Pablo Iglesias y Maria Patiño sentencian al torero Fran Rivera por la polémica sobre Trump.

 

 

 

 

 

Las palabras no siempre se las lleva el viento. A veces se quedan suspendidas en el aire, incomodan, generan ruido y obligan a una sociedad entera a mirarse al espejo.

 

Eso es exactamente lo que ha ocurrido tras las declaraciones de Fran Rivera, pronunciadas con aparente ligereza, pero cargadas de una gravedad política, legal y simbólica que va mucho más allá de una opinión personal.

 

 

Todo comenzó con un mensaje grabado, difundido en redes, en el que el torero agradecía a Donald Trump lo que definía como la “liberación” de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro.

 

Hasta ahí, una postura ideológica discutible pero legítima dentro del marco de la libertad de expresión.

 

El problema llegó después. Cuando Rivera, mirando a cámara, animó al expresidente estadounidense a “no parar”, a “mirar hacia aquí”, en referencia a España, sugiriendo implícitamente que una intervención similar podría ser deseable en nuestro país.

 

 

El vídeo, lejos de pasar desapercibido, se viralizó rápidamente.

 

 

No solo por el contenido, sino por el tono: triunfalista, provocador y despreocupado ante las consecuencias de lo que se estaba diciendo.

 

Pedir, aunque sea de forma ambigua, la intervención de una potencia extranjera en la política nacional no es una metáfora inocente.

 

En España, además, es un delito tipificado en el Código Penal.

 

 

La reacción no tardó. Periodistas, analistas políticos y juristas comenzaron a señalar algo evidente: lo que Fran Rivera estaba verbalizando no era una simple opinión, sino una apelación peligrosa que cruza líneas democráticas muy claras.

 

 

La Fiscalía recibió una denuncia formal presentada por un exsenador de Compromís, al considerar que esas palabras podían constituir un delito de incitación contra la soberanía nacional.

 

 

Fue entonces cuando llegó el repliegue. Rivera pasó de la exaltación al matiz, del mensaje grandilocuente al victimismo.

 

Aseguró que sus palabras habían sido tergiversadas, que jamás pidió una invasión, que todo era fruto de mentes “retorcidas”.

 

Sin embargo, el vídeo seguía ahí. Íntegro. Sin cortes. Y el mensaje era claro para cualquiera que quisiera escucharlo sin filtros partidistas.

 

 

Este giro defensivo no calmó el debate. Al contrario, lo avivó. Porque no se trataba solo de Fran Rivera.

 

Se trataba del clima que permite que determinadas declaraciones no solo se hagan, sino que encuentren eco, aplauso y normalización en determinados sectores sociales.

 

El contraste con otros casos no pasó desapercibido. Mientras un personaje público puede sugerir la intervención de un ejército extranjero sin consecuencias inmediatas, artistas como Pablo Hasél cumplen condena por letras y declaraciones críticas con la monarquía.

 

 

La comparación, incómoda pero inevitable, volvió a poner sobre la mesa una pregunta recurrente en España: ¿es la justicia igual para todos cuando se trata de expresión política?

 

 

El debate se trasladó rápidamente a los platós. María Patiño, visiblemente molesta, verbalizó algo que muchos pensaban y pocos decían con tanta claridad: España no es una dictadura.

 

 

Es una democracia con elecciones cada cuatro años, con garantías, con defectos, sí, pero con reglas que no se pueden dinamitar desde la frivolidad o el oportunismo político.

 

 

Patiño fue más allá y lanzó una advertencia directa: instrumentalizar el dolor del pueblo venezolano para justificar discursos extremos en España no solo es irresponsable, sino profundamente cínico.

 

Defender la libertad no puede convertirse en una coartada para erosionar la democracia desde dentro.

 

 

Porque ese es el núcleo del problema. No estamos ante un comentario aislado, sino ante un síntoma.

 

España, como otros países occidentales, vive un proceso de desplazamiento de lo que socialmente se considera aceptable.

 

Lo que hace unos años habría provocado un rechazo unánime, hoy se discute, se relativiza o incluso se aplaude en determinados círculos.

 

La llamada “deriva trumpista” no es una etiqueta gratuita. Es un fenómeno observable.

 

Se normalizan discursos autoritarios, se trivializan los golpes de Estado ajenos, se blanquean amenazas contra gobiernos legítimos y se construye un relato donde la fuerza sustituye al consenso y el enemigo interno justifica cualquier exceso.

 

 

Mientras tanto, el contexto internacional alimenta esa narrativa.

 

Intervenciones militares sin consecuencias diplomáticas reales, violaciones del derecho internacional que quedan impunes, conflictos olvidados como el de Palestina, amenazas abiertas a países soberanos sin respuesta contundente de la comunidad internacional.

 

El mensaje implícito es peligroso: todo vale, porque nada pasa.

 

 

En ese escenario, figuras públicas con gran altavoz mediático tienen una responsabilidad añadida.

 

No se les exige neutralidad, pero sí conciencia. Porque sus palabras no caen en saco roto.

 

Construyen imaginarios, legitiman actitudes y empujan los límites de lo tolerable.

 

El caso de Fran Rivera también reabre otra reflexión incómoda: ¿por qué determinados perfiles se convierten en referentes de opinión política? ¿Qué dice de una sociedad que voces sin formación, sin rigor y sin voluntad de matizar marquen parte del debate público?

 

 

No se trata de censurar, sino de exigir un mínimo de responsabilidad.

 

La libertad de expresión no es un salvoconducto para erosionar la convivencia democrática ni para promover soluciones autoritarias disfrazadas de salvación.

 

 

El riesgo es real. Si se sigue normalizando la idea de que los problemas políticos se solucionan con intervenciones externas, con “hombres fuertes” o con atajos antidemocráticos, el terreno queda abonado para escenarios mucho más oscuros.

 

La historia, también la española, ofrece ejemplos de sobra.

 

 

Por eso este debate importa. No va de toros, ni de ideologías concretas, ni siquiera de Fran Rivera como individuo.

 

Va de límites. Va de entender que la democracia no se defiende pidiendo que otros la pisoteen.

 

Se defiende participando, votando, criticando con argumentos y respetando las reglas del juego, incluso cuando no nos gustan los resultados.

 

 

España no es perfecta. Ninguna democracia lo es. Pero sigue siendo un país donde se puede opinar, protestar, discrepar y cambiar gobiernos en las urnas.

 

Y eso, precisamente eso, es lo que se pone en riesgo cuando se banalizan discursos que flirtean con el autoritarismo.

 

 

La pregunta final no es qué dijo Fran Rivera. La pregunta es por qué ese discurso encuentra espacio, aplauso y difusión.

 

Y, sobre todo, qué estamos dispuestos a hacer como sociedad para que la línea entre crítica legítima y ataque a la democracia no siga desdibujándose.

 

 

Porque las palabras importan. Y porque, cuando se juega con fuego, siempre hay alguien que acaba quemándose.