Víctimas del franquismo lanzan un manifiesto para que Julio Iglesias devuelva a la Xunta los 300 millones de pesetas que le concedió Fraga.

El cantante también recibió, posteriormente, 990 millones de pesetas de la Generalitat Valenciana de Eduardo Zaplana.

Julio Iglesias. Mediaset España.

Julio Iglesias se ha visto salpicado ahora por sus fuertes vínculos con la política española, en concreto, con la vinculada al Partido Popular (PP). El Colectivo de Víctimas del Franquismo de la provincia de A Coruña ha lanzado un comunicado en el que exigen al cantante que devuelva a la Xunta de Galicia los 300 millones de pesetas, casi dos millones de euros, que le concedió Manuel Fraga.

El manifiesto, firmado por Manuel Monge González y entregado a Alfonso Rueda, actual presidente de la Xunta, solicita la devolución de estos 1.803.036 de euros de hoy que el entonces líder de Galicia, Manuel Fraga, concedió en 1992 al artista en concepto de “actividades de representación”, así como por la adquisición de los derechos de la canción Un canto a Galicia.

 En la mencionada nota, el colectivo exige que si Iglesias se niega a devolverlo, debe ser el PP quien deba hacerlo, puesto que “fue el beneficiario de la campaña de apoyo electoral de Julio Iglesias al partido”.

El colectivo pide que este dinero se destine a una subvención de la Xunta que apoye a las asociaciones de memoria y de víctimas del franquismo, así como “para la recuperación de los restos de las fosas comunes y las cunetas de las carreteras y para el entierro digno de cientos de víctimas de la dictadura criminal“.

Lo cierto es que la relación entre Iglesias y los populares es cuanto menos evidente y pública.

El artista llegó a participar en la campaña electoral de Génova de cara a las elecciones de 1996, cuando su candidato era José María Aznar.

“Mi querido presidente. Qué alegría estar contigo, sabiendo que te quiero de verdad… ¡Un beso enorme! (…) Con todo mi sentimiento y mi razón, digo que no habrá mejor presidente para España que José María Aznar”, le dedicaba el cantante durante un mitin en Zaragoza.

Tan solo un año después, en 1997, el cantante escribió su firma sobre dos contratos con la Generalitat Valenciana de Eduardo Zaplana para promocionar la región por 990 millones de pesetas, es decir, casi 6 millones de euros.

Así lo declaró Iglesias en 2012, cuando tuvo que presentarse ante el tribunal que juzgaba al político por corrupción.

“Creo mucho en la Comunidad Valenciana, me pagan muy bien… no, es una broma. Solo lo digo para que no me preguntes sobre ello“, dijo, entre bromas, años después.

El colectivo no solo reclama que el cantante devuelva el dinero otorgado por la Xunta de Fraga, sino también que se le retire el título de Embajador de Galicia.

Asimismo, en lo que a honores respecta, se encuentran difundiendo otro manifiesto –Non queremos ao “camarada Fraga” como fillo adoptivo- con el que solicitan a los ayuntamientos de A Coruña y Betanzos y a la Diputación Provincial de A Coruña, que le revoquen los honores al antiguo ministro, aplicando así la ley de memoria democrática.

La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias por agresión sexual.

A comienzos de año se conocía el testimonio de dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias en Punta Cana y Bahamas que lo acusaban de presuntos abusos sexuales.

Tras imponerse una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional española, con el paso de las semanas, este organismo procedía al archivo de la querella “por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.

Así, en el decreto de archivo de las diligencias preprocesales al que accedía ElPlural.com, la Fiscalía subrayaba, en aras de justificar el archivo de la denuncia, que “el artículo 23.1 LOPJ atribuye competencia a los tribunales españoles sólo por hechos cometidos en territorio español, o a bordo de buques o aeronaves españolas”, algo que no se corresponde con los hechos denunciados que sucedieron en la República Dominicana y las Bahamas.

“Igualmente, la Audiencia Nacional, siguiendo los criterios marcados por nuestro más Alto Tribunal, ha interpretado reiteradamente el artículo 23 LOPJ en su redacción vigente tras la LO 1/2014 y ha confirmado que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con nuestro país, especialmente cuando: las víctimas son extranjeras y no son residentes en España, los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España, o aun siéndolo, tampoco están en nuestro país, los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron”, rezaba el escrito.

“Este precedente es totalmente trasladable y aplicable al caso actual, donde: las víctimas son extranjeras, no residen en España, los hechos ocurrieron en República Dominicana y Bahamas, los denunciados no se encuentran en España, no existe denegación de extradición, los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron los hechos y donde se encuentran las pruebas”, subrayaba la Fiscalía.