BOMBAZO FISCAL GENERAL “PERIODISTA RETA AL TRIBUNAL SUPREMO DENUNCIA FALSO TESTIMONIO”.

 

 

 

 

 

 

 

 

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos ha generado una profunda controversia jurídica y mediática, dejando al descubierto las tensiones internas que atraviesan las más altas instituciones judiciales en España.

 

 

 

El caso, marcado por la filtración de unos correos electrónicos y la implicación indirecta de periodistas como Miguel Ángel Campos, ha puesto en cuestión no solo la calidad técnica de la resolución judicial, sino también el respeto a los derechos fundamentales y la salud democrática del sistema judicial español.

 

 

 

Miguel Ángel Campos, periodista especializado en tribunales y protagonista involuntario de la trama, ha expresado públicamente su sorpresa ante una sentencia que, según su valoración, se caracteriza por una “escasa calidad jurídica” y por la aplicación del llamado “derecho penal del enemigo”.

 

 

 

 

Campos denuncia que todas las inferencias y deducciones del fallo se realizan en contra del reo, en este caso García Ortiz, y que la ausencia de pruebas directas se convierte, paradójicamente, en prueba de cargo.

 

 

Esta inversión de la lógica procesal, donde la falta de evidencia se interpreta como elemento incriminatorio, supone un grave riesgo para la presunción de inocencia, uno de los pilares del Estado de derecho.

 

 

 

El núcleo fáctico de la sentencia se centra en una llamada telefónica de apenas cuatro segundos entre Campos y García Ortiz, en la que, según el Supremo, se habría producido la filtración de la información confidencial.

 

 

 

El periodista explica que la llamada no fue atendida y que simplemente saltó el buzón de voz, lo que hace imposible que en ese breve lapso se transmitiera información relevante.

 

 

 

Sin embargo, el tribunal sugiere que esos cuatro segundos pudieron ser el momento de contacto para facilitar la información por otras vías, como WhatsApp, aunque nunca se solicitó al periodista mostrar sus conversaciones con el ex fiscal general.

 

 

Campos sostiene que, de haberlo hecho, la tesis acusatoria se habría desmoronado, insinuando que el relato judicial estaba ya preescrito y que no había interés real en esclarecer los hechos.

 

 

 

La sentencia también ignora la posibilidad de acusar a Campos de falso testimonio, una obligación legal si el tribunal considerase que mintió bajo juramento.

 

 

El periodista desafía abiertamente al Supremo a incoar ese procedimiento, convencido de que ningún juez independiente podría condenar a los periodistas que testificaron, lo que evidenciaría la veracidad de sus declaraciones y, por ende, la debilidad de la sentencia condenatoria.

 

 

 

 

Otro aspecto llamativo del fallo es la disparidad en la valoración de los testimonios. Mientras que la declaración de la fiscal Almudena Alastra recibe credibilidad absoluta, los testimonios de los periodistas son desvirtuados y se pone en cuestión el derecho al secreto profesional, fundamental para la protección de las fuentes y el ejercicio libre del periodismo.

 

 

 

Campos advierte del peligro que supone esta decisión para los derechos de los ciudadanos y para la función social de la prensa, que queda expuesta a la arbitrariedad judicial y a la erosión de sus garantías constitucionales.

 

 

 

La sentencia del Supremo, dividida por un ajustado margen de cinco votos a favor y dos en contra, refleja una profunda fractura interna en la sala penal.

 

 

 

Los votos particulares de las magistradas discrepantes denuncian que el fallo se basa en sospechas y en una inferencia excesivamente abierta, lo que constituye una vulneración de la presunción de inocencia.

 

 

 

Además, sostienen que la nota informativa publicada por la Fiscalía General del Estado, considerada constitutiva de delito por la mayoría, no revelaba información desconocida para la opinión pública, sino que simplemente desmentía un bulo difundido por el aparato político.

