BOMBAZO: CLAN AYUSO EN JAQUE CHANCHULLOS SANIDAD. DENUNCIA 5 DELITOS.FEIJÓO EN RIDÍCULO DE NUEVO.

 

 

 

 

 

 

Privatización, corrupción y colapso: el modelo sanitario de Madrid bajo el escrutinio público.

 

 

 

El debate sobre la privatización de la sanidad pública en España, especialmente en la Comunidad de Madrid, ha alcanzado un punto de ebullición tras la difusión de audios que revelan la lógica empresarial detrás de la gestión de hospitales públicos por parte de empresas privadas.

 

 

 

El escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Rivera Salud, ha puesto de manifiesto las consecuencias de un modelo que, lejos de priorizar el bienestar social, antepone el beneficio económico a costa de la salud de los ciudadanos.

 

 

La sanidad pública, por definición, tiene como objetivo el beneficio social: curar, prevenir, cuidar y garantizar el derecho universal a la salud. En cambio, la sanidad privada persigue el beneficio económico, y el caso de Torrejón es paradigmático.

 

 

El audio filtrado del CEO de Rivera Salud, Pablo Gallar, evidencia cómo las decisiones empresariales se orientan a engordar las listas de espera y seleccionar pacientes en función de la rentabilidad de los tratamientos, relegando operaciones costosas y complejas.

 

 

 

Este modelo, lejos de ser un caso aislado, responde a una estrategia sistemática implantada en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, donde uno de cada tres euros destinados a gasto sanitario acaba en conciertos con empresas privadas.

 

 

En los últimos seis años, se han transferido 40.000 millones de euros a las comunidades autónomas para la sanidad pública, pero el deterioro sistemático del sistema, el incremento de las listas de espera y la proliferación de escándalos como el de Torrejón plantean preguntas legítimas sobre el destino real de esos recursos.

 

 

La corrupción en España no se limita a los grandes casos mediáticos como Gürtel, Kitchen o Ávalos.

 

 

 

La privatización y mercantilización de la sanidad también constituyen una forma de corrupción política, según denuncian voces como Irene Montero y otros representantes de la izquierda.

 

 

El modelo del PP, según sus críticos, consiste en hacer negocio con la salud de todos para que ganen unos pocos, como evidencia el caso de los hospitales gestionados por Quirón y Rivera Salud.

 

 

 

En Madrid, Quirón se ha convertido en la reina de la colaboración público-privada, embolsándose 5.000 millones de euros en los últimos cuatro años, el doble de lo presupuestado inicialmente.

 

 

 

Esta desviación presupuestaria del 125% se repite año tras año, mientras el colapso hospitalario y la precariedad del personal sanitario se agravan.

 

 

Los hospitales públicos de referencia, como La Paz, Gregorio Marañón y el 12 de Octubre, sufren una saturación alarmante, y el personal sanitario trabaja bajo presión constante, sosteniendo a pulso un sistema cada vez más debilitado.

 

 

 

La lógica empresarial aplicada a la sanidad pública genera situaciones absurdas y peligrosas.

 

 

Se priorizan los tratamientos más rentables, se patrocinan operaciones y se despide a directivos que denuncian irregularidades.

 

 

Los cuatro directivos que alertaron sobre las prácticas de Rivera Salud en Torrejón fueron despedidos pocas horas después, lo que evidencia la falta de protección para quienes defienden la ética y la legalidad en el sector.

 

 

La privatización de la sanidad no solo implica un desmantelamiento de los servicios públicos, sino que puede tener consecuencias mortales.

 

 

 

Un estudio reciente de la Universidad de Oxford concluye que las privatizaciones impulsadas en Reino Unido desde 2012 provocaron 557 muertes evitables.

 

 

En otras palabras, la lógica del negocio sanitario puede costar vidas, y en España se repite el mismo patrón.

 

 

 

La sanidad pública no debe ser un negocio, y quienes piensan lo contrario no son dignos de gestionar hospitales ni consejerías de sanidad.

 

 

 

El dinero público debe destinarse a mejorar la atención, aumentar el número de camas, reforzar el personal y garantizar tratamientos de calidad.

 

 

 

La mercantilización de la salud pone en riesgo la vida de los ciudadanos y vulnera el derecho fundamental a la atención sanitaria.

 

La Comunidad de Madrid, dirigida por Isabel Díaz Ayuso, ha respondido al escándalo asegurando que no encuentra irregularidades en el Hospital de Torrejón, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado crítico y ha reclamado inspecciones rigurosas.

