Antón Losada recibe el mensaje de Telegram contra Sánchez en ‘Malas Lenguas’ y lo que suelta trae cola.

 

 

Antón Losada no se reprimía contra Elon Musk y el dueño de Telegram ante los ataques a Pedro Sánchez por la medida de prohibir la entrada en redes sociales a menores de 16 años.

 

 

 

 

Hay momentos en los que una simple notificación en el móvil dice mucho más de lo que parece. Un mensaje que aparece de repente, sin que nadie lo haya pedido, con un tono alarmista y una advertencia grandilocuente.

 

No llega desde un partido político ni desde una institución pública, sino desde una aplicación que millones de personas usan a diario para comunicarse.

 

Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando numerosos usuarios de Telegram recibieron un aviso directo del propio fundador de la plataforma, Pavel Durov, cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Y lo inquietante no fue solo el contenido del mensaje, sino el contexto en el que apareció y el eco que tuvo en pleno directo televisivo.

 

La escena se vivió en el programa Malas Lenguas, mientras Jesús Cintora conversaba con sus colaboradores. De pronto, la actualidad irrumpió en tiempo real. Telegram acababa de enviar un mensaje masivo a sus usuarios en España.

 

No era una actualización técnica, ni una mejora de servicio. Era un posicionamiento político explícito. Un aviso que hablaba de “regulaciones peligrosas”, de “amenazas a la libertad en internet” y de un supuesto “Estado de vigilancia” que, según el fundador de la aplicación, estaría impulsando el Ejecutivo español bajo el pretexto de proteger a los menores.

 

 

El mensaje no surgía de la nada. Llegaba apenas horas después de que el Gobierno anunciara su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

 

Una medida que, más allá del debate ideológico, ha abierto una grieta profunda entre los poderes públicos y los grandes dueños de las plataformas digitales. Primero fue Elon Musk, atacando de forma directa y agresiva a Pedro Sánchez desde X. Y ahora, Telegram, utilizando su propia infraestructura para enviar un aviso político a millones de usuarios.

 

En directo, Jesús Cintora reaccionaba con ironía. A él no le había llegado el mensaje. “Debe ser que no estoy en el radar de este jefazo de Telegram”, decía con sarcasmo.

 

Pero en la mesa del programa alguien confirmaba lo contrario. Sarah Santaolalla levantaba la mano. A ella sí le había llegado. Y poco después, Antón Losada lo corroboraba: también lo estaba leyendo en ese mismo momento.

 

Ese detalle, aparentemente anecdótico, encendió una conversación mucho más profunda. ¿Por qué una empresa privada decide enviar un mensaje político a sus usuarios? ¿Quién decide a quién le llega y a quién no? ¿Qué intereses hay detrás de esta reacción en cadena de Musk y Durov? Y, sobre todo, ¿qué es lo que realmente está en juego?

 

Jesús Cintora no tardó en lanzar una pulla que resonó con fuerza. “Eso es que te tienen fichado”, le dijo a Losada, ampliando el foco hacia un fenómeno cada vez más evidente: el alineamiento de determinadas plataformas digitales con discursos propios de la ultraderecha y su capacidad para influir, señalar o presionar desde una posición de poder casi incontestable.

 

 

 

La conversación dio entonces un giro clave. Porque más allá del ruido, de los insultos o de las advertencias apocalípticas, Antón Losada puso sobre la mesa lo que rara vez se dice de forma tan clara.

 

Lo que está en juego no es una cuestión abstracta de libertad de expresión. Lo que está en juego es dinero. Muchísimo dinero.

 

Los menores en internet no son solo usuarios. Son un mercado. Un negocio multimillonario. Un filón publicitario que las grandes plataformas explotan sin apenas regulación.

 

Losada fue directo: solo en Estados Unidos, las redes sociales ingresan más de 11.000 millones de dólares al año en publicidad dirigida a menores. Once mil millones. Una cifra que ayuda a entender por qué cada intento de regulación provoca reacciones tan virulentas por parte de los dueños de estas compañías.

 

La metáfora que utilizó fue tan sencilla como demoledora. Imaginemos una tienda que puede abrir cuando quiera, vender lo que quiera y no exigir ningún control sobre sus productos.

 

Da igual si están caducados, si son peligrosos o si perjudican a quien los consume. Todo son beneficios. Eso, según Losada, es lo que defienden Musk y el fundador de Telegram. Un negocio sin reglas, sin límites y sin responsabilidad.

 

Y es ahí donde el discurso de la “libertad” empieza a resquebrajarse. Porque no se trata de prohibir por prohibir. No se trata de censura ideológica.

 

Se trata de protección. De la misma forma que nadie cuestiona que los menores no puedan entrar en determinados locales, consumir ciertos productos o firmar contratos, cada vez resulta más evidente que el acceso ilimitado a plataformas digitales tampoco es inocuo.

