¡ESCÁNDALO!😱 SÁNCHEZ ¡RECIBE SU PEOR GOLPE! ¡¡REVELAN un GRAVE ESCÁNDALO de SU HIJA CARLOTA!!.

 

 

 

 

 

El pleno del Ayuntamiento de Madrid volvió a convertirse en un escenario de máxima tensión política, con un enfrentamiento bronco y cargado de reproches entre el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y los grupos de la oposición.

 

En el centro del debate, dos cuestiones que llevan meses marcando la agenda madrileña y que conectan directamente con la vida cotidiana de miles de ciudadanos: la financiación de la universidad pública y el deterioro de la limpieza en las calles de la capital.

 

Dos asuntos distintos, pero unidos por un mismo hilo conductor: el modelo de ciudad que impulsa el Partido Popular y las consecuencias reales de sus decisiones políticas.

 

 

La sesión arrancó con una pregunta directa y sin rodeos. Desde la oposición se interpeló al alcalde sobre si tenía algo que decir ante las acusaciones de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y su Gobierno están asfixiando económicamente a las universidades públicas madrileñas.

 

No era una cuestión menor. A las puertas de una huelga universitaria convocada por estudiantes, profesorado y personal de administración, el debate llegaba cargado de contexto social y de un profundo malestar en la comunidad educativa.

 

 

Lejos de entrar al fondo del asunto, Almeida optó por el choque frontal. Su respuesta fue tan política como evasiva: pidió a la izquierda que “pidiera perdón” por lo que, según él, había hecho a la universidad pública en Madrid.

 

Una frase que encendió aún más los ánimos y dio paso a una intervención muy dura del portavoz de Más Madrid, Fran Fernández Rubiño, que dibujó un panorama preocupante sobre la situación de las universidades públicas madrileñas.

 

 

Rubiño recordó que miles de estudiantes y trabajadores universitarios se preparaban para salir a la calle en protesta por lo que definió como un “plan de destrucción” de uno de los mayores orgullos históricos de Madrid.

 

Las universidades públicas, explicó, no solo son centros de formación, sino motores de ascenso social que permitieron a generaciones enteras de jóvenes de familias trabajadoras acceder a estudios superiores, doctorarse y contribuir al desarrollo científico y cultural del país.

 

No es una afirmación retórica: de los ocho premios Nobel españoles, siete han estudiado o impartido clase en la Universidad Complutense.

 

 

El portavoz de Más Madrid puso cifras sobre la mesa. Denunció que los presupuestos de las universidades públicas han sufrido recortes acumulados que se traducen en hasta un 35 % menos de financiación en algunos centros.

 

Un dato especialmente grave si se tiene en cuenta que, según recordó, reciben prácticamente el mismo dinero que en 2009, mientras el coste de la vida ha aumentado cerca de un 40 %.

 

En este contexto, calificó de “kafkiana” la situación de la Universidad Complutense, obligada a pedir préstamos bancarios para poder pagar nóminas tras los recortes presupuestarios impuestos por la Comunidad de Madrid.

 

 

La crítica fue más allá de los números. Rubiño señaló una clara contradicción en las prioridades del Gobierno regional: mientras no hay recursos suficientes para garantizar una financiación digna de la universidad pública, sí los hay para grandes eventos como la Fórmula 1, proyectos deportivos de élite o rebajas fiscales millonarias que, según sus palabras, benefician a los más ricos.

 

 

Más de 6.000 millones de euros en beneficios fiscales frente a tasas universitarias más altas, menos becas, menos recursos para investigación y edificios en mal estado, incluso con problemas para ser climatizados en invierno.

 

 

El portavoz también denunció que esta situación no es fruto de la casualidad, sino de una estrategia política deliberada.

 

Recordó que en los últimos años se han abierto hasta 14 universidades privadas en la Comunidad de Madrid, mientras se ahoga financieramente a las públicas.

 

A su juicio, se trata de un modelo orientado a favorecer “chiringuitos” educativos que funcionan como agencias de colocación vinculadas al Partido Popular, algunas de ellas cuestionadas por no cumplir estándares internacionales básicos de calidad académica.

 

 

El discurso concluyó con una advertencia clara: menos financiación pública y más represión para quien proteste.

 

Rubiño denunció proyectos normativos que contemplan multas de hasta 100.000 euros a estudiantes que se manifiesten, mientras se deterioran las condiciones materiales de la universidad pública.

 

Un cóctel que, en su opinión, pone en riesgo uno de los pilares del Madrid moderno.

