⚠️ALERTA ROJA⚠️PEDRO SÁNCHEZ COMPARECE DESQUICIADO Y ANUNCIA LO MÁS TERRIBLE: EL CONTROL DE LAS RRSS.

 

 

 

 

 

Hay días en los que la política deja de parecer una sucesión de titulares previsibles y se convierte en un relato inquietante, casi cinematográfico.

 

Días en los que una comparecencia, un anuncio internacional o una cifra aparentemente técnica destapan una sensación más profunda: la de que algo se está tensando peligrosamente entre el poder y la ciudadanía.

 

En las últimas horas, esa sensación ha vuelto a instalarse con fuerza en el debate público español, alimentada por una mezcla explosiva de datos económicos, anuncios gubernamentales sobre el control de las redes sociales y un clima de desconfianza que no deja de crecer.

 

 

El contexto no es menor. España ha conocido recientemente unos datos de empleo que, leídos más allá del titular oficial, han provocado una oleada de inquietud.

 

Mientras el Gobierno insiste en una narrativa de estabilidad, distintos analistas y voces críticas señalan una caída muy significativa en el número de cotizantes a la Seguridad Social.

 

Para muchos ciudadanos, que viven en primera persona la precariedad, los contratos intermitentes y la necesidad de encadenar varios trabajos para llegar a fin de mes, estas cifras no son un debate estadístico: son su realidad cotidiana.

 

 

En paralelo a este escenario económico, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aparecido en foros internacionales anunciando una batería de medidas destinadas, según el discurso oficial, a combatir el odio, la desinformación y los abusos en las plataformas digitales.

 

Un mensaje que, sobre el papel, podría parecer razonable en una sociedad preocupada por la protección de los menores y la convivencia democrática.

 

Sin embargo, la forma, el momento y el contenido concreto de esas propuestas han despertado sospechas y un intenso debate social.

 

 

La primera de esas medidas, la restricción del acceso a redes sociales para menores de 16 años, ha copado titulares y debates televisivos.

 

No pocos padres y expertos en educación reconocen que el uso de internet por parte de niños y adolescentes plantea retos evidentes.

 

Pero otros recuerdan que ya existen mecanismos de control parental y regulaciones internas en muchas plataformas.

 

La pregunta que se repite es si esta propuesta responde realmente a una preocupación por la infancia o si es, como denuncian algunos, una cortina de humo que oculta un objetivo más amplio: limitar el acceso a la información y reforzar un control político sobre el espacio digital.

 

 

A partir de ahí, el discurso se vuelve más espeso y polémico. El Gobierno ha planteado la posibilidad de modificar la legislación para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser responsables penalmente si no retiran contenidos considerados ilegales o de odio.

 

La clave, según juristas y expertos en libertad de expresión, está en una palabra: quién decide qué es odio y qué no lo es.

 

Porque en un sistema democrático sano, esa definición no puede depender de criterios políticos ni de interpretaciones interesadas del poder de turno.

 

 

La inquietud aumenta cuando se habla de sanciones, de multas millonarias y de la posibilidad de intervenir en los algoritmos que rigen la visibilidad de los contenidos.

 

Técnicamente, los algoritmos son sistemas complejos, en constante evolución, diseñados por empresas privadas con criterios propios.

 

La idea de que un gobierno pueda fiscalizar o penalizar la forma en que esos algoritmos funcionan despierta no pocas alarmas.

 

No solo por su viabilidad técnica, sino por el precedente que podría sentar en términos de censura indirecta.

 

Uno de los puntos que más controversia ha generado es el anuncio de una supuesta “huella de odio y polarización”.

 

Según lo expuesto, se trataría de una herramienta para medir, cuantificar y seguir la difusión de mensajes considerados dañinos en las redes.

 

De nuevo, la pregunta clave es quién controla el medidor y con qué garantías. Para muchos ciudadanos, acostumbrados a ver cómo se etiqueta como “bulo” o “odio” cualquier crítica incómoda al poder, esta propuesta suena menos a protección y más a vigilancia.

