Óscar Puente DESFALLECE! No PUEDE MÁS al SACARLE el DOLOR Adamuz y SE ROMPE quedando ENCIMA de MESA.

 

 

El silencio en la sala no llegó de golpe. Fue un silencio espeso, cargado, de esos que no se imponen con una campanilla ni con una llamada al orden, sino que nacen cuando alguien dice en voz alta lo que muchos piensan y pocos se atreven a formular. “No es resistir. No es decir que uno va a dimitir.

 

Es marcharse”. En ese instante, la comisión dejó de ser un trámite parlamentario más y se convirtió en un retrato incómodo del estado real de la política española.

 

No era una intervención cualquiera. No sonaba a discurso preparado para redes sociales ni a frase diseñada para un corte de vídeo. Sonaba a hartazgo.

 

A indignación acumulada durante años de averías, retrasos, advertencias ignoradas y tragedias que, según se repitió una y otra vez, se podían haber evitado.

 

El ferrocarril español, símbolo histórico de modernidad y vertebración del territorio, aparecía de repente desnudo, vulnerable, sostenido más por el relato político que por la seguridad real de sus infraestructuras.

 

Cuando se habla de trenes, demasiadas veces se hace desde la abstracción. Minutos de retraso, incidencias técnicas, problemas puntuales.

 

Pero en esa comparecencia se rompió el marco habitual. Se habló de muertos. De heridos.

 

De familias que no quieren compartir ni espacio ni tiempo con quienes consideran responsables directos de lo ocurrido. Y cuando se llega a ese punto, el debate deja de ser técnico y se convierte en moral.

 

La acusación fue directa y sin rodeos: omisión. Omisión por no actuar a tiempo. Omisión por desatender advertencias.

 

Omisión por no poner los medios necesarios. Omisión por mentir, según se dijo, para tapar vergüenzas.

 

Palabras duras, sí, pero que resonaron con fuerza porque conectan con una sensación extendida entre miles de usuarios del tren en España: la de que el sistema funciona al límite, parcheado, sostenido por profesionales exhaustos y decisiones que llegan siempre tarde.

 

Durante años se ha repetido que no hay dinero para todo. Que no se puede invertir al mismo tiempo en alta velocidad, cercanías y red convencional.

 

Que la cuadratura del círculo es imposible. Pero en esa sala alguien verbalizó una pregunta que muchos ciudadanos se hacen desde hace tiempo y que rara vez encuentra respuesta convincente: si no hay recursos suficientes para garantizar la seguridad y la fiabilidad del tren en España, ¿por qué sí los hay para conceder créditos a otros países para construir sus metros o sus líneas ferroviarias con empresas españolas?

 

 

No era una crítica a la internacionalización ni al prestigio de la ingeniería española. Era una cuestión de prioridades.

 

De explicar por qué mientras se financian proyectos en Egipto o Marruecos, los usuarios de Rodalies en Cataluña, los viajeros de Andalucía o los pasajeros de líneas clave como Madrid-Barcelona sufren incidencias diarias que se han normalizado hasta el punto de parecer inevitables.

 

 

La palabra “normalización” sobrevoló toda la comparecencia, aunque no siempre se pronunciara. Normalizar las averías.

 

Normalizar las limitaciones temporales de velocidad que llevan años vigentes. Normalizar que maquinistas adviertan de problemas en la red y no pase nada.

 

Normalizar que las inspecciones no aumenten pese a la liberalización del sistema y al incremento de la presión sobre las infraestructuras. Normalizar, en definitiva, que la seguridad dependa de la suerte.

 

Ese fue quizá uno de los momentos más duros del debate. Escuchar que la seguridad ferroviaria no puede quedar al albur de la suerte y, al mismo tiempo, ver cómo se esquivaban respuestas concretas.

 

Porque, según se denunció, de 19 preguntas formuladas, no se respondió a ninguna. Ni una. Y esa ausencia de respuestas no es solo un problema político: es una herida abierta para las familias que buscan explicaciones y no consignas.

 

La intervención desmontó también el recurso habitual a la herencia recibida. Cuando se habla de décadas pasadas, de gobiernos anteriores, de decisiones que vienen de lejos.