 

 

 

Esta división en el seno del Supremo ha tenido un impacto negativo en la imagen tanto de la Fiscalía General del Estado como del propio tribunal.

 

 

 

La actual fiscal general ha admitido el daño causado y se ha comprometido a trabajar para sanar las heridas y recuperar la confianza en la institución.

 

 

Por su parte, el Supremo aparece ante la opinión pública como una institución dividida y sometida a la crítica, especialmente por la disparidad en la valoración de los hechos y la interpretación jurídica de la nota informativa.

 

 

 

La sentencia introduce además un concepto jurídico controvertido: la autoría mediata en estructuras jerárquicas.

 

 

Según esta doctrina, no es necesario que exista un acuerdo expreso entre las partes, sino que basta con que, dentro de una estructura jerárquica, el superior sea considerado responsable de las acciones de sus subordinados.

 

 

 

En el caso de García Ortiz, el Supremo concluye que el delito fue cometido por él o por una persona de su entorno con su consentimiento, aunque no se acredita ni la existencia de una orden, ni de un acuerdo, ni se identifica al autor material de la filtración.

 

 

Esta ampliación de la jurisprudencia, que ya era extensiva, lleva el concepto de responsabilidad jerárquica a un nivel superior, aumentando el margen de discrecionalidad judicial y reduciendo las garantías procesales del acusado.

 

 

 

 

El caso García Ortiz ha tenido además consecuencias políticas, con la posible utilización de la sentencia por parte de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, para intentar librarse de la causa abierta por fraude fiscal y falsedad documental.

 

 

Sin embargo, el propio Supremo descarta en su resolución que los magistrados encargados de juzgar esa causa puedan verse influidos por la revelación de secretos, confiando en su profesionalidad y en la independencia judicial.

 

 

 

La polémica sentencia pone de manifiesto la necesidad de reflexionar sobre el funcionamiento de las instituciones judiciales y sobre el respeto a los derechos fundamentales en el proceso penal.

 

 

La presunción de inocencia, el secreto profesional de los periodistas y la exigencia de pruebas directas son elementos esenciales para garantizar la justicia y la equidad en los procedimientos.

 

 

La inversión de la carga de la prueba y la ampliación de la responsabilidad jerárquica sin base fáctica suficiente suponen un grave riesgo para la seguridad jurídica y para la confianza ciudadana en el sistema judicial.

 

 

La fractura interna en el Tribunal Supremo y el deterioro de la imagen de la Fiscalía General del Estado son síntomas de una crisis más profunda, que afecta a la legitimidad de las instituciones y a la calidad democrática del país.

 

 

La transparencia, el rigor y el respeto a los derechos fundamentales deben ser los principios rectores de la justicia, especialmente en casos de alta relevancia pública y política.

 

 

En última instancia, el caso García Ortiz es un recordatorio de la importancia de preservar la independencia judicial y el pluralismo informativo frente a las presiones políticas y mediáticas.

 

 

 

Los periodistas, como Miguel Ángel Campos, desempeñan un papel esencial en la búsqueda de la verdad y en la defensa de los derechos ciudadanos, y deben contar con las garantías necesarias para ejercer su labor sin miedo a represalias o arbitrariedades.

 

 

La justicia, para ser verdaderamente justa, debe basarse en pruebas sólidas, en el respeto a la presunción de inocencia y en la protección de los derechos fundamentales de todas las partes implicadas.

 

 

El desenlace de este caso, pendiente aún de la resolución de los recursos y de la posible nulidad de la sentencia, será determinante para el futuro de la Fiscalía General del Estado y para la credibilidad del Tribunal Supremo.

 

 

 

La sociedad española observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, consciente de que la fortaleza de las instituciones depende de su capacidad para actuar con transparencia, independencia y respeto a la ley.

 

 

La sentencia contra García Ortiz, lejos de cerrar el debate, lo abre a una reflexión profunda sobre el estado de la justicia y sobre los valores que deben guiar el funcionamiento del Estado de derecho en España.