Ernesto Ekaizer pone la guinda a la citación como testigo a Feijóo por la DANA: “No debería haberle llamado a declarar”.

 

 

 

 

“La derecha judicial en España es muy poderosa”, declara.

 

 

 

 

 

 

 

La reciente decisión de la jueza Nuria Ruiz Tobarra de citar como testigo al presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el marco de la investigación por la gestión de la DANA que asoló Valencia y dejó 230 víctimas mortales, ha desatado una ola de reacciones tanto en los círculos políticos como en los mediáticos.

 

 

 

Entre ellas, destaca la voz autorizada del periodista argentino Ernesto Ekaizer, reconocido con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, quien ha analizado con rigor y espíritu crítico los fundamentos y las implicaciones de la citación, así como el alcance de las medidas adoptadas por la magistrada.

 

 

 

La jueza Ruiz Tobarra, a petición de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, ha considerado que Feijóo puede aportar información relevante sobre los comentarios y las decisiones que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, habría compartido con Salomé Pradas y sobre la información que iba recibiendo durante las horas críticas de la tragedia.

 

 

En este sentido, ha ofrecido al líder popular la posibilidad de entregar voluntariamente el listado de llamadas y mensajes intercambiados con Mazón, concediéndole un plazo máximo de cinco días para hacerlo.

 

 

 

La noticia ha generado una cascada de opiniones y análisis en los principales medios españoles y argentinos, donde se pone en tela de juicio no solo la gestión política del desastre, sino también los límites del poder judicial y el respeto al marco constitucional.

 

 

Ekaizer, con su habitual lucidez, ha señalado la relevancia del procedimiento, pero al mismo tiempo ha advertido sobre los riesgos de normalizar ciertas prácticas que, a su juicio, vulneran el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, protegido por el artículo 18 de la Constitución española.

 

 

 

El periodista recuerda que tanto Mazón como Feijóo son aforados, lo que implica que solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

 

 

 

En este momento, la justicia ordinaria está llevando a cabo la instrucción de la DANA, pero la petición de mensajes de WhatsApp entre Feijóo y Mazón, aunque voluntaria, le parece excesiva y prematura.

 

 

 

Ekaizer sostiene que “el secreto de las comunicaciones, artículo 18 de la Constitución, prácticamente se lo han cargado todos”, y lamenta que se haya normalizado que los jueces de turno pidan los mensajes privados de los investigados o testigos, cuando la propia Carta Magna establece que solo en situaciones excepcionales se puede acceder a dicha información.

 

 

 

En su análisis, Ekaizer reconoce la meticulosidad y el buen hacer de la jueza Ruiz Tobarra en la instrucción del caso, subrayando que se ha cuidado de no investigar directamente a un aforado.

 

 

Sin embargo, discrepa de la decisión de pedir los mensajes y de citar a Feijóo en esta fase del proceso.

 

 

A su juicio, la magistrada debería esperar a realizar la exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, órgano competente para investigar a los aforados, antes de solicitar pruebas que afectan al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

 

 

 

El debate sobre los límites de la justicia y el respeto a los derechos fundamentales se ha intensificado en los últimos años en España, especialmente en casos de gran repercusión mediática y social.

 

 

 

La instrucción de la DANA, que investiga la presunta mala gestión política y administrativa ante una tragedia de enormes proporciones, se ha convertido en un escenario donde confluyen las demandas de las víctimas, el escrutinio público y las tensiones entre poderes del Estado.

 

 

La citación de Feijóo, más allá de su dimensión jurídica, tiene un claro impacto político y puede marcar un antes y un después en la relación entre la judicatura y los líderes institucionales.

 

 

 

Ekaizer insiste en que la “derecha judicial” en España es muy poderosa, y que en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, esa tendencia se convierte en el “rey del tribunal”.

 

 

Esta afirmación no solo pone de relieve la polarización política que atraviesa la justicia española, sino que también advierte sobre la necesidad de preservar la independencia judicial y de evitar cualquier instrumentalización de los procedimientos legales con fines partidistas.

 

 

 

El periodista argentino subraya que la jueza Ruiz Tobarra ha actuado con prudencia, pero considera que la petición de los mensajes y la citación de Feijóo deberían ser una obra posterior, una vez que se haya elevado la causa al órgano competente.

 

 

 

La controversia sobre la entrega de los mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones digitales no es nueva en la jurisprudencia española.

 

 

En los últimos años, varios casos han puesto a prueba los límites del artículo 18 de la Constitución y han generado debates sobre la protección de la privacidad frente al interés público y la necesidad de esclarecer hechos relevantes para la justicia.

 

 

La doctrina constitucional establece que solo en supuestos excepcionales, debidamente motivados y autorizados por el juez competente, puede accederse a las comunicaciones privadas.

 

 

Sin embargo, la práctica judicial ha ido ampliando progresivamente el margen de actuación, lo que ha suscitado críticas de juristas y expertos en derechos fundamentales.

 

 

La citación de Feijóo como testigo en la causa de la DANA plantea interrogantes sobre el equilibrio entre el derecho a la intimidad y el deber de colaboración con la justicia.

 

 

El líder del PP tiene ahora la oportunidad de demostrar transparencia y responsabilidad, entregando voluntariamente la información solicitada y aclarando su papel en la gestión de la emergencia.

 

 

Al mismo tiempo, la decisión de la jueza pone a prueba la solidez del marco constitucional y la capacidad de las instituciones para respetar los derechos fundamentales en el ejercicio de sus funciones.

 

 

El caso de la DANA y la citación de Feijóo ilustran la complejidad de la relación entre política y justicia en España.

 

 

La tragedia que golpeó a Valencia exige respuestas claras y una investigación rigurosa, pero también plantea el reto de garantizar que los procedimientos legales no vulneren derechos básicos ni se utilicen como armas políticas.

 

 

El análisis de Ekaizer, basado en su experiencia y conocimiento del sistema judicial español, aporta una visión crítica y matizada sobre los riesgos de cruzar ciertas líneas rojas en la instrucción de causas de alta sensibilidad.

 

 

La instrucción de la jueza Ruiz Tobarra ha sido reconocida por su diligencia y profesionalidad, pero la polémica sobre la petición de los mensajes y la citación de Feijóo refleja la tensión permanente entre el afán de esclarecer la verdad y el respeto a las garantías constitucionales.

 

 

El desenlace del caso dependerá en gran medida de la actitud de los implicados y de la capacidad del sistema judicial para actuar con independencia y rigor.

 

 

En definitiva, la reacción de Ernesto Ekaizer a la citación de Feijóo en la causa de la DANA pone el foco en los grandes dilemas de la justicia contemporánea: la protección de la intimidad, la independencia judicial y la responsabilidad política ante las tragedias colectivas.

 

 

La sociedad española sigue esperando respuestas y exige que la verdad prevalezca, pero también reclama que el Estado de Derecho sea respetado en todas sus dimensiones.

 

 

El proceso judicial abierto en Valencia será, sin duda, una prueba para el sistema democrático y para la capacidad de sus instituciones de responder con justicia y equidad a los desafíos del presente.