 

Porque, como se recordó, hay informes que identifican riesgos claros desde hace años. Soldaduras problemáticas, puntos críticos en la red, avisos documentados. Si el riesgo está identificado, no es extraño. Y si no es extraño, no puede presentarse como un accidente imprevisible.

 

En ese punto, el debate entró en un terreno especialmente delicado: el del relato frente a los hechos. Se denunció que la Dirección General de Seguridad pasara a depender del departamento de comunicación.

 

Seguridad bajo comunicación. Seguridad bajo relato. Una frase que, más allá de su carga política, resume una sospecha que flota en el ambiente: la de que gestionar la percepción pública ha pasado a ser más importante que corregir los fallos estructurales.

 

 

Se habló de cámaras que no aparecen, de imágenes que no se muestran, de exploradoras que deberían haber pasado por determinados puntos y de las que no se dan detalles claros.

 

Se habló de informes de riesgos, de nombramientos clave y de si existieron evaluaciones previas favorables o no. Cada silencio, cada evasiva, alimentaba una sensación de opacidad que contrasta con la gravedad de lo ocurrido.

 

El argumento de los bulos también fue puesto en cuestión. Porque cuando se acusa a la oposición de difundir mentiras, pero solo se señala un caso concreto que ni siquiera es falso, el discurso se debilita.

 

Más aún cuando existen grabaciones, informes técnicos y advertencias previas que respaldan muchas de las críticas formuladas. Los hechos, se insistió, no son ideología. Son exactamente lo que han padecido las familias.

 

Y es ahí donde la comparecencia dejó de ser un enfrentamiento entre partidos para convertirse en una interpelación directa al conjunto del sistema político.

 

¿Qué ocurre cuando un ministro afirma que lo ha hecho todo bien mientras las víctimas sienten que nadie asume responsabilidades reales? ¿Qué mensaje se envía cuando se considera suficiente “resistir” en el cargo, en lugar de asumir las consecuencias de los errores?

 

La dimisión, en este contexto, no se planteó como un gesto simbólico ni como una victoria política del adversario.

 

Se planteó como un acto de coherencia. Como la única respuesta posible cuando se ha fallado en algo tan básico como garantizar la seguridad.

 

Porque, como se recordó, en otros países problemas similares se detectaron antes y no hubo muertos. Y esa comparación pesa como una losa.

 

La intervención finalizó con una frase que resume el clima que se respiraba: la seguridad no es una cuestión de mala suerte. Es una obligación.

 

Una responsabilidad directa. Y cuando esa responsabilidad se elude, la confianza de la ciudadanía se rompe. No solo en un ministro concreto, sino en la capacidad del Estado para proteger a quienes utilizan un servicio público esencial.

 

Fuera de la sala, mientras el turno de intervenciones se cerraba y las cámaras se apagaban, quedaba una sensación difícil de ignorar.

 

La de que el debate no había terminado. La de que, más allá de las siglas, existe un malestar profundo entre millones de personas que dependen del tren para trabajar, estudiar o volver a casa.

 

Personas que no piden discursos brillantes ni enfrentamientos teatrales, sino trenes seguros, puntuales y dignos.

 

Este episodio no es uno más en la crónica parlamentaria. Es un síntoma. El síntoma de un modelo de gestión tensionado, de infraestructuras envejecidas y de una política que, en demasiadas ocasiones, reacciona cuando ya es demasiado tarde. Ignorarlo sería un error. Minimizarlo, una irresponsabilidad.

 

Porque cada día que pasa sin respuestas claras, sin asumir errores y sin tomar decisiones valientes, la pregunta sigue ahí, flotando, incómoda: ¿cuántas advertencias más harán falta para que alguien se marche de verdad? ¿Cuántas familias tendrán que alzar la voz para que la seguridad deje de ser un eslogan y se convierta en una prioridad real?

 

 

La sociedad observa. Y cuando observa en silencio, conviene no confundirlo con indiferencia. A veces es solo el preludio de una exigencia mucho mayor: la de que, por una vez, alguien asuma de verdad las consecuencias de gobernar.