Sumar cocina a fuego lento las negociaciones del decreto del alquiler.

Los magentas buscan dilatar el debate parlamentario de esta iniciativa hasta el 29 de abril para ganar tiempo para negociar apoyos.

Los ministros de Sumar Ernest Urtasun, Mónica García, Pablo Bustinduy y Yolanda Díaz. EP.

Tres semanas después de aquel Consejo de Ministros extraordinario en el que Sumar rascó, tras una tensa pugna con el PSOE, el decreto ley de vivienda para prorrogar los contratos de alquiler y topar al 2% las subidas de precio, las negociaciones para llevar el texto al Hemiciclo siguen estancadas.

Y es que aunque la convalidación debe producirse en los 30 días naturales posteriores a su publicación en el BOE, que se dio el 21 de marzo, el socio del PSOE busca dilata los plazos y habla del 29 de abril como el último día posible para votarlo en la Cámara Baja, según publicaba esta semana El Periódico.

Los magentas buscan cocinar a fuego lento este texto para asegurar su debate e implantación. “Las consultas formales no han empezado“, exponía este jueves el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, principal impulsor de la medida.

Bustinduy aseguraba que “queda mucho tiempo” de negociación por delante, pero sin perder el optimismo sobre la aprobación del texto pese a denunciar una “operación para hacer morir el decreto” ante, por un lado, la actitud del PSOE, con los que Sumar dista claramente en materia de vivienda, y del Partido Popular, que se ha negado en rotundo a negociar sobre este asunto.

El socio minoritario del Ejecutivo tiene entre sus planes, así, agotar hasta el último momento las negociaciones y los plazos disponibles para esta votación.

La previsión es que la votación se produzca, según el citado medio, el mismo día 29, aunque existe la posibilidad de adelantarla en caso de lograr cerrar antes los apoyos suficientes para su aprobación, lo cual es, no obstante, improbable ante los rechazos del PP y de Junts y de las reticencias del PNV.

Por el momento, tres semanas después y tal como apuntaba Bustinduy, aún no ha habido reuniones. Esta semana, con motivo de la Semana Santa, no ha habido Pleno, lo que ha dificultado, según los magentas, los encuentros, pero sí señalan que “se están produciendo contactos y conversaciones con las distintas formaciones” para cuadrar agendas y empezar a negociar la próxima semana.

Matizan, no obstante, que algunas de estas citas se reducirán a una llamada telefónica en caso de fuerzas que ya han anunciado públicamente su apoyo, como han hecho ERC o Podemos.

Las posiciones de Junts, PP y Vox.

El primero en descolgarse del texto y de las reuniones para debatir el mismo fue el Partido Popular.

En palabras de su portavoz, Ester Muñoz, se opusieron a la medida porque “es probable que esto pueda restringir aún más el mercado porque la gente tema poner su piso en alquiler”, lo que motivó las críticas de los magentas, que apuntan a que tampoco han contactado con Vox para abordar su posible apoyo, en la política habitual del socio minoritario del Ejecutivo de no sentarse a negociar con la extrema derecha y de la más que evidente negativa que presentarán los de Abascal a esta propuesta.

En cuanto a Junts, evitan cualquier crítica dirigida hacia ellos, ni siquiera los mencionan, con el objetivo de mantener un perfil dialogante a pesar de que el secretario general de los neoconvergentes, Jordi Turull, avanzó este mismo miércoles que rechazarían el decreto de vivienda.

Pese a ello, en el Ministerio de Derechos Sociales creen que no resulta favorable confrontar con los independentistas, y tienen claro que si quieren encauzar cualquier negociación no pueden chocar frontalmente con ellos.

 
Desde Sumar, además, confían en que Junts cambie el sentido de su voto, ya que creen que su negativa está centrada en la prohibición de los desahucios y no tanto en la prórroga de los contratos de alquiler.

Este jueves, Bustinduy se dirigió este jueves directamente a los inquilinos para reclamar que “pidan responsabilidades a sus representantes por las decisiones políticas”, en un llamamiento a la movilización, especialmente a aquellos votantes de los partidos que actualmente estan anclados en el ‘no’.

Por su parte, nada más aprobar el decreto, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, animó a quienes estuvieran de alquiler con un contrato que venciera en 2026 a 2027 a solicitar la prórroga, que tendrá carácter vinculante para aquellos que la soliciten durante el tiempo que esté en vigor el decreto aunque termine no entrando en vigor definitivo.

El PSOE, observador desde una distancia prudente.

Las diferencias entre los socios del Gobierno en materia de vivienda nunca han sido un secreto. La propia reunión en la que terminó acordándose este decreto, hay que recordar, se retrasó debido a la negativa de los de Díaz a participar si los socialistas se negaban a aprobar la prórroga.

Para los socialistas, las negociaciones con los magentas tendrían más que ver con la necesidad de recuperar el foco político en un contexto que, además, acompañaría para ello, con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina y con los movimientos que se están generando a este lado del tablero, además del pulso que mantienen con Podemos.

El partido de Pedro Sánchez exponía esta semana que no tenía constancia de que hubieran empezado esas conversaciones, tal y como corroboraron desde Sumar más adelante, y que el decreto aún no tiene fecha de convalidación en el Congreso. Además, creen que en el supuesto de que lo tuviera, esas conversaciones no supondrán revertir la situación.

En la práctica, el choque entre socios se produjo en el momento mismo en el que fue necesario elaborar dos decretos después de la mencionada reunión empezó después de tiempo.

La parte socialista se cerró en banda a incluir en el decreto medidas por la guerra de Irán como le exigían desde el lado de Sumar. De hacerlo, defendió entonces el PSOE, otras cuestiones como la rebaja fiscal a combustibles o la prórroga del bono social eléctrico y término hubieran decaído.

El ala mayoritaria del Gobierno muestra su absoluto respeto a las negociaciones que pueda llevar a cabo Sumar con cualquier partido.

El texto permite, entre otras cosas, la prórroga legal de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2027, de los contratos de alquiler que concluyan a partir del 21 de marzo, una medida, la de la limitación de la actualización de la renta, que podría beneficiar hasta a un millón de hogares.