AYUSO ENTREGA 500 MILLONES A QUIRÓN Y RIBERA SALUD EN NAVIDAD Y VETA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN.

 

 

 

 

Mientras la mayoría de los hogares españoles entraban en modo pausa por la Navidad, con las redacciones a medio gas y la atención pública dispersa entre cenas familiares y vacaciones escolares, en la Comunidad de Madrid se tomaban decisiones de enorme calado político, económico y social.

 

 

Decisiones que, por su cuantía y por sus implicaciones, habrían merecido un debate público intenso, explicaciones detalladas y un escrutinio parlamentario riguroso.

 

Sin embargo, ocurrieron casi en silencio, al amparo del calendario y de una estrategia que ya no resulta novedosa: aprovechar los días de menor ruido mediático para mover millones de euros de dinero público sin preguntas incómodas.

 

 

En la víspera de Nochebuena, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó pagos extraordinarios por valor de unos 500 millones de euros a empresas privadas que gestionan hospitales públicos en la región, fundamentalmente Quirón Salud y Ribera Salud.

 

 

La información fue adelantada por la Cadena SER y confirmada por otras fuentes periodísticas, pero no se anunció en rueda de prensa ni se explicó con el detalle que cabría esperar de una de las mayores inyecciones de dinero público del año.

 

No hubo comparecencia solemne, ni gráficos, ni argumentarios sobre la excelencia del modelo.

 

Solo un acuerdo de Consejo de Gobierno aprobado con discreción y publicado cuando la agenda pública estaba mirando hacia otro lado.

 

La cifra no es menor ni anecdótica. De esos aproximadamente 500 millones de euros, unos 357 millones corresponden a liquidaciones de 2024 para los cuatro hospitales gestionados por Quirón bajo el modelo de concesión administrativa.

 

A esa cantidad se suman alrededor de 106 millones destinados a compensar a los hospitales considerados “menos rentables” —Valdemoro, Móstoles y Villalba—, una especie de rescate que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: si estos centros son públicos pero su gestión privada necesita ser rescatada con dinero de todos cuando no salen las cuentas, ¿dónde queda el supuesto ahorro que justifica la colaboración público-privada?

 

 

Además, el paquete incluye 36 millones extra de cara a 2026 mediante una cláusula adicional cuyos detalles no se han hecho públicos, y otros dos millones para servicios de diagnóstico.

 

Ribera Salud, por su parte, recibirá unos 25 millones por la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz, precisamente uno de los centros situados en el centro de la polémica por audios internos que apuntaban a prácticas orientadas a alargar listas de espera para mejorar resultados económicos.

 

 

Estas decisiones no pueden analizarse de forma aislada. Llegan, además, después de que el Partido Popular vetara en la Asamblea de Madrid la creación de una comisión de investigación sobre la gestión del Hospital de Torrejón y sobre el papel de la Comunidad en su control y supervisión.

 

La propuesta, impulsada por Más Madrid, buscaba esclarecer las denuncias de profesionales sanitarios y los contenidos de los audios filtrados del entonces CEO de la concesionaria.

 

La respuesta del PP fue tajante: no hay nada que investigar, los audios no reflejan la realidad y cualquier intento de profundizar en el asunto sería “estirar el chicle”.

 

El veto se formalizó también en fechas navideñas, reforzando la sensación de que existe una voluntad deliberada de cerrar el debate cuanto antes.

 

Mientras tanto, los pagos millonarios seguían su curso. Dos noticias que, juntas, se entienden mejor: se bloquea la investigación parlamentaria y, casi al mismo tiempo, se aprueban transferencias extraordinarias de dinero público a las mismas empresas cuya gestión se niega a investigar.

 

 

Desde el Gobierno regional se insiste en que el modelo funciona, que la sanidad madrileña es “la mejor de Europa” y que la colaboración público-privada es sinónimo de eficiencia.

 

Sin embargo, los datos y los testimonios que han ido saliendo a la luz dibujan un panorama mucho más complejo.

 

Informes periodísticos y análisis de la oposición señalan que estos hospitales suelen acabar costando el doble o incluso el triple de lo presupuestado inicialmente.

 

Las pérdidas se socializan, las ganancias se privatizan, y el riesgo empresarial, en la práctica, desaparece.

 

La controversia no se limita a cifras abstractas. Tiene rostros, nombres y consecuencias concretas.

 

Una carta difundida por La Sexta, firmada por una médica de urgencias del Hospital de Torrejón, relata un escenario alarmante: turnos con solo dos adjuntos tras 24 horas de trabajo, servicios al borde del colapso, presión constante sobre el personal y un miedo real a que se produzcan errores graves por falta de medios.

 

La doctora explicaba su decisión de marcharse porque “no podía más”, alertando de que la situación llevaba años repitiéndose y de que a nadie parecía importarle.

 

Los sindicatos han denunciado una “estampida” de profesionales, incluidos trabajadores con años de experiencia en el centro, que abandonan sus puestos ante condiciones que consideran incompatibles con una atención segura y digna.

 

En algunos casos, los residentes de último año son presionados para cubrir funciones de adjuntos, una práctica que, según denuncian, pone en riesgo tanto a pacientes como a profesionales.

 

Este goteo constante de salidas no es un detalle menor: afecta directamente a la calidad asistencial y cuestiona el discurso oficial de excelencia.

 

A todo ello se suma un problema estructural que diversos expertos y activistas llevan años señalando: la opacidad.

 

La información sobre contratos, sobrecostes y mecanismos de control no fluye de manera transparente.

 

Buena parte de lo que se conoce se obtiene gracias a solicitudes de acceso a la información, al trabajo de la oposición y al esfuerzo de ciudadanos que analizan datos públicos de contratación.