 

La réplica de Almeida no rebajó el tono. El alcalde evitó de nuevo entrar en el núcleo del debate competencial y centró su intervención en desacreditar a la oposición.

 

Aseguró que el presupuesto destinado a las universidades madrileñas para 2026 es el más alto de la historia, con 240 millones de euros, y destacó que cada año llegan a Madrid unos 100.000 estudiantes de fuera de la región para estudiar en la universidad pública, como prueba de que el sistema no está, según él, “reventado”.

 

 

Sin embargo, su intervención derivó rápidamente hacia ataques personales y políticos.

 

Acusó a la izquierda de hipocresía, mencionó episodios polémicos relacionados con la universidad y señaló que varios concejales de Más Madrid habían estudiado en universidades privadas.

 

Incluso utilizó como argumento la elección educativa de la hija del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para defender la libertad de elección entre educación pública y privada, presentándolo como un supuesto “triunfo” de las políticas del Partido Popular en Madrid.

 

 

El pleno no tardó en girar hacia otro de los grandes problemas que preocupan a los madrileños: la limpieza de las calles.

 

La portavoz socialista, Reyes Maroto, preguntó directamente al alcalde si estaba satisfecho con su gestión en esta materia.

 

La respuesta inicial de Almeida fue despectiva, lo que provocó una nueva escalada de tensión.

 

Maroto no se quedó en titulares. Denunció que el llamado “plan de choque” presentado por el Ayuntamiento para mejorar la limpieza había sido, en realidad, una operación de marketing sin efectos reales.

 

Recordó que las brigadas de limpieza anunciadas como una novedad existen desde 2021 y que están recogidas en los propios pliegos de los contratos municipales.

 

Según los datos aportados por el Grupo Socialista, en 2025 se ha producido un aumento del 46 % en las incidencias relacionadas con la limpieza, mientras los tiempos de respuesta superan ampliamente las 24 horas exigidas por contrato, llegando a una media de más de cuatro días.

 

 

El diagnóstico fue contundente: más avisos, peor respuesta y una ciudad cada vez más desigual, donde la limpieza depende del código postal.

 

 

Maroto subrayó que este deterioro no es culpa de los trabajadores del servicio, a quienes elogió expresamente, sino de una mala gestión política.

 

Incluso recordó que en el último pleno de la infancia, niños y niñas reclamaron soluciones más eficaces ante la suciedad de las calles, evidenciando que el problema es percibido por toda la ciudadanía.

 

 

La respuesta final de Almeida volvió a mezclar datos, ironía y ataque personal.

 

Aseguró que Madrid es la ciudad que más invierte en limpieza por habitante, con 82 euros per cápita, y que el presupuesto y el número de trabajadores han aumentado de forma significativa.

 

Argumentó que el incremento de avisos es una señal de confianza ciudadana en el servicio y que, al mismo tiempo, las quejas han disminuido.

 

Pero el tono cambió radicalmente cuando el alcalde pasó al ataque directo contra Maroto, acusándola de corrupción y mencionando supuestas tramas y viajes vinculados a investigaciones judiciales, sin que existiera una condena firme.

 

La portavoz socialista reaccionó indignada, exigiendo respeto y advirtiendo de que esas acusaciones deberían dirimirse en los tribunales, no en un pleno municipal.

 

 

El episodio dejó una imagen clara del clima político que se vive en el Ayuntamiento de Madrid: un debate bronco, cargado de acusaciones cruzadas, donde los problemas estructurales de la ciudad —educación pública y servicios básicos como la limpieza— quedan a menudo eclipsados por el enfrentamiento partidista.

 

 

Mientras tanto, la universidad pública madrileña afronta movilizaciones históricas y los vecinos siguen denunciando calles sucias y servicios deficientes.

 

 

Más allá del ruido, el pleno puso sobre la mesa preguntas de fondo que siguen sin respuesta clara.

 

¿Está Madrid apostando de verdad por su universidad pública como motor de igualdad y progreso? ¿Son suficientes los recursos destinados a mantener una ciudad limpia y habitable para todos, más allá de los grandes titulares? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto el debate político está centrado en resolver estos problemas o en utilizarlos como munición en una guerra partidista permanente?

 

 

Las próximas semanas, con huelgas universitarias, protestas ciudadanas y nuevos datos sobre la gestión municipal y autonómica, serán clave para comprobar si las palabras pronunciadas en el pleno se traducen en cambios reales o si, una vez más, el ruido político se impone sobre las soluciones que reclaman miles de madrileños.