declaración de doña Carmen Pano Sánchez permanece como testimonio clave en la reconstrucción de los hechos y en la búsqueda de la verdad sobre uno de los mayores escándalos político-empresariales de la España reciente.