 

 

 

Sin embargo, la crítica de Feijóo se ha centrado en Rivera Salud, no en Quirón, a pesar de que esta última ha recibido el doble de lo presupuestado y es el mayor beneficiario de los recursos públicos.

 

 

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el PP por su modelo de gestión y privatización de la sanidad pública, advirtiendo de las consecuencias negativas en Madrid, Andalucía y otras comunidades.

 

 

 

Tras el estallido del caso Torrejón, los médicos han alertado a la ciudadanía sobre la ética profesional y la responsabilidad de quienes gestionan el sistema, recordando que la vida de las personas está en juego.

 

 

 

El silencio de Ayuso contrasta con la contundencia de Feijóo, y la falta de transparencia en los datos presupuestarios de 2025 alimenta la sospecha de irregularidades.

 

 

La práctica de doblar la previsión del gasto se ha convertido en norma, y la desviación presupuestaria alcanza el 125%, según los datos oficiales.

 

 

Ante este panorama, se exige una auditoría exhaustiva e independiente sobre la gestión sanitaria en Madrid y otras comunidades.

 

 

El Estado dedica aproximadamente 100.000 millones de euros al año a la sanidad pública, la principal partida presupuestaria, pero las insuficiencias, la precariedad del personal y las listas de espera injustificadas requieren una revisión profunda del sistema.

 

 

 

La diputada Irene Montero ha calificado la privatización como un crimen contra la salud pública, una política homicida que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

 

 

La única solución, según Montero, es prohibir la privatización de la sanidad, derogando la ley 1597 que permite la colaboración público-privada. La sanidad debe ser pública, universal y gratuita, y las empresas que quieran hacer negocio deben buscar otros sectores.

 

 

 

La polémica sobre los pagos a Quirón y Rivera Salud, el colapso hospitalario y la precariedad del personal sanitario han reabierto el debate sobre la sostenibilidad del sistema.

 

 

Es necesario reforzar la sanidad pública, investigar las posibles irregularidades y garantizar que el dinero de los impuestos se destine a mejorar la atención, no a enriquecer a empresas privadas.

 

 

El caso de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ilustra las presiones políticas y económicas detrás de la gestión sanitaria.

 

 

Cifuentes decidió paralizar el pago de la deuda acumulada con Quirón hasta que se justificara cada euro, lo que desencadenó una campaña de desprestigio y la aparición de escándalos como el caso Máster y los vídeos del supermercado.

 

 

 

Sus problemas dentro del PP comenzaron cuando cuestionó los pagos a Quirón, lo que evidencia la influencia de las empresas privadas en la política sanitaria.

 

El debate sobre la privatización y la mercantilización de la sanidad pública exige una respuesta contundente de las instituciones y la sociedad.

 

 

 

 

La sanidad pública ha funcionado notablemente bien hasta ahora, permitiendo a los ciudadanos españoles disfrutar de atención de calidad y universal.

 

 

Sin embargo, el modelo actual pone en riesgo estos logros y amenaza con convertir la salud en un negocio para unos pocos.

 

 

La solución pasa por reforzar la sanidad pública, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, investigar las irregularidades y prohibir la privatización de los servicios esenciales.

 

 

El dinero de los impuestos debe destinarse a mejorar la atención, aumentar el número de camas, reforzar el personal y garantizar tratamientos de calidad.

 

 

La mercantilización de la salud pone en riesgo la vida de los ciudadanos y vulnera el derecho fundamental a la atención sanitaria.

 

El modelo sanitario de Madrid y la proliferación de casos como el de Torrejón de Ardoz han puesto en evidencia la necesidad de una auditoría exhaustiva y de un debate público sobre el futuro de la sanidad en España.

 

 

La privatización y la mercantilización del sistema sanitario constituyen una forma de corrupción política que pone en riesgo la vida y el bienestar de los ciudadanos.

 

 

La sanidad pública debe ser reforzada, transparente y orientada al beneficio social, no al lucro privado.

 

 

 

Las empresas que quieran hacer negocio deben buscar otros sectores, y los responsables políticos deben rendir cuentas por la gestión de los recursos públicos.

 

 

La defensa del derecho a la salud es una cuestión de justicia social y de dignidad, y la sociedad española debe exigir que la sanidad siga siendo pública, universal y gratuita.