 

Telegram, además, no es una aplicación cualquiera. Antón Losada recordó un dato que suele pasar desapercibido en el debate público. Esta plataforma ha estado a punto de ser prohibida en numerosos países.

 

¿El motivo? Su uso reiterado como refugio de actividades criminales. Iniciativas terroristas, redes de trata de personas, tráfico de drogas. Todo eso ha encontrado durante años un espacio cómodo en Telegram gracias a una política laxa, opaca y orientada al beneficio.

 

No se trata de acusaciones vagas. En varios países de la Unión Europea, en Estados Unidos y en regiones del sudeste asiático, las autoridades han puesto el foco en Telegram precisamente por esa falta de control. La plataforma solo empezó a modificar algunas de sus políticas cuando la presión fue insostenible. No por convicción ética, sino por supervivencia empresarial.

 

 

Por eso, cuando Pavel Durov habla de “libertades en peligro”, conviene preguntarse de qué libertades habla y para quién. Porque la libertad de negocio de una empresa no siempre coincide con la libertad ni con la seguridad de los ciudadanos. Y menos aún con la de los menores.

 

Elon Musk, por su parte, tampoco es un actor neutral en este escenario. Desde que tomó el control de X, la antigua Twitter, ha convertido la red social en un espacio donde la moderación de contenidos se ha relajado de forma drástica.

 

Discursos de odio, desinformación y ataques personales han encontrado cada vez menos barreras. Todo ello envuelto en una retórica de libertad absoluta que, en la práctica, beneficia sobre todo al propietario de la plataforma.

 

Antón Losada fue especialmente contundente al usar otra imagen muy gráfica. Musk, dijo, es como un carnicero que tiene una carnicería llamada X y vende lo que le da la gana. Carne en mal estado, productos sin etiquetar, sin controles sanitarios. Y cuando alguien plantea que quizá habría que poner normas, responde que están atacando su libertad.

 

Pero en cualquier sociedad democrática, la regulación existe precisamente para proteger al consumidor. Da igual si el gobierno es de derechas o de izquierdas. Proteger a los ciudadanos, y especialmente a los más vulnerables, es una obligación básica. Y los menores lo son.

 

La reacción coordinada de Musk y Durov no parece casual. Ambos comparten una visión del mundo donde el poder económico se sitúa por encima de los Estados.

Donde las plataformas se conciben como territorios propios, casi soberanos, ajenos a leyes nacionales. Y cuando un gobierno intenta poner límites, la respuesta es inmediata y agresiva.

 

El mensaje enviado por Telegram es especialmente preocupante porque utiliza la propia herramienta de comunicación para difundir una opinión política. No es un tuit que uno puede ignorar.

Es una notificación directa, que invade el espacio personal del usuario. Y eso plantea preguntas incómodas sobre el uso del poder tecnológico para influir en la opinión pública.

 

¿Hasta qué punto es legítimo que una empresa privada utilice su base de usuarios para presionar contra decisiones democráticas? ¿Qué pasaría si mañana un banco, una compañía eléctrica o una aseguradora enviara mensajes políticos masivos a sus clientes? La alarma sería inmediata. Pero con las redes sociales parece que todo vale.

 

El debate, como insistía Losada, no va de simpatías personales. No va de si Elon Musk cae bien o mal. No va de izquierdas o derechas. Va de un producto que no está regulado y que genera enormes beneficios a costa de la exposición constante de menores a contenidos que nadie controla de verdad.

 

Mientras tanto, el mensaje sigue ahí. Muchos usuarios lo leyeron sin saber muy bien qué pensar. Otros lo compartieron indignados.

Algunos lo aplaudieron. Pero lo que resulta evidente es que algo ha cambiado. Los dueños de las grandes plataformas ya no se limitan a opinar. Ahora utilizan sus propias infraestructuras para intervenir directamente en el debate político.

 

Y eso debería hacernos reflexionar. Porque cuando una notificación sustituye al debate parlamentario, cuando un multimillonario intenta imponer su agenda desde una aplicación, la pregunta ya no es si la regulación es necesaria. La pregunta es cuánto tiempo llevamos llegando tarde.

 

Proteger a los menores no es un capricho. No es una excusa. Es una responsabilidad. Y quizá por eso la reacción ha sido tan virulenta. Porque tocar ese negocio multimillonario duele. Porque poner límites siempre incomoda a quien se ha acostumbrado a no tenerlos.

 

La conversación que se abrió en Malas Lenguas no fue solo un momento televisivo. Fue el reflejo de un choque mucho más profundo entre democracia y poder tecnológico.

Un choque que apenas empieza y que va a marcar el futuro de internet, de la política y, sobre todo, de quienes hoy crecen frente a una pantalla sin red de seguridad.