 

El propio presidente ha llegado a afirmar que las redes sociales se han convertido en una especie de “estado fallido” donde se toleran delitos y se ignoran las leyes.

 

Una afirmación fuerte que contrasta con la realidad de millones de usuarios que utilizan esas plataformas para informarse, debatir, denunciar abusos o simplemente expresarse al margen de los grandes medios tradicionales.

 

Medios que, no lo olvidemos, reciben importantes cantidades de dinero público en forma de subvenciones y publicidad institucional.

 

 

En este punto, la comparación resulta inevitable. Mientras se habla de controlar redes sociales, apenas se menciona el papel de ciertas televisiones y medios tradicionales en la difusión de mensajes partidistas, medias verdades o silencios estratégicos.

 

Para muchos críticos, el problema no es internet en sí, sino el hecho de que haya roto el monopolio del relato. Que cualquier ciudadano, con un móvil y una conexión, pueda cuestionar la versión oficial.

 

Todo esto sucede, además, en un momento de especial debilidad política para el Gobierno. Los escándalos que afectan al entorno personal y político del presidente, las investigaciones judiciales en curso y las tensiones internas dentro de la coalición han erosionado su imagen.

 

En este contexto, no son pocos los que interpretan estas medidas como una reacción defensiva, un intento de levantar muros informativos ante una avalancha de noticias incómodas.

 

La palabra “pánico” se ha instalado en el discurso de algunos analistas y creadores de contenido. No como un insulto gratuito, sino como una descripción de un estilo de gobierno que parece cada vez más reactivo.

 

Anuncios grandilocuentes, viajes internacionales con mensajes contundentes, apelaciones constantes a enemigos difusos como la “internacional ultraderechista” o la “máquina del fango”. Todo ello configura un relato de confrontación permanente que, lejos de calmar, alimenta la polarización.

 

 

Mientras tanto, la ciudadanía asiste con una mezcla de cansancio y desconfianza. Porque más allá de las grandes palabras, los problemas cotidianos siguen ahí: el precio de la vivienda, la dificultad para encontrar empleo estable, la presión fiscal, la sensación de que las instituciones funcionan a distintas velocidades según quién esté en el punto de mira. Y en ese contexto, cualquier intento de controlar la conversación pública se percibe como una amenaza directa.

 

 

No se trata de negar que existan problemas reales en las redes sociales. El acoso, la desinformación y los discursos extremistas son fenómenos que deben abordarse con seriedad. Pero hacerlo exige transparencia, consenso y garantías democráticas.

 

No anuncios unilaterales ni medidas ambiguas que pueden convertirse en herramientas de represión simbólica.

 

Por eso, cada vez más voces reclaman una defensa activa de la libertad digital. Una ciudadanía informada, crítica y consciente de sus derechos es el mejor antídoto contra cualquier deriva autoritaria, venga de donde venga.

 

La privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información no son privilegios: son pilares básicos de una democracia real.

 

En este escenario, el debate no debería reducirse a bandos ni a etiquetas ideológicas. Debería centrarse en una pregunta fundamental: qué tipo de sociedad queremos ser.

 

Una en la que el poder decide qué se puede decir y qué no, o una en la que los ciudadanos, con responsabilidad y espíritu crítico, participan libremente en el espacio público.

 

El momento actual exige atención, reflexión y participación. No basta con consumir titulares o indignarse en silencio. Informarse, contrastar fuentes, debatir con respeto y exigir explicaciones claras a quienes gobiernan es más necesario que nunca. Porque cuando el control avanza disfrazado de protección, la vigilancia suele llegar antes que las soluciones.

 

 

Lo que está en juego no es solo una ley, una medida o un anuncio concreto. Es el equilibrio entre seguridad y libertad, entre poder y ciudadanía.

 

Y ese equilibrio, una vez roto, no se recupera fácilmente. Por eso, ahora más que nunca, conviene mirar más allá del ruido, leer entre líneas y no renunciar al derecho a pensar por uno mismo.

 

Porque la democracia no se defiende sola: la defienden quienes se atreven a cuestionar, a informarse y a no aceptar verdades impuestas.