 

Algunos de esos análisis muestran un uso masivo de contratos menores, troceados para evitar procedimientos ordinarios con publicidad y concurrencia, una práctica que, aunque habitual, levanta serias dudas legales y éticas.

 

 

Ejemplos como la adjudicación de miles de contratos menores para la compra de material sanitario, sumando decenas de millones de euros a lo largo de los años, ilustran cómo funciona este engranaje.

 

Cada contrato individual está por debajo del umbral legal que obliga a licitar, pero en conjunto conforman un volumen económico enorme.

 

El resultado es un sistema que, sin ser necesariamente ilegal en todos sus extremos, erosiona la transparencia y dificulta cualquier control efectivo.

 

El debate se vuelve aún más delicado cuando entra en juego el conflicto de intereses.

 

Quirón Salud no es una empresa cualquiera dentro del ecosistema madrileño.

 

Es el mayor grupo sanitario privado de España y uno de los principales beneficiarios del modelo impulsado por el PP en la Comunidad.

 

Al mismo tiempo, es la empresa en la que trabaja la pareja de la presidenta regional, un hecho conocido y reconocido públicamente, aunque desde el Ejecutivo se insiste en que no existe relación entre ambas cosas.

 

Para una parte de la ciudadanía, sin embargo, esta coincidencia refuerza la percepción de un sistema diseñado para favorecer a determinados actores.

 

No es la primera vez que el grupo Quirón aparece en el centro de la polémica política madrileña.

 

Fuentes periodísticas han recordado que, durante la presidencia de Cristina Cifuentes, se produjo un choque con estas concesionarias cuando el Gobierno regional decidió paralizar pagos de deuda acumulada hasta que se justificaran adecuadamente.

 

Poco después, Cifuentes se vio envuelta en una cadena de escándalos que acabaron con su dimisión.

 

Aunque ella nunca ha establecido públicamente una relación directa entre ambos hechos, periodistas como Esther Palomera han señalado que el conflicto con los intereses sanitarios privados marcó un punto de inflexión en su etapa al frente de la Comunidad.

 

 

Mientras todo esto ocurre, el discurso político del Gobierno de Ayuso se mueve en otra dirección.

 

En paralelo a los pagos millonarios y al veto a la investigación, la presidenta ha intensificado su perfil en la llamada “batalla cultural”.

 

En plenas fiestas navideñas, protagonizó actos públicos en los que reivindicó el “feliz Navidad” frente al “felices fiestas”, se erigió en defensora de una identidad religiosa que ella misma ha declarado no profesar, y participó en eventos festivos junto a grupos musicales vinculados a mensajes ultraderechistas y guerra-civilistas.

 

Uno de esos episodios tuvo lugar en las fiestas de Arganda del Rey, donde Ayuso subió al escenario junto al grupo Los Meconios, conocidos por letras que apelan a “volver al 36” y por mensajes contra comunistas, feministas y progres.

 

Las imágenes, difundidas por medios y redes sociales, generaron una fuerte polémica.

 

Para muchos, no se trató de una simple anécdota navideña, sino de un gesto político que normaliza discursos de odio mientras se desvían fondos públicos hacia conciertos y eventos festivos organizados por ayuntamientos gobernados por el PP.

 

Este contraste no pasa desapercibido. Mientras se destinan cientos de millones a rescatar concesiones privadas de hospitales públicos y se bloquea cualquier intento de fiscalización, se alimenta una agenda simbólica diseñada para polarizar y movilizar emocionalmente a un electorado concreto.

 

La gestión económica y la retórica cultural se entrelazan en una estrategia que desplaza el foco del debate: menos preguntas sobre contratos, más ruido identitario.

 

 

La cuestión de fondo, sin embargo, sigue siendo la misma y afecta a todos, voten a quien voten. ¿Qué modelo de sanidad quiere Madrid? ¿Uno en el que la rentabilidad económica marque decisiones clínicas, o uno en el que la salud pública sea el criterio central? ¿Es aceptable que hospitales públicos gestionados por empresas privadas reciban rescates millonarios sin auditorías exhaustivas y sin rendición de cuentas parlamentaria? ¿Puede hablarse de eficiencia cuando los sobrecostes se repiten año tras año?

 

 

No se trata de un debate dogmático sobre la existencia o no de colaboración público-privada.

 

Incluso voces críticas reconocen que puede haber fórmulas mixtas razonables.

 

El problema surge cuando esas fórmulas se convierten en un sistema opaco, costoso y blindado frente a cualquier intento de control.

 

Cuando las alertas de los profesionales se minimizan, cuando las investigaciones se vetan y cuando el dinero público fluye con facilidad hacia unos pocos actores, la confianza ciudadana se resiente.

 

La Navidad pasará, los focos mediáticos volverán a encenderse y la agenda informativa recuperará su ritmo habitual.

 

Pero las decisiones tomadas en estos días no desaparecerán con las luces del árbol. Los 500 millones de euros ya comprometidos saldrán de los impuestos de todos.

 

Las condiciones laborales en los hospitales seguirán afectando a médicos, enfermeras y pacientes. Y la pregunta sobre quién vigila a quienes gestionan la sanidad pública madrileña seguirá abierta.

 

Quizá por eso este momento exige algo más que indignación puntual. Exige memoria, seguimiento y acción cívica.

 

Exige que los ciudadanos reclamen transparencia, que los profesionales sanitarios sigan siendo escuchados y protegidos, y que las instituciones cumplan su función de control sin excusas ni vetos oportunistas.

 

Porque la sanidad no es un campo de batalla cultural ni un negocio más: es un pilar básico de la democracia y del bienestar colectivo.

 

Y lo que se decide en silencio, cuando parece que nadie mira, suele ser lo que más importa.